Lo que se venía viendo como una amenaza se convertirá con toda probabilidad en un "acto de rebeldía" institucional el próximo jueves 8 de septiembre en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Vocales tanto progresistas como pertenecientes al sector conservador de este órgano descartan ya en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que en el Pleno convocado para esa fecha pueda llegarse a un acuerdo y cumplir con la ley que pone plazo a este órgano para nombrar a dos nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional (TC).
Esta situación constituye una respuesta frente la reforma auspiciada por el Gobierno de Pedro Sánchez para lograr una renovación del órgano de garantías -que pasará a tener así la mayoría progresista de magistrados que ahora le corresponde-, y parte de un núcleo duro de vocales de los que fueron designados a propuesta del Partido Popular. En la tarde de este lunes el sector conservador todavía no había hecho llegar a sus compañeros progresistas ninguna propuesta de candidatos que pueda ser objeto de consenso, lo que se traduce como una negativa a avanzar en el acuerdo.
RUPTURA EN EL BLOQUE CONSERVADOR
En todo caso, otras fuentes no descartan que esta mayoría acabe fracturándose y al menos cuatro de sus vocales- Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte-, situados en una posición menos "numantina", acaben votando con los progresistas para cumplir con el mandato impuesto en la última reforma legal para nombrar a los magistrados para el TC antes del próximo 13 de septiembre. Con ello se alcanzarían los doce votos necesarios para lograr las designaciones. "Al final estará muy presente la fidelidad personal de algunos vocales a Carlos Lesmes", señalan las mismas fuentes a este diario en alusión a las exhortaciones al consenso lanzadas por el presidente del órgano.
En todo caso, aún están pendientes varias reuniones a las que el presidente Lesmes fía una resolución de última hora, tal y como ha manifestado a los periodistas. En la tarde del lunes la minoría progresista -que integran los vocales designados a instancias del PSOE, más Concepción Sáez, que fue elegida a propuesta de IU, y Enrique Lucas, del PNV- celebró una reunión por videoconferencia dirigida a constatar la falta de acuerdo, mientras que los conservadores se han citado para este martes.
Sobre las manifestaciones realizadas por su presidente, desde el sector más cercano al PP, las atribuyen al "hartazgo"
por la actual situación de bloqueo de renovación del CGPJ, un órgano que se acerca ya peligrosamente a cumplir cuatro años en funciones.
MÁS ALLÁ DEL DÍA 13
Además de descartar que esté maniobrando para lograr una plaza en el propio Tribunal Constitucional "para un futuro inmediato", en conversación con la prensa Lesmes ha adelantado que el acuerdo en el CGPJ podría llegar en un Pleno que se celebre una vez se supere el plazo legal del 13 de septiembre, "en un Pleno el 16 o el 18", pues lo importante es concitar los máximos apoyos en torno a los candidatos que se presenten. "El nombramiento ha de hacerse el día 8, si es posible, y si no los días sucesivos", ha manifestado, tras reconocer que "cuesta encontrar voluntades dirigidas hacia una misma persona".
Ha negado igualmente supuestas presiones de magistrados del Tribunal Supremo para bloquear la renovación parcial del TC, asegurando que hay "varios" posibles candidatos del Supremo al Constitucional. "A mí se me han dirigido varios magistrados del Supremo postulándose para esos puestos. A otros me he dirigido yo. Uno solo me dijo que no le interesaba. El resto me ha dicho que tienen interés. Sobran magistrados que quieren ir al TC", ha señalado.
A quienes sostienen que "hay que boicotear los nombramientos", Lesmes ha recordado la "institucionalidad" del Consejo y ha insistido en que si se ha aprobado una ley hay que cumplir con ella, más allá de que pueda gustar o no las circunstancias en las que se aprobó. "Es una ley que restablece la competencia del CGPJ, una competencia que está en la propia Constitución", ha subrayado. Por ello, y ante lo que parece ser un intento de sabotaje, ha contestado con contundencia: "Me opongo a que esta institución se declare en rebeldía".
En las quinielas se mantienen sobre todo candidatos progresistas como los magistrados del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo, Eduardo Espín, José Manuel Bandrés, Pilar Teso o Ángeles Huet, mientras que por parte conservadora, y tras la 'espantada' de pesos pesados como Manuel Marchena, Antonio del Moral, Pablo Llarena o Ignacio Camacho, se barajan candidaturas como las del ya retirado Rafael Fernández Valverde o la actual presidenta de la Sala de lo Social, María Luisa Segoviano, próxima a la jubilación.