El de Silvia Idalia Serrano, la joven fallecida el pasado sábado tras permanecer durante meses en coma inducido en la UCI del madrileño Hospital La Paz después de someterse a varias intervenciones de estética, no es, por desgracia, un caso aislado. De hecho, el Ministerio de Sanidad, junto a los colegios de médicos y las comunidades autónomas, prepara un registro de profesionales, de carácter público para evitar el intrusismo y la mala praxis. "Es un caso terrible", asevera a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Carmen Flores, presidenta de la Asociación el Defensor del Paciente quien, más allá de los registros profesionales, pide más inspecciones en las propias clínicas.

El Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid investigará como homicidio por imprudencia el caso de Silvia Idalia Serrano, una joven de 34 años. La defensa de la chica ha explicado que, tras su muerte, se solicitará que un médico forense del juzgado que investiga los hechos intervenga en la autopsia para determinar "si la causa directa de la muerte está relacionada con el estado" que le llevó a ingresar en La Paz, según ha explicado el abogado Francesc Jufresa a Europa Press. Hasta el momento, el juez José María Escribano investigaba a la clínica CEME y a dos facultativos de la misma por presuntas lesiones imprudentes en la triple operación estética a la que se sometió la joven.

La Asociación el Defensor del Paciente ha reclamado a la Fiscalía que "tome nota" de la atención que recibió la paciente, explica su presidenta. "Lo pasé a la Fiscalía, junto a datos de la situación del hospital donde la operaron, con obras que afectaban a quirófanos y habitaciones, porque nos informó una persona", asegura Flores sobre el dramático desenlace de este caso.

Años de denuncias

Negligencias que la entidad que dirige lleva años sacando a la luz. En febrero de este mismo año, la asociación, ante el aumento de denuncias relacionadas con intervenciones de cirugía estética, se dirigía al Ministerio de Sanidad para relatar que se están "encontrando con situaciones que llegan a la ilegalidad". Citan casos como el de una persona que se realiza una liposucción de abdomen, queda en coma durante días y acaba en un hospital público, donde consiguieron estabilizarla, aunque ha quedado con secuelas.

"Hemos pedido que se tomen medidas. Existe un vacío legal. Y faltan inspecciones. Se firman contratos con clínicas no adecuadas o que carecen de UCI", señala Carmen Flores. Consentimientos que se firman a pie de quirófano, intervenciones que se realizan en centros que alquilan esos quirófanos sin unidades de intensivos, pagar al contado las intervenciones (sin posterior entrega de una factura)...son algunas de las anómalas y peligrosas situaciones de las que su asociación ha tenido conocimiento. "Deben dictarse condenas que sirvan de ejemplo", insiste.

Lo que piden, entre otras iniciativas, es que que se regule por ley que no se pueda intervenir en centros que no estén adecuados para cualquier incidencia y si, en la operación, surge una complicación que luego debe ser subsanada en un hospital público, se le pase la factura al centro privado donde se ha tratado a ese paciente. Además, la Asociación el Defensor del Paciente defiende la existencia de un registro público, donde figuren todos los especialistas de forma obligatoria, también los médicos estéticos con el MIR realizado.

Según datos de la memoria anual de la Asociación, en 2021 se registraron un total de 13.156 quejas por presuntas negligencias médicas. Del total, se recibieron 298 denuncias "por resultado insatisfactorio" en cirugía plástica, reparadora y estética, una cifra ligeramente superior en comparación con el año pasado, lo que indica que, con la pandemia, ha habido un mayor número de intervenciones.

Iniciativa del PSOE

La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) calcula que, de cada 10 procedimientos estéticos, ocho no son realizados por especialistas. Esta falta de control, advierten las sociedades científicas, puede derivar en complicaciones durante las intervenciones, llegando incluso a producir la muerte de los pacientes como ha ocurrido en el que sólo es uno de los últimos casos conocidos, el de Silvia Idalia. En España, sólo existe la especialidad de cirugía plástica, estética y reparadora y un título para obtenerla. Tener un máster en cirugía estética o cirugía cosmética, recuerda la SECPRE, no presupone tener el título oficial.

Este mismo mes de julio, el Grupo Parlamentario Socialista registraba una proposición no de ley para garantizar la seguridad de los pacientes en todas aquellas actividades sanitarias relativas a la cirugía plástica, estética y reparadora, y para luchar contra el intrusismo y las pseudociencias. La iniciativa insta al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, a fijar criterios comunes sobre el control y cumplimiento de la normativa en los centros sanitarios. Además, pone el foco en erradicar cualquier intrusismo y pseudociencia que afecte a las distintas especialidades de profesiones médicas y, también, subraya la necesidad de desarrollar un Plan Nacional de Pseudoterapias.