La crisis financiera del 2008 no solo hundió la economía y dio el pistoletazo de salida al fin del bipartidismo, sino que erosionó la confianza de los españoles en las instituciones y desde entonces el sistema político no ha recuperado los niveles de prestigio previos a la gran recesión.
Es una de las conclusiones de la encuesta ‘Polarización y convivencia en España 2021’ de ICIP-EsadeEcPol en la que se destaca que esta desconfianza es un rasgo que nuestro país comparte con otros del sur de Europa en los que, a diferencia de nórdicos y escandinavos, los ciudadanos se muestran más insatisfechos con sus democracias.
En el caso español, aunque ninguna administración aprueba, los gobiernos locales y la Unión Europea gozan de un mayor respeto que los ejecutivos autonómicos y el Gobierno central, de lejos el peor valorado por la opinión pública. Casi la mitad de los ciudadanos, un 47%, dice que no confía "nada" en el Ejecutivo.
“En España hay una relación alta entre satisfacción por la democracia y situación económica. Aunque ahora el contexto es distinto, sigue ahí el interrogante de por qué no hemos vuelto a niveles de confianza previos al 2008. Esto es preocupante porque el sustrato político de Gobiernos y Parlamentos es mucho más frágil”, explica a este diario la politóloga Sandra León, coautora del estudio junto a la investigadora Amuitz Garmendia.
A su juicio, los líderes políticos no están midiendo bien las consecuencias de “seguir dañando un marco institucional ya de por sí débil con sus estrategias competitivas”, máxime en un momento en el que las repercusiones económicas de la guerra de Ucrania y los retos medioambientales exigirían grandes acuerdos.
“Hay fracturas internas en la clase política que impiden llegar a acuerdos sobre cuestiones urgentes, como la crisis energética y la crisis climática. Vemos muchas dificultades para un consenso”, prosigue la analista.
La encuesta refleja, igualmente, el paulatino proceso de polarización política al que ha contribuido el nuevo sistema de partidos y la irrupción en el Parlamento de opciones políticas muy distantes entre sí, como Podemos o Vox. Y advierte de que la polarización opera a través de las instituciones: “la falta de confianza en ellas, unida al fuerte rechazo que generan los partidos ajenos al propio, y la capacidad específica de tensionar que tienen las instituciones que articulan la organización territorial, concentran el riesgo para el normal funcionamiento democrático”.
“Hay fracturas internas en la clase política que impiden llegar a acuerdos sobre cuestiones urgentes, como la crisis energética y la crisis climática"
“Todo lo que tiene que ver con partidos o gobiernos, sale mal parado en la encuesta. Ese ámbito presenta un panorama poco alentador”, prosigue la investigadora. Por otra parte, aunque no haya una relación causa-efecto entre populismo y desafección política, ambos se retroalimentan. “La desconfianza es el sustrato ideal para el populismo, que a su vez contribuye con un discurso simplista al distanciamiento de la ciudadanía con lo que llaman ‘establishment’”, agrega.
Es por lo tanto fundamental que los políticos sean conscientes de que no pueden, en aras de una estrategia electoral determinada, provocar un efecto colateral que termine dañando a las instituciones, que es lo que se ha visto en el caso de la renovación de un órgano clave como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En definitiva, los líderes deberían cuidar más cómo tratan al adversario político, para no debilitar la confianza de los ciudadanos. “No están actuando sobre un piso sólido. Hay grietas y convendría no agrandarlas. Tanto el Gobierno como la oposición se verán perjudicados a medio y largo plazo por el debilitamiento institucional al que en algún momento contribuyeron”, concluye León.
La transición y el modelo territorial
Pese a todo, los altos niveles de crispación política no son necesariamente el reflejo de un país socialmente fracturado. De hecho, los resultados del análisis de ICIP-EsadeEcPol indican que no existe un problema de convivencia.
Hay además consensos amplios en asuntos como la igualdad de género, tanto en el conjunto de España como en todas las comunidades autónomas. Un 75% de la ciudadanía está de acuerdo con la idea de sancionar a las empresas que paguen menos a las mujeres por el mismo trabajo o con promover los puestos de trabajo sin discriminación de género.
Resulta, eso sí, llamativo que los jóvenes de entre 18 y 24 años sean los menos partidarios de evitar la discriminación laboral por cuestiones de género y de sancionar a empresas que traten laboralmente peor a las mujeres.
Lo que también está claro es que los mayores desacuerdos son de tipo político. Destaca especialmente la polarización sobre la transición a la democracia, donde se ve una ruptura tanto territorial como generacional. En Cataluña, casi la mitad de la población piensa que esa etapa de nuestra historia no es motivo de orgullo, mientras que en Madrid se cree justamente lo contrario. El modelo de la transición suspende entre los jóvenes, mientras que la valoración mejora a medida que aumenta la edad del entrevistado.
Un segundo tema que divide a la opinión pública tiene que ver con la evolución del modelo territorial y el sistema de redistribución fiscal. Un 37% de los españoles se decanta por una mayor recentralización mientras que el 30% prefiere mayor grado de autonomía. Los ciudadanos de Madrid lideran la primera opción y los de Cataluña y País Vasco la segunda.
Por último, regiones ricas como Cataluña, País Vasco y Madrid están en contra de que el sistema fiscal grave a las regiones más prósperas para transferir recursos a las más pobres, algo que apoyan mayoritariamente las comunidades con menor renta.