Normalidad institucional

La elección esta semana de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, tras un bochornoso retraso que se añade al injustificable tardanza en la designación de los vocales, cierra un período de interinidad en el órgano rector de jueces y magistrados. Con ello, se pone fin a un ciclo de la vida política española que si por algo se ha caracterizado ha sido por la excepcionalidad, una excepcionalidad, además, que ha afectado a todas las instituciones del Estado y a muchos de sus organismos: desde la dilación en la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional, algo que ya sucediera con anterioridad y que estuvo muy vinculado a la sentencia del Estatut de Autonomía de Catalunya de 2006, hasta la inédita repetición de las elecciones generales en dos ocasiones consecutivas -2015-2016 y 2019- que comportó un inusual alargamiento de gobiernos en funciones que abusaron de los decretos-ley y escaparon del control parlamentario, pasando por las consecuencias del proceso independentista que tras la fallida declaración de independencia supuso la destitución del Gobierno de la Generalitat, su encarcelamiento y la aplicación del artículo 155, así como los retrasos en la designación y las dimisiones en la cúpula de Radio Televisión Española que todavía mantiene la situación de provisionalidad, son todos ellos ejemplos de la escasa pulcritud que ha regido la vida institucional y política en los últimos años.

Ahora, en cambio, la mayor parte de instituciones y organismos estatales, incluido el Banco de España cuyo gobernador ha sido nombrado también esta semana por parte del Presidente del Gobierno, no sin polémica por su condición de Ministro, funcionan con normalidad. Y ya, salvo sorpresas, sin elecciones a la vista que puedan alterar el orden habitual de los acontecimientos sería deseable que el nuevo curso además de con normalidad, con todas las instituciones funcionando a pleno rendimiento y cumpliendo rigurosamente con las funciones que tienen encomendadas.

Así, del gobierno central cabe esperar, como es su obligación, que presente y apruebe unos presupuestos que evidencien la existencia de apoyos parlamentario y su capacidad para llevar a cabo sus políticas públicas, y sin tener que acudir al subterfugio de la prórroga presupuestaria. De lo contrario su debilidad se hará evidente y su continuidad se verá cuestionada. Y lo mismo cabe decir de los gobiernos autonómicos, muchos de los cuales han quedado en situación de minoría tras la espantada de Vox a propósito del reparto de inmigrantes menores no acompañados. Del Parlamento se espera que legisle con acierto y con rigor, algo que en los últimos tiempos no siempre ha sucedido -solo hay que recordar los gazapos de la Ley del sí es sí o de la recientemente aprobada ley de paridad-, y que controle al gobierno sin necesidad de convertir cada sesión de control en un grotesco espectáculo de reproches mutuos que poco tienen que ver con esa función. Del CGPJ se espera que proceda con celeridad a efectuar los nombramientos de las numerosas vacantes existentes en la judicatura que han de permitir el normal funcionamiento del poder judicial y que lo haga con la independencia que ha reclamado su presidenta en la apertura del año judicial. Una independencia que también se espera del Tribunal Constitucional que ha de decidir en los próximos meses acerca de una de las leyes más polémicas y con mayor impacto político en los últimos años, la ley de amnistía, y de cuyo desenlace puede depender no solo la continuidad de la legislatura sino también la consolidación de la recuperada normalidad institucional en Catalunya.