Clavijo fuerza su presencia en la reunión interministerial para placar la ofensiva del Estado

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, intervendrá mañana en la Comisión Interministerial de Inmigración para exponer la situación del Archipiélago frente a la emergencia humanitaria por la acogida de más de 5.300 niños y adolescentes no acompañados. El pasado viernes, el jefe del Ejecutivo regional pidió comparecer ante los ministros implicados en la gestión de las migraciones para explicar "la situación límite" que atraviesan las Islas como frontera sur de Europa. A través de una carta, Clavijo solicitó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien presidente de la interministerial, participar en el encuentro "con voz, pero sin voto", tal y como permite la normativa. Ese mismo día, el ministro y expresidente canario respondió por escrito rehusando la demanda de Clavijo. Torres alegó que la reunión ya se había convocado el miércoles -11 de septiembre-, "en tiempo y forma", y que el orden del día ya estaba cerrado.

Tras conocer la negativa de Torres, Clavijo reiteró su petición de participar en ese encuentro o en uno posterior, "para abordar un drama humanitario de carácter urgente". En su carta, el jefe del Ejecutivo canario anunciaba que mañana estará en Madrid para atender otros compromisos y añadía que "confía en la voluntad de diálogo expresada por el Gobierno de España para tratar de buscar una solución que permita gestionar la crisis actual, garantizar la protección y el interés superior de los menores y, además, diseñar una estrategia integral para la gestión de un asunto que requiere una respuesta transversal".

El ministro da su brazo a torcer

Torres concluyó su breve misiva apelando al "diálogo interadministrativo y la cogobernanza" como camino para "resolver los problemas que tiene la ciudadanía" y, añadió que el Gobierno de España "estará al lado del Gobierno de Canarias en la búsqueda de soluciones". Ante esto, Clavijo, en su segunda carta, apuntó que coincide en la necesidad de ese diálogo entre administraciones, por lo que esperaba que mañana se pudieran sentar para impulsar y coordinar las medidas necesarias para atender los flujos migratorios irregulares hacia el Archipiélago.

Hoy, mientras Clavijo volaba a Madrid para cuplir su agenda en la capital, Torres respondió al escrito, aceptando su intervención al finalizar la reunión de los ministros, una vez abordados todos los puntos del orden del día. Fuentes del Ministerio de Política Territorial aseguran que "el Gobierno de España no ha negado la participación del presidente de Canarias en la Comisión Interministerial de Inmigración". El cambio de postura del ministro fue comunicado antes a los medios de comunicación que al propio interesado, cuyo gabinete recibió la carta de Torres minutos después de que saltara la noticia de que finalmente sería escuchado.

La Comisión Interministerial de Inmigración se constituyó el pasado 30 de enero, después de que Canarias insistiera durante cuatro meses en su creación, para abordar el problema de forma coordinada y evitar tener que tocar a la puerta de seis los ministerios responsables de forma individual. En estas reuniones participan representantes de los ministerios del Interior; Trabajo y Economía Social; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Juventud e Infancia. Entre las funciones de la comisión está impulsar y coordinar las medidas que deba adoptar el Estado en materia migratoria, así como fomentar y coordinar las medidas de atención en relación con niñas, niños y adolescentes inmigrantes y, en especial, con aquellas personas menores de edad inmigrantes no acompañadas, en el ámbito de las competencias del Estado.

Este encuentro interministerial fue convocado de urgencia para ver de qué manera puede reaccionar el Estado ante el protocolo elaborado por Canarias para la recepción de los menores migrantes, que complementa a la normativa estatal creada en 2014 y que, según el Ejecutivo regional, no se cumple. El Gobierno central está estudiando llevar mañana al Consejo de Estado la solicitud de un informe para valorar la posibilidad de llevar al Tribunal Constitucional (TC) el protocolo impuesto por el Ejecutivo autonómico. Esta medida llegaría después de que el Ministerio de Juventud e Infancia enviara la semana pasada a la Fiscalía un informe en el que expone que los trámites exigidos por Canarias "pueden ser constitutivos de una vulneración grave de derechos fundamentales de la infancia en España". El objetivo principal del nuevo protocolo aprobado por el Gobierno de Clavijo es garantizar la correcta identificación de los niños, para evitar confusiones, como ya ha ocurrido, y asegurarse de conocer las condiciones de vulnerabilidad de los menores, especialmente si pueden ser solicitantes de asilo.

Cuando se hizo público el nuevo protocolo, los ministros salieron en tromba a criticarlo. Hoy, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se mostró "perpleja" ante las palabras de Clavijo, quien ayer criticó al Ejecutivo de Sánchez por las amenazas que ha lanzado a Canarias tras anunciar que el nuevo protocolo sería de obligado cumplimiento. Saiz volvió a ponerse de perfil e invitó al presidente canario a pedir explicaciones a su socio de gobierno, el PP, por haberse negado a debatir una reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que haría obligatorio el reparto de los niños entre todas las comunidades autónomas. La ministra consideró "tremendamente injustas" y "subidas de tono" las manifestaciones de Clavijo, quien a su vez calificó de "ataque" los avisos que tanto el Gobierno como la Fiscalía han hecho a la administración canaria a raíz de que anunciara que exigirá la aplicación de un protocolo "para poder atender y garantizar la seguridad de estos menores".

El Ejecutivo canario lleva trece meses pidiendo auxilio al Estado para aliviar el colapso de los centros de menores migrantes, donde no se puede garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños. Hasta ahora, no ha llegado a Canarias ni un euro para la atención de la infancia migrante y todo el presupuesto que moviliza la Unión Europea para la gestión de las migraciones se ha destinado a la acogida de los adultos, que son de competencia estatal. El único apoyo que ha recibido Canarias fue la cesión de dos espacios militares que el Ministerio de Defensa puso a disposición del Gobierno regional que, diez días después del anuncio todavía está a la espera de una autorización que le permita acceder a los espacios para valorar su estado y decidir si son aptos para alojar menores. Uno de estos recursos es el polvorín de Tabares, cuyo estado de abandono lo hace inahabitable.