En grupos reducidos, de un máximo de nueve personas por medidas de seguridad, y a partir de la 9 de la mañana del próximo lunes 6 de mayo. Es la forma en que la secretaría de Estado de Memoria Democrática ha organizado la visita de los familiares que quieren recuperar restos inhumados en el monumento de Cuelgamuros. 

Por correo electrónico y con llamadas telefónicas, el Gobierno ha comunicado a las familias esta tarde de martes que dará cumplimiento a las peticiones que habían tramitado por escrito después de que, hace un mes, Pedro Sánchez subiera al Valle. 

El pasado 4 de abril, en una visita no anunciada previamente, el presidente del Gobierno conoció de primera mano los trabajos del equipo de forenses desplegado por la Secretaría de Estado bajo mando del doctor Francisco Echevarría para la recuperación y entrega de restos reclamados por un centenar de familias. 

La visita presidencial provocó la queja de varias familias, que habían estado pidiendo en vano poder subir hasta los enterramientos practicados por los construcotres del franquismo en los laterales de la basílica de la Santa Cruz, templo horadado en la montaña de granito.

Tras la queja, el ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática reaccionó poniéndose en contacto con las familias para que, previa instancia, tramitaran sus solicitudes, con el fin de compeltar un listado y organizar la visita. Al final son una treintena.

Trabajos delicados

Se ha elegido el lunes porque ese día, como en el resto de complejos monumentales administrados por Patrimonio Nacional, el recinto del Valle de los Caídos está cerrado a visitas del público común. El acceso a las criptas -la del Santo Sepulcro y otras- fue examinado primero por técnicos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción para que el Ejecutivo tuviera la seguridad de que los forenses que trabajan allí no corran el peligro de un derrumbe.

Sesenta y cinco años después de su construcción, el monumento registra un deterioro muy acusado por la humedad y la mala calidad de los materiales que fueron empleados antes de 1959 por una mano de obra integrada en su mayoría por republicanos con penas de muerte y de prisión conmutadas por el trabajo.

La recuperación de los restos es un trabajo muy delicado. A menudo no existen listados con nombres relacionados con las cajas numeradas que se amontonan en las criptas. El tiempo y la humedad han desmoronado esas cajas y su contenido, mezclando barro y osamentas. De ahí que los forenses tengan que recurrir a estudios de ADN para identificar correctamente a los muertos.

Entre las familias que exigen la devolución de los restos de sus ancestros no solo las hay de combatientes o ajusticiados del bando republicano. Tambíen -y entre ellas una actualmente afincada en Barcelona- de caídos del bando franquista.

Caso pionero

Los primeros en subir a la basílica serán los familiares de los hermanos Antonio Ramiro y Manuel Lapeña Altabás, anarquistas aragoneses asesinados por un escuadrón de paseos en 1936 y cuyos restos fueron primero abandonados en un barranco de Calatayud (Zaragoza) y después trasladados al Valle.

El caso de los Lapeña es pionero en materia de Memoria Democrática. Manuel Lapeña, hijo y sobrino de los dos republicanos fusilados, ya no podrá ver cumplido su deseo de recuperar y enterrar a sus parientes con el resto de la familia: murió el año pasado con 95 años esperando el cumplimiento de una sentencia que le daba la razón.

El 9 de mayo de 2016, el juez de primera instancia de San Lorenzo de El Escorial José Manuel Delgado falló a favor de la petición del derecho a digna sepultura que, rescatando un precepto creado para los muertos de las guerras de Cuba y Filipinas, pudo argumentar el abogado especialista en Memoria Eduardo Ranz. Desde entonces han pasado ocho años con la sentencia incumplida, hasta el reciente inicio de los trabajos, que han tenido que superar varias dilaciones administrativas y diversos recursos interpuestos por familias representadas por organizaciones de la órbita de la Fundaciòn Francisco Franco.