Por teléfono, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, le pregunta a Mohamed El Kattani, director del marroquí Attijariwafa Bank: “¿Entra dentro de lo posible que alguien se entere de mis cuentas en este banco… alguno de sus empleados puede irse de la lengua?” Y el banquero le contesta: “Si alguien de aquí se va de la lengua se la corto, téngalo por seguro”. La conversación, falsa, aparece en un documento apócrifo que simula transcripciones de pinchazos del CNI. El papel circulaba con profusión por redes sociales y chats de whatsapp de la periferia de Vox cinco días antes de que Pedro Sánchez anunciara la suspensión de su agenda.

Esta invención, fabricada al hilo del debate periodístico real sobre Begoña Gómez, es una de las últimas historias de éxito en lo que Sánchez ha dado en llamar “galaxia digital ultraderechista”. Una tertulia en torno a este bulo organizada en Youtube por un propagandista de ese ámbito extremista ya tenía medio millón de visualizaciones la tarde en que Sánchez dejó en vilo al poder ejecutivo. La invención ya forma parte de la colección de monstruos y artefactos de la desinformación en España.

Desde que el presidente ha anunciado que seguirá, la palabra “desinformación” no se le ha caído de la boca, frecuentemente ligada al parafraseo de Umberto Eco: “Máquina de fango”. Ahora se habla mucho del tema, pero la preocupación en Moncloa por este fenómeno no es nueva. Durante la pandemia eclosionó como una de las amenazas más activas detectadas para la seguridad de España, como en el resto de países de la UE y en Estados Unidos, pero ya antes se venía observando el corrosivo efecto de las falsedades.

La corrosión

Una de las más comprensibles definiciones de desinformación la acuñó un algo cargo de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en un foro profesional sobre ciberamenaza celebrado en Madrid en la primavera de 2023, con asistencia de El Periódico de Cataluña, del mismo grupo editorial.

Según describió, un "actor de desinformación" busca:

1) Influencia en la decisión de voto del ciudadano.

2) Afectación a la credibilidad de las instituciones y procesos democráticos.

4) Daño a la imagen pública de candidatos, con consecuencias en la intención de voto.

5) Creación de dudas sobre el proceso electoral.

6) Falseamiento de datos.

7) Colapso del flujo de información llenándolo de noticias falsas que llevan a la gente a dudar de todo”.

Hay un elemento característico de los desinformadores: todos ellos pretenden que la audiencia a la que embaucan se desconecte del periodismo profesional diciéndoles que son ellos, y solo ellos, los que dicen “las verdades que otros no cuentan”, o bien imitando con blogs y vídeos de internet a diarios y televisiones auténticas. Son lo que ahora Sánchez llama “seudomedios”. Frecuentemente, como está visto en el ámbito de la Alt Right norteamericana, se sigue una cadencia: primero fondos de origen desconocido, a veces de un partido o de seguidores de ese partido, financian la fundación de un psudomedio. Después, esa misma facción politica y financiadora filtra un relato, datos, un caso, papeles... a ese panfleto, que no tiene la necesidad de contrastar, y lo introduce -inocula- en la agenda mediática de forma indivcidual o confundiéndose entre el ruido de otras informaciones periodísticas que sí son auténticas. Finalmente, de la agenda informativa pasa a la agenda política y judicial.

En general, los expertos de la Seguridad del Estado distinguen dos ámbitos de las campañas de desinformación con amplias áreas de intersección: la desinformación organizada en el extranjero, o injerencia -como se ve de forma muy intensa en Europa desde el inicio de actual guerra de Ucrania- y la montada dentro del país, que es de la que Pedro Sánchez dice acusar el golpe.

En ambos casos el objetivo es siempre político, y en la lucha contra ambas modalidades, la dificultad de atribución, de seguir la cadena para ver de dónde sale la mentira, es una de las principales dificultades.

La vigilancia

Hace seis años que el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) analiza el efecto desestabilizador y polarizador de la mentira organizada en España. Este organismo de la seguridad del Estado tiene un área específica dedicada al fenómeno, que se apoya en una amplia red de colaboradores del mundo académico y periodístico de izquierdas y de derechas. El proyecto arrancó con el impulso del anterior director del DSN, el general Miguel Ángel Ballesteros, figura respetada en todas las aceras políticas.

Después de que un aguacero de bulos atacara a la credibilidad de las autoridades sanitarias y políticas durante el confinamiento del covid, luego de que invenciones alarmistas sacaran a extremistas a hacer caceroladas en la calle y de que se organizaran concurridos foros antivacunas en internet invitando a desobedecer al Estado, la Estrategia Nacional de Seguridad comenzó a recoger la desinformación como amenaza para España en 2021. Y ya en esa fecha hablaba de la necesidad de un ámbito de trabajo público y privado para defender a la sociedad española de las infecciones de bulos.

