786.049 hectáreas fueron arrasadas por el fuego el año pasado en los países de la Unión Europea, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). Casi el 40%, alrededor de 310.000 hectáreas, pertenecía a España, que tuvo su mayor epicentro en la sierra de la Culebra zamorana, donde ardieron 60.000 hectáreas. Este año nuestro país ya ha vivido otros dos grandes incendios ya, en Castellón-Teruel y en Asturias, lo que hace pensar que podría ser de los años con más incendios del siglo. Y lo peor parece estar por llegar. Con la sequía en su momento más álgido, los expertos esperan un verano aciago: “Las masas forestales son ahora mismo un polvorín. Los incendios serán devastadores”. 

Varias comunidades, como Andalucía y Castilla-La Mancha, han adelantado al menos 15 días el inicio de la época de peligro medio establecido por sus respectivos 'Planes de Emergencia por Incendios forestales'. En el caso de Andalucía, “la extraordinaria gravedad de la situación climática”, tal y como explicó el Gobierno andaluz, exigió que la Consejería de Sosteniblidad, Medio Ambiente y Economía tomara, a mediados de abril, una serie de “medidas excepcionales”, entre ellas adelantar al 24 de abril la fecha en la que se decreta el riesgo medio de incendio. 

Hidroaviones

La iniciativa, “sin precedentes” en estas fechas tan prontías, limita las actuaciones forestales y obliga a activar más medios humanos para la prevención y control de incendios. La situación de la sequía es además tan excepcional, según los sindicatos de bomberos forestales, que la Generalitat ha prohibido recientemente a los hidroaviones que luchan contra los incendios coger agua de tres embalses: La Baells (Berguedà, Barcelona), la Llosa del Cavall (Solsonès, Lleida) y Sau (Osona, Barcelona). Un nuevo hándicap para la extinción.

Paradójicamente, esta delicada situación sobre el terreno se da en el mejor año para los bomberos forestales en lo laboral, ya que tras años de lucha -al menos desde 2016-, los sindicatos han conseguido que el Gobierno apruebe [el pasado febrero] los anteproyectos de ley que regulan la situación laboral de bomberos forestales y agentes medioambientales.

Las normativas aseguran unas condiciones laborales y profesionales equivalentes en todo el territorio nacional para ambos colectivos. Determinan además cuáles son los derechos, deberes, y los medios de los que deben estar dotados, así como medidas de seguridad y coordinación de los efectivos. Actualmente los anteproyectos están en el trámite de las enmiendas parciales en Congreso de los Diputados y está previsto que las leyes salgan adelante en los próximos meses, aunque queda "un duro trámite" en las Cortes, advierten los sindicatos.

“El problema que había hasta ahora era que teníamos 19 categorías distintas a nivel nacional; eso ha generado, entre otras cosas, una disparidad de criterios para saber qué funciones debían desempeñar o no”, aprecia Ángel Rubio, responsable del Sindicato Profesional de bomberas y bomberos forestales de UGT, que señala que la regulación permitirá “homogeneizar funciones y el tiempo de trabajo máximo frente al fuego” o ver reconocidas enfermedades específicas de la profesión, entre otros asuntos [los bomberos pueden respirar hasta siete tóxicos cancerígenos durante la extinción de un incendio]. “Con la ley la figura del bombero forestal comenzará a tener sentido en detrimento de las actuales contrataciones que van desde peón de la caza, peón forestal o hasta jardinero. Es una anomalía normativa que esta ley corregiría”, añade Carlos Martín, representante de bomberos forestales en CCOO.

