Un día después de que el Tribunal Supremo entrara de lleno en el modelo educativo catalán y ratificara que el 25% de las materias se impartan en castellano, no se sabe bien qué autoridad ha de velar por su cumplimiento. El Govern dice que el Gobierno y el Gobierno dice que el Govern. Fuentes del Ministerio de Educación consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA afirman que a partir de ahora la pelota está en el tejado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la primera instancia judicial que impuso ese porcentaje. El Supremo, lo que hizo este martes, fue corroborarlo.
Otra vez Cataluña en primera línea por culpa de un asunto que se desdobla en dos embrollos: el jurídico-judicial y el político. El primero lo ilustra ese cruce de competencias entre las dos administraciones afectadas y la opción de que la confirmación del Supremo quede sin efecto. El segundo ha irrumpido en escena con estruendo gracias al líder del PP, Pablo Casado, quien ha resucitado un instrumento constitucional que aún causa estupor en la ciudadanía catalana: la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Basta reproducir el primer punto de su redacción. "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
Hacía tiempo que este recurso amparado por la Constitución vivía en la memoria colectiva sin hacer mucho ruido. El líder popular lo ha recuperado para desplegarlo en el ámbito educativo. Un 155 educativo. Ha pedido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acate la ley. "Es su primera responsabilidad y, si la Generalitat se declara en flagrante rebeldía, tiene que hacer todo lo que está a su alcance para cumplir esa resolución, incluido aplicar en el Senado el artículo de la Constitución que hace que el Estado pueda aplicar las competencias del Título octavo que le son propias", ha dicho, según declaraciones recogidas por Efe.
En el Senado está la clave, porque su eventual aplicación requiere la mayoría absoluta de la Cámara, algo que sólo garantiza la unión de los parlamentarios del PSOE y los del PP. Casado le ha dicho a Sánchez que están a su disposición si opta por el 155.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha mostrado conforme con esta posibilidad, si se cumple, aunque no ha evitado dejar un recadito a los populares, con los que la sintonía, en lo que se refiere a la relación entre direcciones nacionales, no pasa su mejor momento. "Bienvenidos al 155", les ha dicho la dirigente liberal antes de recordar que el Gobierno de Mariano Rajoy lo levantó en 2018 antes de que se cumplieran sentencias judiciales o antes de que cesara, ha dicho, "el adoctrinamiento" de TV3.
La polémica judicial-educativa
La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha subrayado en el Congreso que esto de la inmersión lingüística no va con ellos/as. "El Gobierno no tiene esas competencias. Los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos".
Si se compara esta afirmación con ésta del conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, surge el embrollo. Según sus palabras, la ministra Pilar Alegría ha garantizado que no ejecutará lo dicho por el Supremo, y por tanto, que no obligará a que las materias se impartan en castellano en un 25% como mínimo.
Y si se compara con ésta del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, el embrollo crece. Tras instar al Gobierno central a que proteja la lengua cooficial, ha dicho desde Palma: "el catalán no se toca".
El PDeCAT ha anunciado, por su parte, la presentación de una proposición de ley en el Congreso para asegurar que el modelo de inmersión lingüística quede blindado por ley y no esté a expensas de la decisión política de una ministra, Alegría en este caso. Puede cambiar el titular del Ministerio en unos meses, o el signo político del Gobierno tras las próximas elecciones generales, y aumentaría el riesgo de que esa voluntad política ya no sea tan taxativa, ha explicado el diputado de esta formación catalana Sergi Miquel.
Desde varios frentes se mira al lado que interese. No hay coincidencias. Fuentes del Ministerio de Educación, preguntadas por la confusión, son categóricas: la decisión depende del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Hacen el siguiente recorrido: fue precisamente el citado tribunal el que impuso, en la sentencia 5201/2020, el modelo. Pidió a la Generalitat, por tanto, que adoptara "las medidas necesarias" para garantizar que "en las enseñanzas comprendidas en el sistema educativo" catalán "todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso". La Generalitat interpuso un recurso de casación ante el Supremo, que es lo que este martes inadmitió.
Añaden las fuentes que de acuerdo con los artículos 103.1 y 104.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, "la potestad para hacer cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde a los Juzgados y Tribunales que hayan conocido del asunto en primera o única instancia". Por tanto: si el alto tribunal de Cataluña lo estimara, "deberá solicitar a la Generalitat las aclaraciones que considere pertinentes" sobre el cumplimiento de su sentencia.
¿Pero qué opina el Gobierno sobre ello? La disposición adicional 38 de la LOMLOE, la ley educativa vigente, lo recoge, apuntan las fuentes. "Las comunidades bilingües tendrán que adquirir las competencias en ambas lenguas, y en caso de que no sea así, habrá que habilitar los refuerzos necesarios para su cumplimiento".
"Las lenguas cooficiales son un instrumento constructivo y no un elemento de confrontación", zanjan.