Retomar la agenda reformista

Uno de los aspectos más destacados que trajo consigo la oleada de nuevos partidos que emergió a partir del ciclo electoral 2014-2015, con permiso de UpyD que ya lo había hecho antes, y como suele ser habitual en este tipo de formaciones que impugnan el status quo, fue que incorporaron a la agenda política un amplio abanico de propuestas de cambio. Cada uno de ellos desde su particular perspectiva ideológica pretendía corregir algunas de las disfunciones y déficits que se habían ido acumulando en nuestro sistema político después de cerca de 40 años de vida democrática y de los que en gran medida culpaban a los viejos partidos afectados casi todos ellos por escándalos de corrupción, hasta el punto que tanto la corrupción misma como los propios partidos políticos acabaron siendo señalados por los ciudadanos, y así lo recogía el CIS barómetro tras barómetro, como algunos de los principales problemas de los españoles.

Podemos, desde una planteamiento inicial con claros tintes populistas y haciéndose eco de unos de los lemas del 15M, No nos representan, se proponía dar voz a los que se sentían excluidos por el sistema y con un clásico programa de la izquierda radical, y por tanto con una ambición claramente revolucionaria, aspiraba a profundizar en el Estado Social que consagró el artículo 1 de la Constitución Española, a pesar de su desprecio por lo que denominaron el régimen del 78, al tiempo que esperaba hacerlo compatible con la promoción de la plurinacionalidad que de manera tan confusa recogía esa misma constitución. Ciudadanos, por su parte y enfatizando su talante liberal pretendía sobre todo impulsar reformas de tipo institucional y promover el buen funcionamiento de los órganos contramayoritarios así como, invocando a la igualdad, aspiraba corregir las asimetrías existentes en el sistema multinivel español, en gran medida aboliendo los particulares sistemas de financiación del País Vasco y Navarra. Y finalmente, Vox, aunque se unió a la fiesta de los nuevos partidos de manera tardía, no fue hasta 2017 que consiguió acceder a la representación, se ha ido configurando como un partido claramente rupturista al quebrar uno de los consensos tan básicos como imprecisos de la transición como fue el título VIII de la Constitución que permitió el desarrollo del Estado Autonómico, y que ahora es abiertamente discutido y ha acabado conviendo a Vox en la primera formación de ámbito estatal desde la transición en oponerse abiertamente a él.

No obstante, la capacidad de resistencia de los viejos partidos, en parte por su experiencia y en parte por su pericia ha impedido a los nuevos partidos materializar esos programas político por mucho que Podemos haya estado en el Gobierno de España, que Vox haya estado en diversos ejecutivos autonómicos y que Ciudadanos haya sido el partido que pudo tenerlo todo y que acabó no teniendo nada. Ni el proyecto revolucionario ni el rupturista, por mucha polarización política que haya, tienen visos de prosperar. Pero en cambio sí que podría prosperar la senda reformista si hubiese voluntad de consenso y de poner el contador a cero. El problema es que tanto el PSPE como el PP parecen haber renunciado a ello. Y sorprendentemente, hoy por hoy, la problemática reformista en toda su complejidad solo está siendo abordada desde fuera de la política. Por ejemplo, con iniciativas como el Informe del Estado de Derecho elaborado por la Fundación Hay Derecho y que hoy nos presenta Elisa de la Nuez. En él se efectúa un certero diagnóstico de la situación y se proponen reformas con el objetivo de mejorar el funcionamiento de las instituciones y mejorar la calidad de nuestra democracia. Sería muy positivo que los partidos tomasen nota de ello.