Los otros 4 'logros' de la mesa de diálogo más allá de la sedición

La derogación del delito de sedición y el cambio del de desórdenes públicos supone el primer gran 'logro' que ERC puede exhibir como fruto de la mesa de diálogo con el Estado. Otra cosa es que en el seno del independentismo haya muchas voces que critican la medida y a los republicanos por haberla pactado. Pero es ya un rédito palpable de un foro que el próximo mes de febrero cumpliría tres años de vida y que nació como contraprestación al apoyo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez. En este periodo de tiempo se han producido otros avances en la desjudicialización que, públicamente, nadie, ni del PSOE ni de Esquerra han osado a vincular a una negociación entre gobiernos.

Los indultos

Dicen los manuales que toda negociación debe partir de un análisis previo para detectar en qué puntos se hallan más próximos las dos partes en contienda y empezar por ahí. De los dos asuntos que el independentismo ha circunscrito siempre la mesa de diálogo con el Gobierno, la amnistía y la autodeterminación, es, sin duda, la primera la que podía permitir acuerdos. Primero porque para el Gobierno era clave desinflamar la situación política en Catalunya, enrarecida por la permanencia de los líderes del 'procés', a excepción de Carles Puigdemont y Marta Rovira, en la cárcel. Y, segundo, porque para ERC, sacar del Centro Penitenciario de Lledoners a su presidente Oriol Junqueras se hallaba a medio camino de la obligación moral y la pura necesidad para la organización.

Así las cosas, Sánchez, en junio de 2021, a mitad de legislatura, como mandan los cánones de aplicación de las medidas políticas, por aquello de tener dos años por delante para que baje la indignación de los sectores contrarios, firmó los indultos de los presos del 1-O.

El balance final no puede ser más satisfactorio para las partes, especialmente para el PSOE, porque, al final, la presión en contra no fue tanta y, sobre todo, a estas alturas está ya amortizada. Muestra de ello es la propia derogación del delito de sedición y la negociación sobre la reforma del de malversación.

Tribunal de Cuentas

En octubre del 2021, el Tribunal de Cuentas decidió no aceptar los avales del Institut Català de Finances (ICF) con los que el Govern trató de salir al paso de la reclamación de una fianza de 5,4 millones de euros que la instancia había exigido para hacer frente a su responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para la acción exterior --las 'embajadas catalanas' y el Diplocat-- entre 2011 y 2017. La decisión dejó al descubierto a los cerca de 40 excargos públicos de la administración catalana afectados, entre ellos, Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras.

En marzo de este año, otra resolución del Tribunal de Cuentas (con una composición modificada) levantó ese veto empleando, incluso, términos muy duros hacia la negativa a aceptarlos de la delegada instructora, Esperanza García. Así, la instancia afirmó que la resolución que los rechazó como garantía "carece de contenido jurídico al expresar un proceso deductivo irracional o absurdo por estar construido sobre (una) premisa errónea cual es la atribución de funciones judiciales".

Archivo de la macro-causa por los cortes en la AP-7 del Tsunami Democràtic

Unas 2.000 personas se congregaron para cortar el tráfico en la autopista AP-7, entre La Jonquera y Le Perthus, convocados por Tsunami Democràtic, para protestar por la sentencia del juicio del 1-O. Ello derivó en una macro-causa contra 200 de estos manifestantes, entre las que se encontraba la diputada de ERC en el Congreso , Marta Rosique. Antes, ya se había sobreseído un expediente similar sobre 48 otros individuos.

El pasado mes de septiembre, el juzgado de instrucción de Figueres que instruía la causa decidió archivarla. El juez consideró que los hechos no podían definirse como desórdenes públicos. Sin embargo, lo que si se mantiene abierta es la causa contra uno de los manifestantes por atentado contra la autoridad.

Precisamente la figura penal por la que se ha condenado a otro manifestante, que también acudió, en aquellos días, a la llamada de Tsunami Democràtic, aunque en el Aeropuerto de El Prat.

El retorno de Serret

Es quizá el asunto más delicado de los cuatro, que ya es decir. Cierto es que la situación judicial de la hoy Consellera de Acció Exterior, como el de la también retornada Anna Gabriel, permitía ese retorno, siempre que hubiera ciertas garantías de que no pisaría la cárcel. El juez Pablo Llarena no emitió euroorden por Serret, al no ser vinculada con una presunta malversación, por lo que su acusación se limita a la desobediencia, que no comporta pena de cárcel. Pero siempre existió ese porcentaje de probabilidades de que, en función de lo que decidiera el juez, el retorno hubiera acarreado un paso por la cárcel, en tanto se aclaraba su situación judicial. Difícil suponer que se abordara la cuestión en la mesa de negociación, por aquello de la división de poderes, pero lo que es innegable es que el retorno se produjo mientras la mesa de diálogo estaba en marcha. Y, seguramente, muchos interpretaran que sin el deshielo 'ambiental' que supone la propia existencia de un foro entre ambas partes del conflicto hubiera sido harto improbable que un miembro del gabinete de Carles Puigdemont que hubiera partido al extranjero pudiera volver sin asomarse a una cárcel.