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Madrid Central

La resolución judicial que tumba las zonas de bajas emisiones de la capital coincide con los mejores resultados históricos de calidad del aire

Acceso a una de las zonas de bajas emisiones de Madrid. / Fernando Sánchez / Europa Press

Madrid cerró el año 2023 cumpliendo, por segundo ejercicio consecutivo, con la directiva europea de calidad del aire; redujo los niveles de dióxido de nitrógeno a mínimos históricos; la plaza Elíptica, el principal punto negro de la contaminación en la capital hasta el año 2022, vio cómo la polución se reducía un 32%; y por segundo año no se tuvo que aplicar el protocolo por contaminación, mientras que en 2017 se activó durante 43 días.

Los madrileños respiran un aire mucho más limpio gracias entre otras medidas a Madrid Central, impulsado en su día por la alcaldesa Manuela Carmena con críticas por la falta de negociación con los sectores afectados y que el actual edil, José Luis Martínez Almeida, mantuvo y actualizó con un grado elevado de consenso en la ciudad. Pero todo ello está ahora en riesgo por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de suspender las zonas de bajas emisiones de la capital a petición del Grupo Municipal Vox.

Llegar al centro de las grandes ciudades en coche sin restricciones es una práctica que ya no se produce en ninguna gran urbe del primer mundo, sólo hay que viajar un poco para observarlo, y Madrid tiene una oferta de transporte público suficientemente potente como para dar respuesta a las necesidades de movilidad de los ciudadanos, pese a Cercanías, todo hay que decirlo.

La decisión judicial, que es recurrible, supone una sorprendente marcha atrás en lo avanzado en los últimos años para mejorar la calidad del aire que respiran los madrileños, con los resultados antes comentados. Nadie en Madrid pone en duda la necesidad de Madrid Central, rebautizado como Madrid 360, o de las medidas adoptadas en la plaza Elíptica, más allá de Vox. Cierto es que la resolución del TSJM hace hincapié en un aspecto meramente administrativo y no cuestiona la capacidad del Ayuntamiento para establecer zonas de bajas emisiones, por lo que hay base para el eventual recurso municipal.

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Criminalizar al coche o a los ‘cochistas’, como los radicales tildan a los conductores, sería un error mayúsculo, entre otras cosas porque la industria del automóvil es estratégica en la economía española. El debate debe centrarse en la necesidad de adoptar medidas ponderadas para hacer compatibles la movilidad de los ciudadanos y la lucha contra la polución, y Madrid 360 lo es.

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