Sí es una dictadura

Las política exterior, a pesar de que suele ser una política de Estado en la que predominan los consensos, en ocasiones, se convierte también en un campo de batalla partidista, y por tanto, en una extensión de la política interior. Y esto es justamente lo que está sucediendo tras las elecciones presidenciales presumiblemente fraudulentas celebradas en Venezuela.  

Y digo presumiblemente fraudulentas porque a pesar de que el Consejo Nacional Electoral primero y más tarde el Tribunal Supremo de Justicia declaró vencedor de los comicios al presidente Nicolás Maduro frente al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, existen dudas razonables acerca de la veracidad de esos resultados y de que efectivamente Maduro sea el candidato preferido por parte los electores venezolanos. 

Y es por ello que tanto la oposición venezolana, que ha protagonizado protestas masivas y que ha sido duramente reprimida -con detenciones masivas y arbitrarias e incluso víctimas mortales - como la comunidad internacional, desde las Naciones Unidas hasta la Organización de Estados Americanos, pasando por la Unión Europea y los propios Estados Unidos o España han solicitado reiteradamente la publicidad de las actas oficiales del escrutinio sin que hasta ahora se hayan atendido las peticiones ni se hayan dado a conocer por parte de la autoridad electoral.

El asunto se ha enredado en España dejando en evidencia las contradicciones de los dos grandes partidos en relación a Venezuela. De la inicialmente tibia respuesta por parte del gobierno y la crítica encarnizada por parte del PP a la proclamación de Maduro se ha pasado a la acogida del candidato opositor González Urrutia, algo que sorprendentemente ha concitado las críticas de los populares,  quienes a su vez, no han dudado en presentar una proposición de ley el Congreso de los Diputados instando al gobierno de España a reconocer a González Urrutia como presidente electos y que ha prosperado contra pronóstico gracias al apoyo del PNV y con la oposición de los partidos de gobierno.

Así mientras que la mayoría del Congreso se ha pronunciado a favor del candidato opositor, el Gobierno no solo se resiste a reconocerlo como presidente legítimo y sigue reclamando la publicidad de las actas electorales, sino que por boca del ministro de asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha hecho gala de su condición de diplomático y con la intención de no perjudicar los intereses económicos de España, se ha negado a calificar al régimen de Maduro de una dictadura alegando que no es politólogo ni catedrático de Derecho Constitucional.

Pero sucede que no hace falta ser politólogo ni catedrático de Derecho Constitucional para darse cuenta de que en Venezuela no se cumplen de manera reiterada y sostenida en el tiempo la mayoría de condiciones que se consideran necesarias para la democracia. Es cierto que haber elecciones haylas. 

Pero también es cierto que hay partidos políticos y dirigentes perseguidos, encarcelados y exiliados, que no se permite que todos los partidos y candidatos compitan en igualdad de condiciones, que el sufragio activo y el pasivo no pueden ejercerse en plenitud, que la prensa no es libre ni existe pluralidad de fuentes de información y que no existe una autoridad electoral independiente del gobierno que fiscalice el proceso electoral y que garantice la limpieza de las elecciones. Por todo ello y aunque el Ministro no se atreva a explicitarlo, Venezuela a día de hoy no siendo un estado de derecho ni una democracia puede calificarse sin lugar a dudas como un régimen dictatorial.