Más de 5.000 personas se han quedado sin acceso a atención sanitaria en España en los cuatro años de vigencia del RDL 7/2018. Son sólo la punta de un iceberg cuya dimensión real es "mucho, mucho mayor" según han denunciado hoy, en el Día Mundial de la Salud, un grupo de organizaciones que se ha concentrado a las puertas del Ministerio de Sanidad para entregar un manifiesto firmado por más de 300 organizaciones sociales, sociedades científicas, colectivos y 1400 sanitarios. Piden al Gobierno que ponga "fin definitivamente a la exclusión sanitaria" en la nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, cuyo anteproyecto aprobará próximamente el Consejo de Ministros.

Desde las organizaciones recuerdan que han pasado diez años desde que el Real Decreto-Ley 16/2012, impulsado por el Gobierno del Partido Popular, acabó con la sanidad universal en España. Desde entonces, ha habido enmiendas que han mejorado la situación, como la reforma que aprobó el ejecutivo socialista en 2018. "Todas han sido insuficientes. La exclusión se ha seguido dando en todo el país", denuncian.

Como prueba, citan los más de 5.000 de exclusión sanitaria documentados por REDER, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012, en estos cuatro años. Las personas y organizaciones firmantes denuncian que el texto en el que trabaja el Gobierno "no corrige muchas de las lagunas y deficiencias de la norma reguladora anterior" y piden una vuelta urgente al "modelo de sistema sanitario universal previo a 2012".

Situación administrativa

Una de las principales críticas de estas organizaciones es que el anteproyecto diferencia el derecho a la atención sanitaria en función de la situación administrativa de la persona, exigiendo más requisitos a quienes están en situación irregular. Es primordial, consideran, que haya "una atención sanitaria cubierta con fondos públicos para todas las personas, independientemente de su situación administrativa, y sin trabas", señalan las entidades.

Reclaman que se elimine el periodo mínimo de estancia en España como elemento necesario para obtener la asistencia sanitaria. El único criterio para reconocer este derecho a las personas extranjeras debería ser, añaden, la residencia efectiva en el país, algo que puede demostrarse por medios como el empadronamiento, certificados de escolarización de menores a cargo o informes de organizaciones sociales.

"Actualmente, esta exigencia está suponiendo retrasos de semanas y meses para recibir asistencia, con el consiguiente impacto negativo sobre la salud de las personas y, en algunos casos, está poniendo en riesgo su vida. "El temor infundado al llamado 'turismo sanitario' no justifica esta medida para la que ya existen otros mecanismos de control", denuncia el manifiesto.

Con cargo a fondos públicos

Además, los firmantes exigen que se garantice, siempre y en todo caso, la asistencia con cargo a los fondos públicos a personas menores de dieciocho años, embarazadas, solicitantes de protección internacional, apátridas y víctimas de trata, así como a todas las personas que necesiten atención de urgencias y en situaciones de salud pública.

Recientemente EL PERIÓDICO DE ESPAÑA relataba el caso de Elena Obama, una mujer guineana, madre de una joven con una enfermedad rara, que tuvo que abandonar su país para que la chica recibiera tratamiento en el nuestro. Sin embargo, Elena no tiene derecho a una tarjeta sanitaria y, cada vez que enferma, debe acudir a Urgencias de un hospital en Madrid.

En el caso de las personas ascendientes que llegan a España en procesos de reagrupación familiar, las organizaciones que hoy se han dirigido a Sanidad piden que se promuevan "las modificaciones legislativas" para que tengan derecho a la atención sanitaria con cargo a los fondos públicos, algo que "todavía no aparece recogido en el nuevo texto del Gobierno, a pesar de haberse comprometido a ello".

Prestación farmacéutica

Además, quieren que se garantice la inclusión del derecho a la prestación farmacéutica con un régimen "que no discrimine por la situación de irregularidad administrativa" y que se reconozca, de forma expresa, la exención de copago farmacéutico en los casos de especial vulnerabilidad.

El manifiesto también recuerda la importancia de eliminar las llamadas "Recomendaciones para la aplicación del RDL 7/2018 de Junio de 2019" que existen actualmente y que, a pesar de ser un texto de menor rango legal, son más restrictivas que la norma y son usadas por algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, apuntan para excluir a grupos de personas. También se pide que la nueva ley contemple una evaluación del impacto que han tenido en el ámbito de la salud los reales-decretos 16/2012 y 7/2018 y las barreras que siguen obstaculizando la cobertura sanitaria universal.

Finalmente, instan al Gobierno a "que asuma su responsabilidad, que redacte una ley que otorgue tarjeta sanitaria a todas las personas para garantizar su acceso y que vele por la equidad y la ausencia de discriminación en la aplicación de la ley en todo el territorio español". Entre los firmantes del documento figuran entidades como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) o la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFyc); ONG como Salud por Derecho, Médicos del Mundo o Oxfam Intermón o la Red Acoge o Kifkif y colectivos sociales como Yo Sí Sanidad Universal, entre otros.