El recorte del Trasvase Tajo-Segura pilla a los regantes con deudas por valor de 3.000 millones

Tres mil millones en deudas con los bancos y el propio Ministerio de Agricultura que no se van a poder pagar. El recorte del

trasvase

Tajo-Segura, tras aprobarse la elevación de los caudales del río en Aranjuez y Toledo, no solo va a forzar la desaparición de 12.000 hectáreas de cultivos rentables solo en la Región de Murcia y el despido de al menos ocho mil trabajadores y 122 millones de euros en valor de producción, según las estimaciones del Gobierno regional.

También provocará un agujero de unos 3.000 millones de euros correspondientes a los créditos en los que están embarcados los agricultores y empresarios que planificaron sus inversiones en base a un agua que, en un principio, se va a reducir a la mitad.

Balsas, instalaciones de riego por goteo, semilleros, invernaderos, maquinaria, naves… y hasta el préstamo de aquel o aquella, empresario o empresaria, que tiene abierto un bar para dar de comer a los jornaleros agrícolas, apunta Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).

Una deuda millonaria a la que se suman los 18 millones de euros del "tasazo" (mantenimiento de los canales pase el agua que pase, y que también pagan los ayuntamientos), y el porcentaje que se abona por el agua para obras en Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.

Desde 1979, los regantes de Alicante y Murcia llevan pagados 500 millones de euros. Aporte que ahora también se va a reducir, obviamente, al venir menos agua.

Los regantes pagan unos 15 millones de euros al año. Hasta 1998, la recaudación iba directamente al Estado, pero a partir de aquel año el dinero se lo reparten la autonomías cedentes del agua para sufragar, precisamente, obras hidráulicas en sus territorio. Es decir: Murcia, al igual que Alicante, paga el agua y además una compensación ambiental.

Durante estos días se suceden cientos de testimonios de lamento por parte de agricultores de Murcia, Alicante y Almería, las tres provincias que forman la denominada «huerta de Europa», herida de muerte ahora por el recorte del agua del trasvase. Hay que recordar, además, que el agua desalada no se puede pagar si no está subvencionada.

"El problema que se nos viene encima es incalculable. Se habla de 3.000 millones de euros pero es que yo no me atrevo ni a dar una cifra porque hay que pensar de que del agua que llega del Tajo no solo viven los agricultores. Esto es una cadena porque el agricultor es, a su vez, cliente de un comerciante que se ha metido en un préstamo", explica uno de los agricultores de la Vega Baja afectados.

También el propio consejero de Agua y Agricultura, Antonio Luengo, consideraba la pasada semana que "el Plan Hidrológico del Tajo es uno de los atentados de mayor alcance de cuantos se han perpetrado contra el trasvase Tajo-Segura", y aseveró que esta decisión supone "un paso determinante hacia su desmantelamiento y contra el desarrollo de la Región de Murcia y de su sector agrícola".

La comunidades de regantes han comenzado a realizar, en este sentido, estudios para calcular el dineral que se va a quedar pendiente por la falta de agua de cara a una posible reclamación patrimonial.

El Instituto del Agua de la Universidad de Alicante ya tiene evaluado que las pérdidas anuales en Alicante, Murcia y Almería serán de 5.327 millones euros anuales, producto del abandono de los cultivos y del volumen económico que se dejará de mover (lucro cesante).

Además, dejarán de aportarse al PIB español, un total de 3.610 millones de euros.

La aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Tajo (2022-2027) supone según los técnicos, una merma de caudales disponibles para regadío del trasvase Tajo-Segura estimados en unos 105 hectómetros cúbicos al año.

Indemnizaciones multimillonarias

El Gobierno tendría que pagar la friolera de 21.000 millones de euros a los agricultores, empresas y ayuntamientos que reciben agua del trasvase si al final se optara por el cierre de esta infraestructura, tal como pide Castilla-La Mancha. La posible derogación del trasvase representaría un coste para el Estado superior a 20.000 millones de euros, debido a la responsabilidad patrimonial en la que incurriría, según informe oficial.