El fiscal general de Estado, Álvaro García, ha tenido ocasión de valorar en público este jueves por primera vez las rebajas de penas de cárcel a violadores y abusadores sexuales tras la aplicación de la ley del "sólo sí es sí", reconociendo que la modificación de tipos penales conlleva "la revisión de algunas condenas existentes". Este proceso, según ha asegurado, se llevará a cabo "huyendo de automatismos", pues los fiscales harán su trabajo de revisión en cada caso que se les presente, y siempre "con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y respeto a los principios constitucionales".
El jefe de los fiscales españoles ha realizado estas manifestaciones durante su intervención en el VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género celebrado en el Senado, en presencia de la Ministra de Igualdad, Irene Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo y otras personalidades del ámbito jurídico.
Las palabras de García sobre la postura que adoptará su departamento por la polémica por las primeras consecuencias de la entrada en vigor de la ley han sido recogidas inmediatamente después por la propia Montero. En un tono mucho más discreto que el de los últimos días, en los que ha atribuido a los jueces actitudes machistas y aplicación errónea de la ley, Montero se ha limitado a señalar la importancia que tiene el papel de los fiscales para que la aplicación de la norma cuestionada no sirva para reforzar "estructuras de desigualdad".
Montero también ha suavizado su postura frente a la judicatura para reconocer públicamente, en el marco de su discurso en el acto de apertura de este Congreso, el trabajo de quienes dentro de este ámbito ponen "experiencia, cuerpo y conocimientos" para alcanzar el objetivo de la igualdad "pese a las feroces resistencias que intentarán frenar este imparable cambio".
RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
Ha recordado, en todo caso, las recomendaciones internacionales para garantizar una formación que permita que los profesionales de la justicia "manejen los casos de una manera sensible al género", por lo que considera que su obligación es asegurarlo. Para la ministra, las instituciones deben ofrecer "puertas de entrada seguras" a las mujeres para acceder a las garantías plenas de todos sus derechos.
También ha intervenido en este acto la presidenta del Observatorio de la Violencia, Ángeles Carmona, que ha expresado su apoyo a los jueces y juezas de toda España por su "esfuerzo y entrega". Considera que las mujeres pueden estar seguras de que estos profesiones cuentan con sólida formación profesional y "afrontan cada caso con enorme profesionalidad y con la sensibilidad y comprensión necesaria hacia las víctimas de cualquier tipo de violencia machista".
La preparación de los jueces también ha sido defendida durante su discurso por el presidente Mozo, que ha aludido el al "excelente plan de formación" de los jueces y magistrados en esta materia.
La respuesta judicial ante un fenómeno de tanta gravedad debe ser “contundente”, ha afirmado Mozo, quien ha garantizado que ese es el compromiso del CGPJ y del conjunto de los jueces y juezas que integran la Carrera Judicial. Además de la contundencia, la Justicia debe ser capaz de trasladar a las víctimas de la violencia de género que “no están indefensas, que ningún maltratador va a quedar impune y que las instituciones van a estar de manera firme y rotunda a su lado para ayudarlas”, ha subrayado.