Hacienda desoye a Sumar y descarta imponer el IVA en la educación y sanidad privadas

El Gobierno ha incluido en su agenda para este curso política el impulso de una reforma fiscal. Con la vista puesta en subir impuestos a lo que Pedro Sánchez denominó “élites”. Una hoja de ruta que deberá consensuarse primero entre los socios de coalición. A falta de aterrizarse las negociaciones, en la parte socialista del Ejecutivo ya se han desmarcado de la propuesta de Sumar para eliminar la exención del IVA a la educación y sanidad privada. Fuentes del ministerio de Hacienda se remiten al informe del comité de expertos para la reforma del sistema tributario que la desaconsejó. Asimismo, advierten que “cualquier propuesta debe tener capacidad de consenso con los grupos”, en referencia a las reticencias de Junts y PNV.

Las mismas reticencias que reconocen en Moncloa a la hora de reformar los impuestos extraordinarios a la banca o las energéticas. Su intención es tratar de hacerlos permanentes, aun con cambios para permitir deducciones a las compañías por las inversiones en transición energética que realicen. A diferencia del IVA, PSOE y Sumar sí pactaron en el programa de Gobierno la revisión de los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas “con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual”, a finales de año. “Se trabajará todo lo que haya que trabajar, pero en este contexto parlamentario”, explican fuentes del Gobierno para responder a una propuesta más de máximos de sus socios de coalición.

El informe al que se refieren desde el ministerio de Hacienda para descartar la aplicación del IVA a la sanidad y la educación privada concluye que la mayoría de sus exenciones son obligatorias de acuerdo con la directiva del IVA de la UE. De ahí que se apliquen “casi de manera unánime” en la zona euro, por lo que se pone en duda su eliminación sin un cambio normativo a nivel comunitario.

En los argumentos en contra de su eliminación se destaca que “alteraría la competencia entre los sectores público y privado en la prestación de esos servicios”; la dificultad para delimitar ”qué operaciones deberían quedar excluidas de la exención y cuáles no y que “aunque se suprimiera la exención con carácter general para los servicios de sanidad y educación, todavía debería mantenerse para la prestación de aquellos servicios provistos de manera casi exclusiva por el sector privado, sin alternativa, por tanto, de provisión pública, como la atención dental o, todavía, el primer ciclo de educación infantil”.

Productos de lujo

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya trasladó durante su intervención en el debate de investidura de Pedro Sánchez que “no compartimos que la sanidad y la educación privada tributen al 0% en el IVA”. Este martes, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, volvió a apuntar a esta medida desde la misma en la que se sentaba la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Junto a ello apuntó a la subida de tributos a los productos de lujo. Desde Sumar avanzan que harán pública en las próximas semanas la propuesta de reforma fiscal que negociación con los socialistas.

Pese a desaconsejarse, el comité de expertos para la reforma laboral destacaba en su informe de 2022 que “puede argumentarse que la exención, como la reducción de los tipos impositivos, no parece ser el instrumento más adecuado para facilitar el consumo de los mismos entre el conjunto de la población, porque son las personas con rentas más altas las que los consumen más y las que obtienen un beneficio más elevado”. Por otra parte, cifra su potencial recaudatorio, citando a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en hasta 1.763 millones de euros en el caso de la sanidad privada y de 1.694 en el de la educación privada.

Vinculado a Presupuestos

El alcance de la reforma fiscal, que Sánchez fijó entre las prioridades del Gobierno para “gravar a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas”, tiene no obstante otras dificultades para materializarse. La primera tiene que ver con la aprobación de los Presupuestos. Una buena parte de estas medidas dependerá de que haya cuentas públicas, algo para lo que el Ejecutivo no tiene garantías y allana ya la posibilidad de volver a prorrogar las actuales.

La otra de las dificultades, principalmente la que tiene como objeto modificar algunos de los impuestos extraordinarios para convertirlos en permanentes, es la resistencia dentro del bloque de investidura. Un bloque heterogéneo en lo ideológico, sobre todo en materia fiscal. Nuevamente, se apunta a las posiciones moderadas de jeltzales y posconvergentes.