El Gobierno se dice “ejemplo en gestión migratoria” y PP y Vox le acusan de fortalecer a las mafias

La inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles, según el último CIS, y el cruce de reproches entre el Gobierno y la oposición por la situación en Canarias ha escalado de forma pareja este miércoles en el Congreso. Desde PP y Vox se ha acusado al Ejecutivo de inacción y de promover con ello un aumento de la inmigración irregular y acabar fortaleciendo a las mafias de tráfico de personas. El Gobierno, por su parte, ha arremetido contra lo que considera discursos “xenófobos” tanto de los populares como de la formación de Santiago Abascal. Todo ello, un día antes de que Alberto Núñez Feijóo se reúna con la presidenta italiana, Georgia Meloni.

La ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, fue la encargada de responder a la moción sobre la “crisis migratoria” promovida por el PP y no solo puso en valor la política de “atención humanitaria”, sino que “nos ponen como ejemplo de gestión migratoria tanto en Estados Unidos como en la propia Comisión Europea”. Respecto a la situación de los menores migrantes en Canarias insistió en que quien le ha dado la espalda ha sido el PP al votar en contra de la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria la distribución en el resto de comunidades autónomas.

La diputada y vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del PP, Ana Alós, puso como ejemplo de la política migratoria del Gobierno que el 80% de las personas que fueron acogidas del barco de rescate Aquarius en 2018 “siguen siendo irregulares”. Solo en este año cifró en 57.000 el número de inmigrantes irregulares llegados a nuestras fronteras. Frente a las críticas por posicionarse al lado de las políticas de gobiernos como el de Meloni, Alós recordó que el gobierno socialdemócrata alemán está cerrando las fronteras a las personas y migrantes irregulares y practicando “deportaciones masivas”.

Las posiciones para buscar una salida a la situación en Canarias están cada vez más distantes y contaminadas por el debate partidista. Saiz ha insistido en retomar la reforma que ya tumbó el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts, mientras que los populares se acogen al documento que recientemente firmó Feijóo con el presidente del Canarias, Fernando Clavijo, como base para negociar. Esto es, según enumeró la diputada, una mayor “corresponsabilidad” del Estado, mayor financiación para las comunidades autónomas que acojan a menores migrantes y una posición consensuada en el seno de la Conferencia de Presidentes.

A la confrontación en público y las acusaciones mutuas de no sentarse a negociar se suman las amenazas cruzadas entre el Gobierno central y el canario. Si primero fue Clavijo quien anunció su intención llevar a los tribunales al Ejecutivo por “dejación de funciones”, este martes fue el Gobierno quien solicitó un informe al Consejo de Estado para llevar al Tribunal Constitucional el protocolo de acogida del gobierno canario.

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, reprochó precisamente esta decisión del Ejecutivo que tildó de “amenaza”. Tras asegurar que “la situación en la que están los centros de Canarias se hace francamente imposible”, pidió al Gobierno no limitarse a recriminar al PP su posición y actuar con más medidas urgentes. “La diligencia que no tenemos para unas cosas la tenemos para llevar al Gobierno canario al Constitucional”, reprochó.

Después de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, diese un plazo hasta el próximo martes para retirar el protocolo de acogida y frenar así la vía jurídica, la diputada de Coalición Canaria se abrió a realizar cambios. “Si se tiene que corregir se corregirá, no pasa nada, pero las cosas también se pueden hablar antes de amenazar con los tribunales”, aseguró. Con todo, recriminó que no ayuda a un acercamiento el hecho de “anunciar a bombo y platillo la denuncia al Gobierno de canarias por una resolución administrativa que se puede modificar de mutuo acuerdo”.

"Propuesta 'fake'"

En medio de este fuego cruzado, el ministro de Política Territorial y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, han agendado una reunión para la próxima semana para intentar desbloquear la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En este contexto, la ministra Elma Saiz volvió a tildar el documento firmado por el PP con el presidente de Canarias de “propuesta 'fake'”.

Sus puntos clave pasan por la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes, la declaración de emergencia migratoria nacional y no solo en las islas y en Ceuta, y garantizar el control en fronteras con más controles policiales, un pasaporte de tránsito, más recursos en la Comisaría General de Extranjería, el despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad en los países de origen, solicitar a la UE el despliegue de Frontex y aumentar el personal en la tramitación de expedientes de retorno. Desde el Gobierno lo ven como una dificultad añadida al considerar que se añaden nuevas exigencias tras haber aceptado otras previas con el único ánimo, dicen, de buscar “excusas” para aceptar el reparto obligatorio de menores migrantes por la presión de Vox.