PSOE y Podemos se conjuran para aprobar en febrero las dos leyes que abaratarán la luz

El Congreso de los Diputados alberga en su agenda de "asuntos pendientes" dos leyes que pueden conseguir algo deseado por todos los ciudadanos: abaratar el precio de la luz. Fuentes de los partidos que sustentan el Gobierno destacan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que tanto PSOE como Unidas Podemos pretenden acelerar su tramitación incluso en enero, periodo inhábil en el Parlamento, con la finalidad de aprobar los proyectos en comisión y en el pleno en febrero.

Son las leyes sobre la retribución del CO2 no emitido al mercado eléctrico y la que crea el Fondo de Sostenibilidad del sistema eléctrico, y los plazos que se proponen socialistas y "morados" son factibles, ya que las enmiendas están presentadas. El problema es que los representantes de los grupos aún no se han puesto a hablar sobre ellas. La idea es iniciar las conversaciones en enero para que, en cuanto empiece el mes siguiente, la Comisión tenga en su poder el dictamen, lo apruebe, lo envíe al Pleno y lo apruebe el Pleno.

Las previsiones del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera no son tan optimistas, y de hecho, a primeros de semana emitió una orden (sometida a consulta) para fijar los cargos del sistema eléctrico en la que desplegaba los efectos de ambas leyes por el segundo semestre del año que viene.

En un contexto de subida imparable de la factura y de récord tras récord, ya que este jueves sobrepasó la barrera de los 300 euros/MWh, cualquier demora se transforma fácilmente en un mal trago. La presión social, obviamente, aumenta; la situación de autónomos y pequeños empresarios va de mal en peor. Los ciudadanos no paran de mirar las escalas de los precios para buscar cuándo poner la lavadora, que suele ser a las 4.00 de la mañana.

Las fuentes consultadas son conscientes del malestar social y de la prioridad que el presidente, Pedro Sánchez, ha dado a estas leyes. Por ello, el interés compartido en desatascar cuanto antes las normas. Hasta la fecha no ha sido posible por la irrupción del trámite de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Como es la ley más importante que anualmente aprueban los gobiernos, los reglamentos de las Cortes Generales reservan una serie de cauces diferentes para que se negocien y se aprueben. Pueden incluso paralizar la agenda parlamentaria. Lo que sí hacen las comisiones, aunque no el pleno, es interrumpir la actividad. La de Transición Ecológica, que preside el diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, es lo que decidió.

Superados los pasos de los presupuestos, actualmente pendientes de salir del Senado para su aprobación definitiva, la Comisión optó por dar preferencia a una norma muy importante que estaba en espera: el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Este mismo jueves ha aprobado el dictamen y la semana que viene lo verá el pleno. Acabará el año, acabará el actual periodo de sesiones y la Comisión, sin embargo, empezará una nueva etapa, la del impulso a las leyes de CO2 y del Fondo de Sostenibilidad.

Abaratar la luz (I)

La ley sobre la retribución del CO2 no emitido pretende aminorar el precio de la luz mediante la detracción de ingresos de las instalaciones nucleares, de la mayoría de las eléctricas y de los parques eólicos que nacieron antes de la imposición del mercado europeo de carbono. Se centraría especialmente en los consumidores vulnerables. Esta norma llegó al Congreso a finales de agosto, cuando la factura de la luz daba miedo, cuando encender las máquinas de aire acondicionado generaba más dudas que comodidad. Fue en verano cuando el problema de la luz se coló en la lista de problemas del presidente.

Quién iba a decir que el problema no pararía de engordar. No es sólo ya una vicisitud meramente política, de hecho puede que ésta sea todavía la dimensión más leve; es un entuerto económico y social. El 31 de agosto de este año el mercado eléctrico empujó al sistema al precio más caro de la historia al situarse en el entorno de los 124 euros/MWh. Ahora rebasa los 300.

La Mesa del Congreso calificó el proyecto y lo envió a la Comisión de López de Uralde. Llegó con la etiqueta de tramitación urgente, lo que implica reducir los plazos a la mitad. No ha sucedido. Cuatro meses después, el proyecto espera un empujón definitivo. Falta que los grupos pacten el dictamen e incluyan las enmiendas que conciten la mayoría necesaria.