Riesgo

En la actualidad, cada comunidad autónoma regula a sus bomberos forestales a su parecer [se calcula que hay entre 22.000 a 25.000 dependiendo de si es época de mayor riesgo o no] y hay diferentes modelos. Hay comunidades con el servicio privatizado, otros tienen servicio mixto público-privado y otros han decidido 'funcionarizar' a los trabajadores. “En nuestra comunidad”, explican desde CCOO Extremadura, “son casi todos empleados públicos, partimos de una situación mejor que en otras comunidades”. En esta comunidad hay entre 850 y 1000 bomberos forestales. Galicia es otra zona donde se está en proceso de convertir a los bomberos en funcionarios públicos y en el futuro también hay compromiso de hacerlo en La Rioja. En Aragón, por ejemplo, son empleados de una empresa pública mientras en Castilla y León hay un sistema mixto, donde el 25% es de gestión pública y el resto privada. En Murcia, el servicio es completamente privado.

“Todo esto hace que en algunas comunidades los bomberos puedan trabajar hasta 14 horas en primera línea de fuego mientras en otros el límite sea ocho, por ejemplo”, afirma el representante de UGT, que estima que este modelo tan diverso ha fomentado a lo largo de los años que se “precarice” el sector, con aumento de las contrataciones solo en las épocas calientes [Andalucía, por ejemplo, contrata unos 800 bomberos en la época con mayor riesgo]. Con la nueva normativa “se homogeiniza la categoría y se podrá asentar que el personal esté los 12 meses”, dice Rubio, que afirma que desde que se aprobara el Real decreto ley del 25 agosto 2022 de forma urgente las comunidades deben además rendir cuentas al Estado sobre cómo dimensionan sus dispositivos, lo que en teoría mejorará la coordinación entre comunidades a la hora de frenar grandes incendios. Según denuncian los sindicatos, hay comunidades que no lo cumplen o lo hacen a medias.  

“La Ley tiene mucha importancia porque es un profesión que a día de hoy tiene una regulación normativa pero no se aplica. La figura del bombero forestal existe pero quienes estamos realizando ese trabajo, la mayoría, o no estamos contratados como bomberos forestales o, si lo estamos, no se aplica lo que debería aplicarse de ser personal o dispositivos de emergencia que prestan un servicio público dentro del ámbito de las emergencias, con lo que ello conlleva”, añade Martín sobre algo que rectificaría la ley, que permitirá asimismo que se reconozca la peligrosidad en el sector y se permita la jubilación anticipada en los casos más sensibles [hay profesionales que con 62 años se ven obligados a estar en primer línea en la lucha contra el fuego]. 

Prevención

Para los sindicatos la precariedad laboral que arrastra el sector ha provocado que no se hayan hecho las labores de prevención más optimas a lo largo de todo el año para tratar de que los incendios sean lo menos devastadores posible, como tener “lugares de oportunidad” para atajar de la mejor manera de los incendios. 

“Cuando se supone que no hay riesgo importante a mucha gente se le echa a la calle”, aprecia Martín, que asegura que, según cálculos de los sindicatos, entre el 15 y el 50% del personal que se tiene contratado en el nivel mayor de riesgo en algunas comunidades deja de estarlo cuando este baja.  “El mayor énfasis que hay que poner es en la prevención, no solo en ser reactivos, y esto con la ley creo que se puede dar un buen salto en ese sentido”, asegura. “No acabamos de ver que haya una apuesta seria para que haya contratos de 12 meses, cuando entendemos que es esencial”, añade el representante de CCOO. 

Los expertos en los sindicatos vaticinan que va a ser un año “muy duro” en cuanto a incendios. “Tenemos sequía acumulada, con una primavera casi inexistente”, explica Rubio, “y las previsiones de la AEMET es que continúe en verano, lo que será un cóctel perfecto para ver un año terrorífico”. “Estos episodios de sequía prolongada hacen que los incendios sean más devastadores y tenemos incendios de quinta generación muy avanzados”, advierte el representante de CCOO, que incide en que las comunidades autónomas deben adecuar sus sistemas de emergencia al momento actual “porque el mundo rural cada vez está más desprotegido”.

"La sociedad debe ser o empezar a ser consciente de que, dentro de las emergencias climáticas, los incendios forestales serán, y ya están siendo, una gran situación de emergencia social, ciudadana y medio ambiental a la que tenemos que estar lo mejor preparados posibles", concluye Rubio.