¿Finiquitar o avivar el 'procés'?

El elemento central del acuerdo entre el PSC y ERC que ha permitido la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Catalunya es el compromiso socialista de dotar a esa comunidad autónoma de un nuevo modelo de financiación que le garantice disponer de la llave de la caja, es decir, la gestión, recaudación, liquidación e inspección del 100% de los tributos y el pago de una cuota de solidaridad al Estado. Algo que implicaría la creación de una Agencia Tributaria propia y que Catalunya saliese del régimen común, lo que requeriría necesariamente una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Para ERC, que debía someter el contenido del acuerdo a sus bases y que defendió ante ellas la idea de que disponer de la llave aportaba soberanía fiscal, este acuerdo se ha interpretado como un concierto económico solidario evocando al peculiar régimen de financiación del País Vasco y Navarra.

Esta denominación, sin embargo, ha sido rechazada por el PSOE y esta misma semana, por boca de la vicepresidenta primera y  ministra de hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que ni es un concierto económico ni una reforma al uso del sistema de financiación, unas declaraciones que han desatado una tormenta en el independentismo amenazando la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez. 

ERC le ha recordado al PSOE que lo que se firmó fue un ‘concierto económico, aunque no lo quiera nombrar así’ y ha vinculado su apoyo parlamentario en el Congreso al cumplimiento del acuerdo. El desencuentro ha sido aprovechado por parte de Junts para reprochar a los republicanos que el acuerdo con el PSOE se ha basado un engaño y para pedirles explicaciones. 

A lo cual hay que añadir que el anuncio del acuerdo ya provocó las críticas de algunos dirigentes territoriales del PSOE como Emiliano García-Page que lo consideró un grave atentado a la igualdad, una opinión secundada por el ex presidente de Aragón Javier Lambán, por Miguel Angel Gallardo, el líder socialista en Extremadura y por Juan Espadas, dirigente andaluz que además advirtió que no permitiría agravios y reivindicó para Andalucía lo mismo que obtuviese Catalunya para financiar sus competencias.

Pero es que además, el acuerdo no solo generó incomodidad en las filas socialistas sino que otros socios parlamentarios del PSOE también han manifestado sus reservas acerca de cómo la nueva financiación para Catalunya podría perjudicar los intereses de sus territorios de procedencia e incluso Compromís llegó a vincular la continuidad de su apoyo al abordaje de la singularidad valenciana.  Por no hablar de la rotunda oposición del PP y de Vox.

Todo ello hace pensar que la aprobación de la nueva financiación para Catalunya, que por mucha bilateralidad que se quiera exhibir va a necesitar mayorías en el Congreso, no va a estar exenta de dificultades. Y esto es algo que no solo podría hacer caer al gobierno sino también, por incumplimiento, reavivar el proceso independentista que los socialistas afirman haber finiquitado.

El actual compromiso socialista con la financiación singular recuerda mucho al que en su día adquirió José Luís Rodríguez Zapatero al afirmar que apoyaría la reforma del Estatuto que saliese del Parlament de Catalunya, un compromiso que no se cumplió y que al fin y al cabo fue el que generó el descontento que prendió la mecha del procés. Y esto es algo que con la financiación puede volver a suceder porque al PSOE le va resultar muy difícil satisfacer a todos sus socios simultáneamente y menos a ERC y Junts teniendo en cuenta que su disputa por la hegemonía en el campo independentista sigue vigente.