Política al ralentí

Han transcurrido catorce meses desde las elecciones generales y diez desde la investidura de Pedro Sánchez. En política, un año es mucho o poco tiempo, según se mire y en relación con qué asunto. Los ejecutivos que se forman con el apoyo de una nueva mayoría procuran aprovechar el respaldo que acaban de obtener en las urnas para impulsar las medidas prioritarias propuestas en su programa, sobre todo las que pueden provocar mayor rechazo, antes de sufrir el lógico desgaste que acarrea por lo general la acción de gobierno. En el caso de la coalición de izquierdas, sucede que es el producto forzado de pactos imprudentes y al dar los primeros pasos se ha topado con circunstancias adversas. Todas ellas estaban previstas, la fuerza política del PP, consecuencia de las diversas elecciones celebradas, y la situación de Puigdemont, tanto por lo que se refiere a la aplicación de la amnistía como a su pretensión frustrada de ser otra vez presidente de la Generalitat. El gobierno de Pedro Sánchez se encuentra ahora sin posibilidad de actuar, ante el riesgo de ver rechazadas sus iniciativas, y en una posición más débil para negociar, como está haciendo, la recuperación del apoyo perdido de Junts. En conclusión, la inmigración, el fortalecimiento de la democracia, la elaboración de los presupuestos, en suma, el plan del Gobierno, están en punto muerto. La política apenas ofrece resultados tangibles.

Y es difícil anticipar lo que pasará después del otoño, cuando se hayan clausurado los congresos de los partidos. Mientras, Pedro Sánchez ha iniciado la anunciada ronda de conversaciones con los presidentes de las Comunidades Autónomas. El próximo viernes recibirá en Moncloa a los de Cantabria, La Rioja y Asturias. Al término de las primeras reuniones, el ministro de Política Territorial expresó la satisfacción del Gobierno, informó de los traspasos, transferencias e inversiones ejecutadas en los últimos años en cada Autonomía y mostró su buena disposición para estudiar las demandas planteadas. La versión de los mandatarios autonómicos fue otra bien distinta. El lendakari se marchó con el compromiso del traspaso pendiente de varias competencias, manifestando su respeto al pacto fiscal catalán, no sin advertir que el sistema vasco es intocable. Los presidentes gallego y andaluz, que portaban un documento con sus peticiones, por el contrario se extendieron en quejas. Manifestaron con claridad su decepción con la ausencia de explicaciones, la falta de concreción y la actitud del Presidente. Moreno Bonilla admitió que se iba con las manos vacías.

Para los presidentes del PP el primer tema a tratar con el Gobierno es la financiación autonómica. Quieren que se incluya en el orden del día de la Conferencia de Presidentes y que esta se reúna sin más dilación. El PP incluso ha presentado una solicitud para que sea así ante el Tribunal Supremo. El Gobierno ha comunicado que la comisión encargada de los preparativos convocará la Conferencia en fecha cercana, pero es partidario de abordar la cuestión en el Consejo de Política fiscal y Financiera. No obstante, el Reglamento de la Conferencia reconoce a los presidentes autonómicos y al Senado la facultad de incorporar temas al orden del día. De todas maneras, la adopción de acuerdos y recomendaciones requieren al menos un pacto entre el Gobierno y el PP, que se antoja muy improbable.

Poco antes de que Pedro Sánchez iniciara su ronda, Salvador Illa proclamaba su intención de visitar regularmente todas las comunidades autónomas con el ánimo de hacer una España mejor. Es una buena idea. El contacto entre las autonomías debería ser habitual. También sería beneficioso que los presidentes de otras comunidades visitaran de vez en cuando Cataluña. Pero, entonces, ¿por qué ha firmado un pacto fiscal para Cataluña que compromete gravemente la financiación del resto, con el aval del gobierno español, y no ha promovido un acuerdo de todas las autonomías? En el Plan de Acción por la Democracia que ha presentado el Gobierno no figura ninguna reforma para convertir el Senado en una cámara auténtica de representación territorial, que es la función que le asigna la Constitución. La renovación del sistema de financiación autonómica es una excelente oportunidad para ensayar el espíritu federal que predica el presidente del Gobierno y que inspira, en su concepción, al estado autonómico. Dicho esto, ¿cuál es el objetivo de las reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos? ¿Distraer, sondear, dividir, acaso justificar el pacto por la presidencia de la Generalitat?

La legislatura avanza hacia un bloqueo por obra y gracia de Junts, pero bajo la responsabilidad de Pedro Sánchez, que atrapado en su enredo de pactos desatinados no quiere ni puede contar con la ayuda del PP.