El recorte del trasvase Tajo-Segura comenzará en verano

La hoja de ruta que establece el comienzo del fin del Tajo-Segura comenzó a escribirse con la aprobación en el consejo del agua de la Confederación del Tajo el aumento de los caudales ecológicos del río en Toledo y Aranjuez, pero, a falta de una reacción política, prácticamente imposible a estas alturas, la disminución de los aportes arrancará en tres meses. Ese es el tiempo que debe transcurrir hasta que el plan hidrológico de la cuenca del Tajo llegue al Boletín Oficial del Estado. La Diputación de Alicante rechazó el recorte del trasvase Tajo-Segura con la abstención de PSOE y Compromís

A partir de ahí hay dos meses para presentar los recursos en la Audiencia Nacional pero Consell, Diputación y regantes lo harán e inmediato. Antes, el plan debe someterse a la aprobación del Consejo Nacional del Agua, institución controlada por la vicepresidenta Teresa Ribera, a un informe de los abogados del Consejo de Estado y de ahí a la derivación del Consejo de Ministros. Si todo transcurre según el guión, a Alicante empezará a llegar menos agua del trasvase en pleno verano, cuando más necesidad hay al dispararse la evaporación.

Mientras estos sucede van conociéndose nuevos datos sobre cómo fueron la votaciones del consejo del Tajo donde tampoco los regantes de Castilla-La Mancha de mostraron muy solidarios con sus compañeros de Alicante y Murcia. Por su parte, el gobierno de Castilla-La Mancha presentó un voto particular al Plan Hidrológico del río Tajo, pidiendo que no se riegue en Alicante y Murcia con agua del Tajo, sino que sea con agua de las desaladoras, y que se reconozcan derechos de los regantes del Algodor, en la provincia de Toledo.

Pese a que la comunidad autónoma se felicita por lo conseguido, presentó un voto particular con dos asuntos: que Levante no riegue con agua del río Tajo, sino que lo haga con agua de las desaladoras, y que todos los regantes del Algodor y Sonseca consigan sus derechos de agua, porque se han resuelto 168 pozos pero faltan 88, que apenas suponen un hectómetro cúbico de agua, pero que es "importante" conseguirlo, ha dicho el consejero.

Castilla-La Mancha insiste en que el Plan Hidrológico fija caudales ecológicos porque una sentencia del Tribunal Supremo -a raíz de recursos presentados por el Gobierno de Castilla-La Mancha y colectivos de defensa del Tajo- así lo fijó en 2019.

Castilla-La Mancha también se felicita porque en los cinco últimos meses la modificación del memorándum ha propiciado dejar de trasvasar 55 hectómetros cúbicos a Alicante y Murcia, ya que cuando los embalses de cabecera del Tajo están en nivel 2 se trasvasan 27 hectómetros cúbicos en vez de 38.

Respecto al voto en contra de Madrid, el gobierno de Castilla-La Mancha lo considera un "voto exclusivamente político sin ninguna duda" ya que solamente teniendo en cuenta la inversión de 900 millones de euros que habrá en depuradoras en esa comunidad autónoma sería motivo suficiente para votar a favor.

El aumento de los caudales ecológicos en Aranjuez (hasta llegar a 8,65 metros cúbicos por segundo en 2027), redundará en tener un río "vivo", para el gobierno García-Page en Toledo (que llegará a los 17,25 m3/segundo) y Talavera de la Reina (que deberá tener un mínimo de 18) frente a un caudal actual de 10 m3 en las dos ciudades.

500.000 árboles

Por otro lado, Los agricultores de la provincia de Alicante cuyas explotaciones dependen del agua del trasvase Tajo-Segura ya han dejado en barbecho en los últimos diez años el 40% de la superficie de regadío al carecer de caudal de calidad. Los regantes arrancaron 500.000 árboles frutales.

El agua del Tajo es clave para garantizar el futuro social y económico de Alicante. Cualquier recorte en el plan de cuenca comprometería el abastecimiento de 1.576.000 personas, la continuidad de 110.000 empresas y 636.000 empleos que general un PIB de 74.800 millones de euros, según datos de la Universidad de Alicante.

La propia Confederación del Segura sostiene, por otra parte, que las desaladoras son un gran complemento pero no pueden sustituir por sí solas al trasvase y así figura en el plan de cuenca del Segura que contradice al del Tajo, algo que sucede por primera vez en la historia de la planificación hidráulica en España.

Un informe de Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, que forma parte de la documentación que prepara la Diputación para plantear el recurso por la vía de lo contencioso-administrativo contra el cambio de las reglas de explotación del Tajo-Segura, revela que el impacto negativo del recorte del trasvase será mucho mayor que el que admite la propia Confederación Hidrográfica del Segura para todo el “territorio trasvase”: Alicante, Murcia y Almería..

El estudio coordinado por el director del Instituto, el catedrático Joaquín Melgarejo, señala que la pérdidas anuales en Alicante, Murcia y Almería serán de 5.327 millones euros anuales. producto del abandono de los cultivos y del volumen económico que se dejará de mover (lucro cesante). Además, dejarán de aportarse al PIB español, un total de 3.610 millones de euros. Seis mil empleos directos se perderán sólo en la provincia de Alicante.