La financiación autonómica y algo más

En ausencia de Pedro Sánchez, que visita cada vez menos el parlamento, la hiperactiva vicepresidenta primera del Gobierno acudió al Congreso para explicar el pacto fiscal firmado en Cataluña. María Jesús Montero dirigió su intervención inicial de principio a fin contra el PP, cuyo grupo parlamentario había solicitado la comparecencia. Justificó su reproche con los repetidos argumentos de que basta la literalidad del texto para entender en qué consiste el acuerdo firmado y que todas las comunidades autónomas podrán tener una financiación singular, con la garantía de que será más favorable que la actual. Puso especial énfasis en afear al PP el perjuicio causado a las haciendas autonómicas al oponerse al techo de gasto propuesto por el Gobierno y en denunciar su falta de criterio en la materia, sus contradicciones y las discrepancias entre sus líderes territoriales.

Los grupos adoptaron diferentes posiciones. Unos rechazaron de plano las explicaciones de la ministra de Hacienda y el pacto, por lo que consideran la concesión a Cataluña de un privilegio inaceptable. Otros reservaron su opinión a la espera de que se concreten los términos y las cifras del acuerdo. Y en medio, los portavoces de ERC y Junts protagonizaron un enfrentamiento, sin gesticular, pero muy duro en el fondo, de gran interés político. Rufián acusó a Junts de despreciar el pacto por despecho y Josep María Cruset le respondió que el acuerdo ocultaba un engaño a los catalanes y, tras requerir sin éxito a la ministra para que respondiera con un sí o un no a sus preguntas, advirtió de nuevo que Junts no forma parte de ningún bloque.

La sesión del Congreso deja traslucir la situación política del país. La precariedad de los apoyos parlamentarios del Gobierno salta a la vista. Que se confíe a la aprobación de los Presupuestos del próximo ejercicio su mera supervivencia hasta la culminación de la legislatura, sin más ambición que esa, es todo un síntoma. Necesita todos los votos que posibilitaron la investidura de Pedro Sánchez, pero no los tiene asegurados y se ve obligado a abrir otra negociación, de enorme dificultad por las pésimas relaciones entre ERC y Junts, que no hacen más que enconarse desde la elección de Illa, como era previsible. La ruptura interna del independentismo remató el procés, pero con los resultados de las elecciones generales se ha convertido en un serio problema para la estabilidad del Gobierno. El tono del diputado Cruset delata que Junts tiene la intención de utilizar los escaños que ocupa en el Congreso para hacer frente a la entente del PSOE con ERC.

El Gobierno ha paralizado la iniciativa parlamentaria, mientras negocia y se resuelven los congresos de los nacionalistas catalanes. La prensa especula con una invitación de Puigdemont a Pedro Sánchez para que se someta a una cuestión de confianza y le visite en Bruselas, pasos que le permitirían a él poner más condiciones a cambio de sus votos y desplazar a ERC en el trato de favor del Gobierno. Los datos de la economía dan un respiro, pero la coalición está rodeada por incógnitas que no se atreve a despejar. La ministra de Hacienda ha ido al Congreso a rendir cuentas de un pacto firmado por ERC y el PSC para formar el gobierno autonómico de Cataluña, lo que constituye una anomalía institucional de envergadura.

Montero reclama al PP una propuesta de financiación autonómica, pero tan pronto le plancha al pacto catalán una etiqueta como se la quita, y no especifica la fórmula del Gobierno, a pesar de las insistentes peticiones para que lo haga y facilite un debate y un pronunciamiento. Del pacto ha dicho, en distintas ocasiones, que es transparente y no necesita precisión alguna, que establece una particularidad lógica, de la misma manera que cabe reconocer otras, que es un concierto solidario y profundiza en el autogobierno o que es imposible de definir y nombrar porque su contenido es inédito. Cuando se piden detalles, ella e Illa guardan silencio, como si no supieran lo que se ha firmado. Cierto es que ERC presentó el acuerdo con la satisfacción de haber conseguido la llave de la caja y sacar a Cataluña del régimen común, lo que supone un avance decisivo hacia la independencia, y poco a poco ha ido bajando el volumen. Así pues, es comprensible el nerviosismo de los presidentes autonómicos y que, ante la confusión creada, lancen sin parar avisos preventivos en defensa de los intereses de su Autonomía.