Alvise y la financiación de los nuevos partidos

La mejor defensa es un buen ataque. Esta es la consigna que ha hecho suya Alvise Pérez al hacerse público el cobro de 100.000 euros en metálico para financiar su campaña electoral para las elecciones europeas y que está siendo investigado por la fiscalía del Tribunal Supremo. El ahora eurodiputado ha reconocido el cobro de esa cantidad y ha tratado de convertir esa acción en un acto de protesta política por la elevada carga impositiva existente en España tildándola de ‘legítima defensa contra el terrorismo fiscal del Estado’ y reduciéndola a la categoría de cobro de una factura en metálico y sin IVA por parte de un trabajador autónomo. Este es un argumento que no deja de resultar grotesco por parte de una persona que ha cimentado gran parte de su proyecto político en la denuncia y en la lucha contra la corrupción. Y más grotesco todavía que trate de combatirla practicando y alentando conductas delictivas como la evasión fiscal.  Todo ello, además, aderezado de críticas tan furibundas como poco fundadas de corrupción hacia la Administración Tributarias, el Poder Judicial, los medios de comunicación y los políticos en genera y con la más elemental de las demagogia,  llegando a afirmar que no es él que está en juicio sino el conjunto del sistema en manos de unos pocos lobbies malignos a nivel europeo que no responden a los intereses de la ciudadanía sino a los suyos propios y que tienen a su servicio a la corrupta clase política.

Hasta aquí populismo para dummies. Hasta aquí porque en vez salpimentarlo todo con la visión moralizante de la vida política propia de los populismos de distinto signo, Alvise asume la corrupción moral, la practica y se pregunta en busca de la solidaridad de sus seguidores que quien no ha hecho ‘concesiones, pequeños sacrificios de moral para llegar donde está’. No pretende, por tanto, ni ser ejemplar ni exige que los demás lo sean, al contrario; más bien parece acogerse al viejo derecho de resistencia o de rebelión contra el Estado si este se comporta de manera injusta y rompe el pacto originario. Pero no nos llamemos a engaño. Alvise no está haciendo honor a Hobbes ni a Locke ni mucho menos abogando por una revolución liberal sino que más bien, haciendo gala de una clara deriva iliberal, pretende ignorar el Estado de Derecho y los límites que este impone. Porque lo que ha hecho Alvise no es más que tratar de financiar de manera irregular su formación política, una agrupación de electores, que es una fórmula más sencilla para presentarse por primera vez a elecciones que un partido político. Y lo ha hecho a cambio de favores políticos y de someterse a los designios de lobbies que es lo que tanto deplora. 

No obstante, las contradicciones de Alvise no deberían impedir que aflorase una cuestión relevante para el funcionamiento de la democracia y es precisamente las dificultades con las que se encuentran las formaciones de nuevo cuño para obtener financiación y acceder al nivel de representación. La financiación de los partidos y de las campañas electorales, lo que se considera financiación ordinaria y extraordinaria de los partidos político, s está perfectamente regulada, limitada tanto por la ley electoral como por la ley de financiación de partidos y está sometida al escrutinio del Tribunal de Cuentas. En España la tendencia ha sido la de incrementar la dotación pública, a la que solo tienen acceso los partidos que ya cuentan con representación, la reducir las cantidades de dinero privado y la de prohibir las donaciones anónimas, cosa que impide que personas que quieren aportar a un partido sin significarse públicamente puedan hacerlo. Muchos nuevos partidos han utilizado, y con éxito, fórmulas imaginativas como los micro-créditos pero lo cierto es que existe una barrea efectiva que dificulta a las nuevas formaciones el acceso a la financiación, un sistema precisamente pensado por los partidos que forman parte del sistema para dificultar la legada de nuevos competidores. Alvise no es sin embargo el primero en sufrirlo o en denunciarlo. Antes de él fue VOX quien se comprometió a no aceptar financiación pública cuando accediese a las instituciones pero hasta ahora no consta que haya renunciado.