Asociaciones de la sanidad pública arremeten contra MUFACE: "Una fuente de discriminación en la atención sanitaria"

"En estos momentos se está negociando un nuevo convenio para MUFACE y es, por lo tanto, el momento de plantear la necesidad de cambiar esta situación". Así arranca un comunicado que ha dado a conocer este martes la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que, considera, las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) "son un elemento distorsionador en el sistema sanitario público y suponen un factor muy importante de desigualdad y discriminación en el acceso de la población a la atención sanitaria". Además, asegura esta Federación, son una fuente de derivación de fondos públicos hacia el aseguramiento privado.

Por otro lado, recientemente, añaden, en el European Journal of Health Economics 2024 se ha señalado que existe "una selección de riesgo del sector de seguros privados que deriva la atención sanitaria de los enfermos más graves, y, por lo tanto, más costosos hacia el sistema público".

Sistema público

Por eso, asegura la entidad, "se ha planteado reiteradamente la necesidad de la integración de estas mutualidades en el Sistema Nacional de Salud". Esta integración, precisan, está recogida ya en la Ley General de Sanidad (en 1986) "sin que hasta ahora se hayan producido avances al respecto".

Habitualmente, dice la FADSP, se han planteado dos problemas, el primero tiene que ver con el posible cambio y/o vulneración de derechos adquiridos de los colectivos incluidos que tiene "fácil solución" incorporando a la sanidad pública "solo a los nuevos funcionarios y a los antiguos que así lo deseen con los que el resto no verían modificadas sus condiciones actuales, a la vez que la situación atípica y excepcional de las mutualidades iría en progresiva disminución".

La segunda objeción, abundan, tiene que ver con la presión asistencial que podría suponer para la sanidad pública la atención de un grupo mucho mayor de población. "El modelo lento de nuevas incorporaciones disminuiría este problema, pero a la vez hay que tener en cuenta que estas nuevas incorporaciones llevarían incorporada la correspondiente financiación, lo que permitiría al sistema público mejorar sus servicios", sostienen.

Informe de IDIS

Por otro lado, las asociaciones en defensa de la sanidad pública se remiten a un informe reciente de la Fundación IDIS -'Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario'-, un nuevo análisis de "las potenciales repercusiones que, bajo determinadas hipótesis, podrían darse en nuestro país en el caso de que el modelo de mutualidades no llegara a renovarse". 

Entre los datos gruesos de IDIS figura que la primera implicación sería el trasvase de 1,68 millones de mutualistas a la sanidad pública. Además, la sanidad privada augura una pérdida de 13.000 puestos de trabajo si no se desencalla la negociación antes del 8 de octubre, fecha límite para pactar la financiación con las aseguradoras.

Informe alarmista

"Hay que considerar las afirmaciones que hace el IDIS que no se corresponden con la realidad por dos motivos: el primero es que los modelos que se han planteado respecto a las mutualidades asumen un paso progresivo hacia la Sanidad Pública de las nuevas incorporaciones a la función pública, y, por lo tanto, en el corto plazo supondría pocas personas y poca carga asistencial", señala la FADSP.

En segundo lugar, cita, "si se produjera la asunción de la sanidad pública de todos los funcionarios, ello llevaría aparejada la transferencia a la misma de todos los fondos que ahora manejan las mutualidades para la asistencia sanitaria, y, por lo tanto, permitiría a esta un incremento notable de sus recursos (personal, infraestructuras, etc.)". Esta federación concluye que el informe de IDIS es "claramente alarmista y que contiene afirmaciones que son de ciencia ficción" y apuesta, finalmente, por "avanzar seriamente hacia la integración de las mutualidades en la sanidad pública".