Acabar con la subasta

La incapacidad congénita de los dos grandes partidos españoles para pactar consensos básicos en materias de Estado ha convertido la política en una subasta en que las formaciones minoritarias ponen en medio de la lonja su apoyo parlamentario y lo venden al mejor postor. Y así desde hace años, independientemente de quién sea el inquilino de la Moncloa.

Es el juego democrático que emana de la configuración en cada momento del Parlamento, ese del que quiere prescindir el presidente Sánchez ahora que Junts y el PNV parecen darle la espalda, ante la imposibilidad de PSOE y PP de aislar de la coyuntura política aquellos temas que deberían constituir los cimientos básicos del Estado.

El debate de la financiación autonómica es uno de ellos y su reforma amenaza, de nuevo, con convertirse en un campo de batalla. Ver la misma película una vez y otra acaba aburriendo. Es cierto que en este caso el pecado original que desencadena las hostilidades es el pacto entre PSC y ERC en Cataluña, pero recordemos que el sistema de financiación lleva caducado una década, con los perjuicios que eso causa en el día a día de la gestión autonómica, y que los dos grandes partidos han tenido en este tiempo una mayoría suficiente en el Congreso para actualizarlo que no han sabido aprovechar.

El cortoplacismo en el que se desenvuelven los políticos españoles no hace augurar más que confrontación, obviando que la financiación autonómica debería ser el pilar sobre el que se asienta la igualdad de los ciudadanos, pero cualquier sistema que se ponga sobre la mesa debería tener dos principios inexcusables: llevar el adjetivo ‘justo’ y situar en el eje de las decisiones a las personas, no a los territorios.

El objetivo del nuevo sistema tiene que ser garantizar una financiación justa e igualitaria de los servicios públicos a los que acceden los ciudadanos, independientemente del lugar en el que residan. Por ello, se han de tener en cuenta las singularidades de cada lugar, evidentemente, ya que no es lo mismo gestionar la educación o la sanidad en regiones que tienen a su población muy concentrada que en aquellas donde la dispersión es infinita. Los factores correctores son esenciales en un país tan heterogéneo como España, pero la clave del nuevo sistema tiene que ser, en cualquier caso, poner en el centro de la ecuación los servicios públicos. Esta debería ser la vocación de todos los partidos políticos y la obsesión de PSOE y PP.