El Plan de Acción Democrática y el Estado de Derecho

Esta semana Consejo de Ministros ha aprobado el plan de regeneración democrática al que se comprometió el presidente del gobierno tras su retiro del mes de abril. La oportunidad de la propuesta se enmarca en las recomendaciones de la Comisión Europea recogidas en el Plan de Acción para la Democracia Europea aprobado en 2020 y ampliado en 2023, recomendaciones todas ellas que tratan de incentivar acciones que garanticen la celebración de elecciones libres y justas, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y la lucha contra la manipulación y la injerencia extranjera.

De acuerdo con esta perspectiva, el plan estatal, que adopta el mismo nombre, se propone actuar en tres ámbitos: en el poder ejecutivo, en el legislativo y en los medios de comunicación. Todo ello se plasma en 31 medidas, algunas de ellas con un elevado nivel de inconcreción a la espera de dotarlas de contenido en la tramitación parlamentaria y recabar los apoyos necesarios para su aprobación. Otras en cambio, las relacionadas con los medios de comunicación, se describen minuciosamente. No en vano ha sido el cuestionado papel de algunos medios en relación a las informaciones respecto a las actividades profesionales de la esposa del presidente lo que ha motivado la puesta en marcha de este plan y no precisamente las recomendaciones europeas.

En este ámbito, que según se afirma se pretende reforzar la libertad de expresión y garantizar el derecho a la información, entre otras medidas, se propone la creación de un registro de medios que aporte información sobre su propiedad y las inversiones que reciben, el establecimiento del deber de publicar la inversión en publicidad por parte de las administraciones, se plantea la reforma de la ley de publicidad institucional y se dispone limitar la financiación de las administraciones a los medios al tiempo que se prevé revisar el marco regulatorio para evitar la concentración de los mismos. Con todo ello, en cierta medida, se asume que algunos medios actúan como actores políticos , se les trata como tales y se les exige, como sucede con los partidos políticos que sean transparentes con sus fuentes de financiación porque se presume que con ello se podrá discernir a qué intereses responden. 

Pero es que a su vez el plan proyecta la aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de información, se propone la creación de una comisión parlamentaria sobre desinformación, se plantea la mejora de los mecanismos para lograr la rectificación y la indemnización en caso de noticias falsas o tendenciosas a la vez que se propone la reforma del Código penal para reforzar la libertad de expresión u la creación artística cuando afecte a instituciones del estado o afecte a los sentimientos religiosos. No obstante, en gran medida esto es matar moscas a cañonazos porque muchas de esas prácticas nocivas de desinformación no proceden ni de los medios ni de los llamados pseudomedios sino que se expresan en las redes sin que aparentemente haya ni mucha voluntad ni mucha capacidad de intervención por parte de los poderes públicos a riesgo de limitar la libertad de expresión.

La casualidad ha querido que el plan del gobierno haya sido presentado pocos días después de que la Fundación Hay Derecho haya hecho público su informe Estado de Derecho 2024 en el que evalúa los problemas del Estado de Derecho en España durante el período 2022-2024. En él se reafirma, tal y como recogen diversos informes internacionales, que España es una democracia plena pero que como la mayoría de ellas no está exenta de problemas que afectan a los distintos poderes del estado y que la acaban erosionando. En el ámbito del poder legislativo se denuncia la deficiente planificación y calidad normativa así como abuso del decreto-ley como instrumento legislativo por parte del gobierno y la dejación de responsabilidades en la presentación y aprobación de los presupuestos generales del Estado. A su vez se es muy crítico con las injerencias del poder político en el Poder Judicial así como con la politización del Tribunal Constitucional y de diversos órganos constitucionales de garantía, reguladores agencias independientes y de los medios de comunicación públicos. Sin embargo, llama la atención que ninguna de estas disfunciones, muchas de ellas provocadas por el propio poder ejecutivo, merecen atención en el Plan de Acción Democrática.

Por ello, esta iniciativa, no puede ser considerada merecedora de ese nombre. Más que velar por el buen funcionamiento de la democracia en España y por la buena salud del Estado de Derecho para lo cual el desempeño institucional es muy relevante, parece más bien concebida única y exclusivamente para fiscalizar a los medios de comunicación, olvidando que lo propio de un sistema democrático es que suceda a la inversa y que sean los medios los que fiscalicen al poder político.