En 2022 se creó el Foro Contra las Campañas de Desinformación en el Ámbito de la Seguridad Nacional con participación de colectivos de periodistas, profesores universitarios, investigadores y especialistas de inteligencia.

Una de las primeras misiones que se puso el foro es la de diseñar una estrategia de realfabetización periodística de la sociedad para hacerla menos vulnerable a las campañas de mentiras. Inspirada en una reflexión a nivel europeo, la creación de una red de alerta temprana de campañas de desinformación es una de sus últimas recomendaciones.

Preocupación política

En el último informe del Foro, la preocupación por el fenómeno se subraya desde el inicio: “La desinformación organizada no es un fenómeno nuevo, pero la revolución digital la ha llevado a una escala y velocidad de difusión sin precedentes que la han convertido en un riesgo para la seguridad de los Estados democráticos y sus procesos electorales”, dice en su presentación.

Se trata de un asunto delicado, resbaladiza pista de baile para la discusión política. En plena pandemia, la derecha y la ultraderecha se pronunciaron contra el tímido proyecto gubernamental de vigilar y atajar los bulos tildándolo de “policía de la verdad” y acusándola de un afán censurador. Pero el fenómeno fue también materia de preocupación para el PP cuando gobernaba.

El 15 de febrero de 2018, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, conocedora directa de las amenazas a la seguridad nacional, advirtió del peligro de la “proliferación de noticias falsas” en un evento sobre el tema. No había ocurrido aún una pandemia, pero sí un estallido del procés en el otoño de 2017 en el que llovieron infundios, muchos de ellos centrados en tratar de construir un relato de la implicación del CNI en el atentado islamista de las Ramblas, posteriormente aprovechados por personajes como el excomisario Villarejo.

Seis años después del otoño del procés, los procesos electorales de 2023 se celebraron en España con políticos de la oposición conservadora alentando la narrativa del “pucherazo” e invenciones contra la empresa Indra -contratada para el recuento electrónico- que anónimos operadores de las redes sociales fueron vertiendo con paulatina intensidad antes de las votaciones.

La desinformación tensó mucho el clima. Durante la actuación contra el robo de votos por correo en Melilla, un mando policial estaba preocupado por no tener tiempo que perder. No tanto por que los culpables fueran a escapar, sino por el efecto corrosivo. “Debemos actuar rápido contra este delito, o a la gente la van a hacer desconfiar de las elecciones”, comentaba a El Periódico de Catañuña, del mismo grupo editorial, en plena operación policial en la ciudad africana.

Hasta el Papa

La desinformación tiene un uso bélicó desde la antigüedad premedieval hasta la actual guerra híbrida, pero son los organismos de inteligencia militar de la Unión Soviética los que la sistematizan como arma para socavar a la oposición interna y a Occidente. En 1923, bajo Stalin, el estado mayor ruso lo llamó “Medidas Activas”, un conjunto ilimitado de acciones, que evolucionó posteriormente a panoplica moderna de sabotaje cognitivo organizado para socavar la moral de naciones enemigas, su estabilidad política, la cohesión de sus sociedades y la credibilidad de sus dirigentes, de forma que una acción militar posterior contra ese país sea menos costosa o, incluso, innecesaria.

No fue la injerencia del Kremlin contra Hillary Clinton y a favor de Donald Trump su éxito más reciente. En la UE está acrisolado como efecto de esas medidas activas el turbión de mentiras sobre inmigración, derroches y nacionalismo que enfangó la campaña y el referendum del Brexit.

En el Parlamento Europeo hay consenso entre populares y socialistas sobre la vigencia de esta amenaza, en la Comisión Especial sobre Injerencia en los Procesos Democráticos de la que es vicepresidente el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos.

Los avisos contra el peligro de la desinformación no desaparecen en Europa. La propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, cita a menudo la amenaza. Y de forma solemne en Davos, ante el Foro Económico Mundial, en enero pasado recordó el peligro de “la desinformación a escala industrial” como un “intento de desviarnos del camino”.

Una encuesta en ese foro considera la desinformación como el riesgo número 1 para las sociedades desarrolladas en los próximos dos años.

Contra la mentira organizada se ha pronunciado incluso el papa Francisco. En la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales celebrada el 24 de enero de 2023, el pontífice llamó a “superar los ruidos confusos que, también en el campo de la información, no nos ayudan a discernir en la complejidad del mundo en que vivimos” y clamó contra “la desinformación, que falsifica e instrumentaliza la verdad”.