La Generalitat Valenciana podrá movilizar a la fuerza a sus funcionarios para gestionar las ayudas por la DANA

En un momento propenso a los símiles bélicos tras la designacion de un teniente general como vicepresidente del Consell, la Generalitat ultima una movilización de funcionarios que recuerda a las que ordenan los países en guerra con sus reservistas del Ejército. En este caso el objetivo es ganar margen de maniobra para poder abarcar la elevadísima demanda de gestiones administrativas que deben realizar estos días los miles de afectados por la DANA. La dirección general de Función Pública ultima el decreto con el que podrá impulsar toda una serie de medidas que doten a la administración valenciana de una mayor flexibilidad para mover sus fichas por el tablero y atender los papeleos que genera la fase de recuperación de la emergencia a las personas afectadas. Los cambios serán temporales hasta "la vuelta a la normalidad" y aunque están pensados para el ámbito de la Generalitat, para podrán afectar de manera subsidiaria al personal de Sanidad.

El borrador de la norma, que ha recibido el visto bueno de los sindicatos y al que ha tenido acceso Levante-EMV, flexibiliza el proceso de selección de funcionarios, abre la puerta a postergar jubilaciones, establece turnos de trabajo vespertinos y permite a las conselleries asignar tareas diferentes de las habituales a sus trabajadores o incluso cambiar la localidad donde presta el servicio público. En los movimientos relativos a las funciones y la movilidad personal será prioritaria la voluntariedad, pero la Generalitat se reserva la opción de convertirlos en obligatorios en caso de ser necesario.

La Conselleria de Hacienda justifica la norma en la "magnitud extraordinaria" de la catástrofe, que "exige el aporte de recursos ingentes" así como una respuesta "rápida, flexible y eficaz" de la administración para la reconstrucción. Y añade que para "garantizar" la atención a la ciudadanía en esas labores administrativas, "requiere adoptar medidas de carácter extraordinario" que aseguren un despliegue acorde a la demanda. En pocos días, la Generalitat ha recibido más de 22.000 solicitudes de ayudas directas, de las que ha resuelto poco más de 1.000. A esto hay que añadir las de vivienda, otras que ya pudieran recibirse antes como la renta valenciana de inclusión, la emisión de nuevos certificados que puedan haberse perdido...y un largo etcétera.

Demandantes de empleo

Una de las modificaciones más importantes está en las bolsas de empleo, que se abren de par en par. El decreto fija que para aquellos puestos en los que "no exista una bolsa de empleo temporal o, habiendo bolsa, no haya personal disponible" para cubrir las plazas vacantes con interinos, la Generalitat podrá recurrir a bolsas temporales de "otros sectores" de la administración, de otras entidades u organismos públicos o incluso a listados de personas demandantes de empleo inscritas en Labora.

Y "si fuera necesario", añade el artículado, se contempla incluso pedir refuerzos a otras administraciones públicas "radicadas fuera de la Comunitat Valenciana", es decir, al Estado, a otras autonomías o a ayuntamientos o diputaciones. Función Pública facilitará el seguimiento de las bolsas e informará de los puestos cubiertos por esta vía.

La nueva norma habilita también a la Generalitat a ordenar diferentes tareas a los funcionarios, adscribirlos a otros organismos públicos más colapsados o incluso cambiar la localidad donde presta el servicio. El texto remarca el "carácter voluntario" de estos movimientos, si bien contempla la posibilidad de convertirlos en "forzosos" en caso de que el número de voluntarios no sea suficiente y siempre que "no conlleve el cambio de residencia". En los casos obligatorios, que se determinarán por criterios "objetivos" y sin merma retributiva, el cambio "no podrá exceder de seis meses prorrogables" por el mismo plazo.

Igualmente y para "garantizar el servicio adecuado a las necesidades específicas de los afectados", la Generalitat abre la puerta a "estavlecer horarios de mañana o de tarde" para los empleados públicos, mediante la organización "de los turnos que fueran necesarios" para prestar el servicio.

Por último, el decreto también contempla la posibilidad de retrasar jubilaciones previstas para no perder músculo. Esta medida deberá ser solicitada por la persona implicada con un mínimo de 15 días de antelación respecto a la fecha de la jubilación forzosa por edad. Esta petición deberá acompañarse de una declaración responsable que constate las "condiciones psicofísicas idóneas" del trabajador. El plazo de prolongación de la actividad será de un año.

Acuerdo con sindicatos

La propuesta recibió el visto bueno de los sindicatos presentes en la mesa de negociación, coinciden las fuentes consultadas, y podría pasar por el próximo pleno del gobierno, cuya fecha todavía se desconoce. Desde Función Pública subrayaron ese respaldo de las organizaciones sociales y agradecieron su "comprensión" con la actual coyuntura.

Desde UGT coinciden con la "necesidad y urgencia" de esta nueva norma, pero fuentes sindicales remarcaban ayer la necesidad de que las medidas sean "voluntarias y temporales". Aunque no se prevén cambios en el borrador, la central ugetista presentó alegaciones al texto centradas en concretar las limitaciones temporales de las medidas, la "motivación suficiente" de las mismas o la necesidad de garantizar el derecho a la conciliación.