'Domani'

Legislar sobre los medios de comunicación siempre entraña un riesgo y no porque los periodistas nos consideremos intocables, sino porque trabajamos con el derecho a la información de los ciudadanos, un pilar básico de cualquier democracia protegido por la Constitución. Los periodistas somos meros depositarios del mismo y cuando desde los gobiernos se proclama que quieren proteger nuestro trabajo, no podemos más que observarlo con desconfianza.

El plan de regeneración democrática que hoy lleva el presidente del Gobierno al Consejo de Ministros, y que en una parte importante incidirá sobre los medios de comunicación, se alumbró en los cinco días de reflexión que se tomó Sánchez tras la imputación judicial de su mujer, Begoña Gómez. Ese es el contexto y lo que causa recelo entre los profesionales, los más comprometidos con poner coto a las 'fake news'. Las primeras informaciones sobre Gómez no fueron publicadas precisamente en 'seudomedios digitales', por utilizar la terminología de Sánchez, no lo olvidemos.

La base del plan del Gobierno es la trasposición de una ley europea que se aprobó en Bruselas por amplia mayoría para evitar que los medios se usen con finalidad política, después de una exhaustiva investigación sobre la injerencia rusa en Europa y en los medios de comunicación del continente. Nadie puede estar en contra de medidas como imponer transparencia sobre la propiedad de los medios o el destino de la publicidad institucional. Más dudas genera decidir qué es una 'fake news' o un bulo y, sobre todo, quién lo determinará.

La famosa 'máquina del fango' de Umberto Eco es real, tampoco vamos a ser ingenuos, y algunos medios actúan como el Domani de Número Cero, pero ya existen mecanismos jurídicos para controlar el trabajo de los periodistas, como el derecho de réplica y rectificación o la posibilidad de querellarse por injurias. Si se tienen que endurecer, abramos el debate, los periodistas no estamos blindados y la mala práctica profesional se debe perseguir, pero no como consecuencia de los problemas judiciales de una persona.