La expresidenta de Adif afirma que conocía al comisionista del caso Koldo del Ministerio de Transportes

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, que conocía a Víctor Gonzalo de Aldama, considerado comisionista de la trama Koldo, de verle en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), y que las "presiones" que dijo haber recibido cuando compareció ante la UCO de la Guardia Civil para hablar sobre el contrato de compra de cinco millones de mascarillas -por 12,5 millones de euros- a Soluciones de Gestión se referían al momento que atravesaba el país debido a la pandemia de covid, circunstancia que obligaba a agilizar la contratación.

En este sentido señaló que el acta que recogía su declaración ante los agentes el 21 de febrero, en la que se decía que "recibió presión del Ministerio de Transportes de (José Luis) Ábalos y de su gabinete" para que la adjudicación a la empresa principal de la denominada trama Koldo "se realizara con la mayor premura posible", no era acertada. En todo caso, ha echado balones fuera sobre su responsabilidad en la elección de la empresa Soluciones de Gestión y ha reconocido que nadie le rindió cuentas sobre la solvencia de dicha sociedad.

En otro momento de su declaración, y en consonancia con lo que manifestó durante su comparecencia en el Senado el pasado 31 de mayo, Pardo de Vera ha dicho conocer a Víctor Gonzalo de Aldama, considerado comisionista de la trama Koldo, de verle en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), cuando ella se desplazaba a "la tercera planta" para "despachar" con el entonces ministro, José Luis Ábalos.

Respecto a Soluciones de Gestión, Pardo de Vera aseguró que el teléfono le fue facilitado por whatsapp por el que era presidente de Puertos, Francisco Toledo, que declaró el pasado viernes ante el magistrado y cuya imputación ha sido solicitada este mismo lunes por una de las acusaciones populares personadas, la que ejerce Hazte Oír, que centra las dudas sobre su actuación en el dinero que el ministerio afianzó para asegurar la compra de mascarillas. Sostiene que la ley de contratación pública prohíbe estas prácticas si con ellas se pretende ayudar a la credibilidad de una empresa.

Fuentes de las acusaciones han apuntado a este diario su extrañeza porque Pardo de Vera viniera acompañada hasta la puerta de la sala donde tuvo lugar su declaración como testigo (por lo que no precisaba de un abogado) por la que fuera abogada del Estado jefa de Penal Rosa María Seoane, que ahora ejerce la abogacía en el ámbito privado. Ella misma manifestó que ahora está en excedencia en los Servicios Jurídicos del Estado y que había acudido a a la Audiencia Nacional por su amistad con la expresidenta de Adif.

Un informe "impreciso"

En la jornada de este lunes también ha comparecido Manuel Fresno Castro, director Financiero y de Control de Gestión de Adif, quien como el resto de testigos que han comparecido ha cuestionado el contenido del informe de auditoría impulsado por el exministro Óscar Puente, en el que se señalan importantes irregularidades en los contratos, tanto de Adif como el firmado con Puertos del Estado, con la empresa de la trama para la compra de 8 millones de mascarillas por un total de 20 millones de euros.

Según las fuentes consultadas, Fresno incluso ha llegado a asegurar que las palabras textuales que se le atribuyen como consecuencia de una entrevista por parte de los auditores del ministerio no eran las suyas, y que tampoco hizo un análisis como tal sobre la solvencia de Soluciones de Gestión, ya que se limitó a recabar información comercial que luego trasladó.

Las mismas fuentes manifestaron que Fresno habría trasladado a Pardo de Vera la responsabilidad sobre la contratación de la compra de los cinco millones de mascarillas y ha reconocido que no estaba entre sus funciones elaborar un modelo de acta para la entrega del material, unas actas que el informe Puente dice que no se han podido encontrar.

También ha declarado como testigo Martín José Navarro Vicent, director de Recursos Humanos de Adif, que compartía con su compañero discrepancias con el informe de auditoría. Las acusaciones no descartan que en el futuro puedan solicitar un careo entre los autores de dicho informe, que ha sido aportado a la causa judicial, y ex altos cargos de Transportes en el momento de otorgarse los contratos.