La oposición recela del pacto por la guerra: el de la reconstrucción postpandemia está en un cajón

Poco después de que el Gobierno levantara el estado de alarma decretado para superar la fase más dura de la pandemia, exactamente el 22 de julio de 2020, el Congreso aprobó un conjunto de propuestas sobre política sanitaria, entre ellas la creación de una subcomisión o grupo de trabajo parlamentario que evaluara el grado de cumplimiento de dichas propuestas (medida número 6). El objetivo era mejorar el sistema de salud, reforzarlo para que si llegara otra poderosa epidemia, las lesiones y las heridas en plantilla, infraestructura y logística no resultaran tan impactantes.

Casi dos años después, no hay ni rastro de la subcomisión o del grupo de trabajo, y por tanto, ni una sola huella de ese seguimiento. Incluso hay portavoces que ignoran que éste fuera uno de los acuerdos.

La iniciativa consta en el dictamen sobre sanidad y salud pública aprobado en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, formada durante la peor época de la pandemia precisamente para resistir mejor las futuras. La idea partió de la reunión por videoconferencia que en abril de 2020 tuvieron el presidente, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado. El primero abogó por una Mesa para la Reconstrucción que, bajo coordinación de la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se encargara de poner negro sobre blanco una hoja de ruta desde la que gestionar mejor nuevos ataques de virus altamente contagiosos. El segundo defendió una comisión parlamentaria para hacer lo mismo, pero no con la batuta del Gobierno, sino de los diputados.

Además de las reformas sanitarias que se pactaran, la Comisión lanzaría diferentes propuestas para revitalizar el modelo económico y blindar el sistema social, seriamente dañados por la plaga de covid-19.

Se llevó el gato al agua el aún presidente del PP y los dos principales partidos del país se pusieron manos a la obra. La Comisión atrajo la atención política y el interés mediático durante varias semanas de mayo, junio y julio. El pleno aprobó tres de los cuatro dictámenes sobre los que negociaron los grupos. Socialistas y populares lograron un grado de consenso estimable y los portavoces políticos se vanagloriaron por ello pese a los sustos, los disensos puntuales y el rechazo al dictamen de las políticas sociales. Relumbraron la capacidad de acuerdo y el fruto del diálogo. Pero duró poco.

Las propuestas figuran en un dictamen que puede verse en la web del Congreso, aunque no a primera vista, la verdad. Los partidos y los grupos parlamentarios apenas se acuerdan de ellos. Echar la vista atrás y reparar en el olvido en el que han caído aquellos trabajos genera melancolía y frustración. La oposición teme que suceda lo mismo con el Pacto Nacional de Respuesta que Pedro Sánchez quiere acordar para repeler las consecuencias de la crisis que se avecina, si no ha llegado todavía a nuestras vidas, por culpa de la invasión de Rusia a Ucrania.

Acuerdos olvidados de PSOE y PP

Fue un contexto excepcional, sin parangón, y Sánchez buscó unidad y consenso para superarlo. La lógica política es lo que exige en momentos de máxima dificultad. Las relaciones entre el presidente y el líder del PP aún no se habían deteriorado del todo, eso se produciría un año después a raíz de la masiva llegada de migrantes marroquíes a Ceuta. Aunque los vínculos no eran fluidos, pues los populares habían eludido el respaldo a las últimas prórrogas del estado de alarma, ambos mandatarios alcanzaron un acuerdo. Fue el avance más notable de la ronda que el jefe del Ejecutivo abrió aquella semana de abril con los portavoces de los partidos representados en el Parlamento.

El 7 de mayo, después del visto bueno del pleno del Congreso, la Comisión quedó formada. El diputado socialista, Patxi López, asumió la presidencia y afirmó ese día: "Tengamos la capacidad y la voluntad de superar las rencillas partidarias; no vengamos aquí a ganar o a perder, sino a sumar y a trabajar para entendernos, para construir país y para construir sociedad". "Los ciudadanos y las ciudadanas -añadió- que nos miran saben que si no lo hacemos así su vida será peor, y por eso nos exigen, porque para esto nos eligieron, que ni se nos ocurra por cuestiones partidarias, inentendibles en este momento, deslizarnos por la pendiente del desacuerdo".

Una semana más tarde, fueron aprobados el plan de trabajo y el orden de las comparecencias, que estrenó Carmen Calvo el 26. Durante el mes de junio, los diputados designados para integrar la Comisión trabajaron intensamente, estructurados en cuatro grupos: para la reconstrucción económica, la reconstrucción social, la reconstrucción sanitaria y para las relaciones en el seno de la Unión Europea.