Esta ley, según la explicación del Gobierno cuando salió el texto del Consejo de Ministros, se basa en una fórmula matemática para detraer de las instalaciones citadas un porcentaje de sus ingresos, disparados como consecuencia de la tendencia de los mercados y de la consecuente alza de precios. Los cálculos que efectuó el Ministerio de Transición Ecológica entonces, en verano, situaron esos ingresos entre los 199 millones si la tonelada de carbono está a 30 euros y los 1.691 si la tonelada está a 100. En la orden emitida este lunes previó que la cuantía, en la segunda mitad de 2022, sería de 484 millones.

Las eléctricas no están muy a gusto con los términos del proyecto. Endesa, además, pidió que quedaran exentas de la detracción las instalaciones con contratos de suministro a largo plazo. Varios grupos parlamentarios tampoco muestran demasiado entusiasmo. El PP presentó una enmienda a la totalidad que el Gobierno, junto a sus aliados, esquivó. Gracias a 198 votos evitó que el Congreso devolviera el proyecto.

Abaratar la luz (II)

La Ley para la creación del Fondo de Sostenibilidad persigue que durante cinco años salgan de la tarifa los millones de euros de las tecnológicas de renovables y residuos para dejarlos en las comercializadoras, lo que puede suponer unos ingresos importantes. La orden del pasado lunes lanzada por Transición Ecológica calcula que en el segundo semestre de 2022 podrían ser de algo más de 660 millones de euros.

De acuerdo con la versión del Gobierno, una vez entre en vigor la ley, la rebaja del precio de la luz podría ser de, como poco, un 13 por ciento (antes de impuestos). Las compañías eléctricas ven bien la norma, pero otras que trabajan con carburantes no tanto.

También aterrizó el proyecto en el Congreso con la idea de tramitarla rápidamente, pero, como la otra, quedó atrapada. Ésta, de hecho, acumula más retraso porque la Mesa la calificó en junio. A finales de septiembre se levantaron las prórrogas de los plazos de enmiendas y los grupos, en consecuencia, las registraron. Se pueden ver en la web de la Cámara. Sin embargo, no se han discutido; falta el dictamen y el "ok" de la Comisión.

La oposición, en bloque

La escalada incontenible del precio de la luz ha provocado un ataque en tromba de la oposición, en particular del PP, que este jueves inició una ofensiva en redes sociales. No son novedosos los mensajes, ya que éste es un frente de desgaste que lleva transitando la formación de Pablo Casado desde el verano. Ahora bien, con la factura en los 300 euros, un máximo histórico, las acusaciones y las críticas son gruesas. Los dirigentes populares recuerdan sin cesar que el presidente del Gobierno, en una entrevista al diario El País, se comprometió a dejar el precio a final de año como estaba a finales de 2018. Salvo milagro, no se va a cumplir.

El líder del PP, Pablo Casado, en línea con la estrategia de su partido, que lleva por emblema "Sánchez, apaga y vete", aseguró este jueves en Twitter: "Si Sánchez pedía que Rajoy dimitiera cuando la factura de la luz subía un 8%, ¿qué debe hacer él ahora que el precio sube 516%? En vez de engañar a los españoles con su promesa de pagar menos que en 2018, debe bajar el IVA al 4% y usar los derechos de CO2 para bajar la factura".

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, en su perfil de Twitter, se ha pronunciado en unos términos muy parecidos: "Sánchez prometió que en estas fechas el precio de la electricidad estaría bajando a niveles de 2018. Pero la realidad es que sigue disparándose y ya es un 516% más cara que hace un año. PSOE y Podemos quemarían las calles si esto sucediera con ellos en la oposición".

A comienzos de años, ambos partidos tendrán la oportunidad de apaciguar sus críticas o mantenerlas cuando deban posicionarse respecto de las dos leyes que Pedro Sánchez quiere aprobar cuanto antes tras un retraso de medio año.