Escrivá

El presidente Sánchez se ha tomado al pie de la letra aquello de que "las tradiciones están para romperlas" y por primera vez desde el restablecimiento de la democracia pondrá al frente del Banco de España, la principal institución económica del país, a un ministro de su Gobierno, por lo que no contará con el también tradicional consenso del principal partido de la oposición.

Los que han estado cerca de la decisión sostienen que, en realidad, a Sánchez le interesa más bien poco el Banco de España y le preocupa relativamente que sus informes puedan ser críticos con el Gobierno; que detrás de la decisión de nombrar para el cargo a José Luis Escrivá está el deseo de ocupar ese cargo del todavía ministro para la Transformación Digital y la Función Pública y, quien sabe, si también algún tipo de compromiso personal del presidente.

Si la teoría es cierta, el coste de la operación no le resulta barata al Gobierno porque abunda en la sensación de que está colonizando las instituciones públicas, como se denuncia de forma reiterada desde la oposición. No hace falta recordar el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado o de José Luis Tezanos al frente del CIS, por citar sólo a dos de los más polémicos desde que Sánchez llegó a la Moncloa.

Para ser gobernador del Banco de España, en realidad, se necesitan sólo dos cualidades: un reconocido prestigio técnico e independencia de criterio. Sobre lo primero, nadie duda en el caso de Escrivá, quien comenzó su carrera en la propia institución y pasó luego por el Banco Central Europeo antes de que el expresidente Mariano Rajoy lo nombrara presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef). Sus conocimientos sobre política monetaria están acreditados por su trayectoria profesional.

El problema es que, a día de hoy, su independencia es difícilmente defendible porque es ministro del Gobierno y eso es una excepcionalidad también en el ámbito europeo. Apenas siete de los 26 miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo fueron antes ministros, una abrumadora minoría. Y tampoco lo fueron los actuales gobernadores de otros países no comunitarios, como Estados Unidos, Japón o el Reino Unido. Puestos a romper tradiciones, Sánchez lo ha hecho a lo grande.

Todos los actos tienen consecuencias y el mayor riesgo de la decisión del Gobierno no es para la imagen del propio Ejecutivo o de Sánchez o de Escrivá, sino del Banco de España y de sus funcionarios, cuya acreditada reputación puede quedar seriamente en cuestión. El fantasma del CIS ha empezado a sobrevolar el edificio de la plaza de Cibeles.