COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Moncloa se abre a la comparecencia de Rajoy por la Operación Cataluña: "Hay que llegar hasta el final"
Fuentes del Gobierno explican que el mejor marco para analizar las implicaciones del anterior Ejecutivo popular será la comisión de investigación pactada con Junts y no descartan en último término la vía de los tribunales
El expresidente Mariano Rajoy, junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el pasado mes de noviembre en un desayuno informativo. / José Luis Roca
El Consejo de Ministros ha debatido en su reunión de este martes sobre las informaciones que involucran al Gobierno de Mariano Rajoy con la denominada 'operación Cataluña' contra el independentismo. No es habitual este tipo de análisis fuera de los asuntos legislativos que se tratan, pero la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, lo ha justificado por tratarse de un tema de “enorme gravedad”. “Los hechos que estamos conociendo son muy graves y nos trasladan conductas bochornosas y vergonzantes”, ha argumento en referencia a los documentos secretos publicados en Eldiario.es y La Vanguardia que demostrarían la utilización de recursos públicos para perseguir a políticos y empresarios catalanes. En base a ello, desde el Gobierno avanzan que “hay que estudiar toda la documentación y llegar hasta el final y aclarar todo lo que estamos conociendo”.
Fuentes de Moncloa explican que el mejor marco para este análisis será la comisión de investigación pactada con Junts y no descartan en último término la vía de los tribunales. “Hay que pensarlo todo”, indican estas mismas fuentes, para destacar la “oportunidad” de poner en marcha dicha comisión de investigación en el Congreso. A lo que sí se abre el Gobierno de forma más inmediata es que comparezca el expresidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, en el Congreso para dar explicaciones sobre los documentos ahora revelados.
“No descartamos la comparecencia de ningún miembro de la anterior Administración del PP”, ha asegurado Alegría en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para poner el foco sobre Génova. “Frente al conocimiento de la gravedad de estos hechos es evidente el silencio absoluto de Feijóo y el PP”, ha reprochado.
Los socialistas sí se opusieron en la anterior legislatura a que el expresidente del Ejecutivo compareciese, como reclamaron tanto desde Podemos como desde los partidos independentistas en una comisión de investigación que abordó el mismo asunto. Ahora, desde el Gobierno tratan de vincular al PP de Mariano Rajoy con el de Alberto Núñez Feijóo concluyendo que “la manera de actuar del PP cuando está en el Gobierno es utilizar todos los resortes del Estado de derecho para perseguir a sus oponentes políticos y cuando está en la oposición plantear ilegalizar a los partidos que piensan distinto”. En esta línea, lamentan el “silencio clamoroso” de los populares y los conminan a que “den explicaciones sobre esta cuestión”.
A lo que sí se opondrán los socialistas es a la comparecencia de jueces en las comisiones de investigación pactadas con los independentistas. “No estamos de acuerdo” con que comparezcan, aseguraba ya hace unas semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en conversación informal con los periodistas. Tanto ERC como Junts tiene previsto citar en las comisiones sobre la Operación Cataluña y Pegasus a jueces, pero no tendrán los votos suficientes. Para el Gobierno no es negociable que comparezcan jueces para garantizar la separación de poderes y la independencia judicial.
Conclusiones de las comisiones
Al mismo tiempo que se resalta la “gravedad” por el uso “de la anterior Administración del PP de los resortes del Estado de derecho para espiar a sus adversarios políticos”, los socialistas han acotado el marco temporal de estas prácticas. “Estas actuaciones concluyeron en junio de 2018 con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y la apuesta de este Gobierno por la transparencia y la regeneración democrática”, ha querido tranquilizar la portavoz del Ejecutivo.
El acuerdo de investidura con Junts respecto a las comisiones de investigación recoge que sus conclusiones “se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
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