El 3 de julio se votaron los cuatro dictámenes de cada uno de estos grupos y se enviaron al pleno para su aprobación definitiva, lo que sucedió entre los días 21 y 22 del mismo mes. Dos salvedades. Por una parte, que el dictamen económico tuvo que votarse nuevamente en un pleno convocado la semana siguiente, ya que una diputada de Unidas Podemos votó dos veces, telemática y presencialmente; se dio además la particularidad de que ello provocó un empate entre los síes y los noes que luego fue deshecho a favor del documento. Por otra parte, que las propuestas sociales no se integraron en el informe global porque fue rechazado (155 noes y 171 síes).

A pesar de estas contrariedades para el PSOE, el partido más implicado en el desenlace positivo de la Comisión, el nivel de consenso logrado en los documentos con medidas sanitarias y de políticas europeas resultó notorio. El primero salió adelante con 255 votos, incluidos los de socialistas y populares; el segundo tuvo el visto bueno de ni más ni menos que 275 parlamentarios.

Y aquí se acabó la andadura de un plan de reconstrucción que Sánchez, ante la ejecutiva de su partido, a mediados de junio, postuló como un impulso al relanzamiento industrial y sanitario del país.

Los recelos de la oposición

Fuentes de la dirección del Partido Popular recuerdan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la actual coordinadora y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, pidió al presidente, durante el pleno de hace dos semanas dedicado íntegramente a la invasión rusa de Ucrania y sus repercusiones mundiales, que ese Plan Nacional de Respuesta Conjunta a la guerra, que justo acababa de anunciar, no cayera en el olvido como han caído las propuestas de la Comisión para la Reconstrucción postpandémica.

En el PP, como la propia Gamarra ha declarado en público, acudirán a la reunión concertada para este mismo miércoles con ánimo de escucha, pero también con ánimo reivindicativo. Desean medidas fiscales ambiciosas, en línea con lo que el próximo líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha promovido en diferentes ocasiones desde el fin de semana pasado.

Dudan de las intenciones del presidente, no obstante, y las fuentes recurren a ese precedente de la Comisión para la Reconstrucción, aunque no sólo. Son numerosos los ejemplos, arguyen, de palabras bienintencionadas que hablan de diálogo, consenso y unidad, y que al cabo de unos días se convierten en nada. Tendrán que llegar al Congreso decretos legislativos con propuestas de alcance económico y social. La clave, apuntan, reside en lo fiscal.

Ciudadanos, por su parte, a la espera de conocer cuándo se reunirán con los interlocutores del Gobierno, que serán previsiblemente los ministros Félix Bolaños y Teresa Ribera, entregarán un documento con medidas fiscales, envueltas en una música, indican las fuentes de las formación, que suena muy parecida a la que ha orquestado Bélgica. Su Ejecutivo, puntualizan dichas fuentes, ha activado un plan de ayudas por importe superior a los 1.000 millones de euros. Los liberales han elegido un camino similar.

Si entre los partidos de centroderecha están recelosos, no menos están entre los partidos de izquierdas. Tanto el líder de Más País, Íñigo Errejón, como el diputado de Compromís, Joan Baldoví, han exigido al PSOE que antes de desgranar las propuestas a través de los medios de comunicación, hablen con los partidos. Piden pausa y piden esa preferencia, y así, evitar "sustos" recientes. Para ambos, la dirección socialista se ha caracterizado hasta ahora por plantear negociaciones con escaso margen. O por solicitar apoyos sin apenas posibilidad de transacción. No desean repetir procesos así.

En los mismos términos se ha pronunciado el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel. Un diputado de uno de los grupos aliados habituales incide en ese temor de que todo quede en nada, como pasó con la Comisión para la Reconstrucción posterior a la pandemia. Otro de una formación de centroderecha: "Espero que no nos tengamos que comer posibles acuerdos con patatas".

Fuentes socialistas, por su parte, recalcan que durante la semana en curso y la siguiente dialogarán los interlocutores designados por Sánchez con todos los portavoces. La dinámica muestra que el Consejo de Ministros del 29 de marzo será el lugar y la fecha en la que sea aprobado el documento con las medidas previamente negociadas. Medidas "transversales" que abundarán en ventajas fiscales, económicas, sociales, militares y alimentarias, entre otros sectores.