La realidad de los órganos judiciales, especialmente del Tribunal Supremo, se asoma al abismo. Se trata de una situación inédita y cercana al colapso, con magistrados que se jubilan y no pueden ser reemplazados y con Salas como la de lo Social, donde se apilan más de 7.000 asuntos sin resolver y se prevé la llegada de un 'tsunami' de recursos en los próximos meses, tras la conclusión de la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Por el momento, y salvo un anuncio en contra de último momento, la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP hace temer que pueda llegarse al próximo 4 de diciembre en la misma situación. Se cumpliría así fatídica fecha clave de tres años con un órgano de gobierno de los jueces en funciones, y además limitado para adoptar decisiones clave como es el nombramiento de los magistrados en la cúpula judicial. Ya hace un mes la institución advirtió que el número de plazas sin cubrir serán 57 en diciembre.

La situación acrecienta el peligro de colapso en algunos órganos clave como es el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Social acumula más de 7.000 asuntos sin resolver a las puertas de que, el próximo mes de marzo, el fin de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor vinculadas al covid lleven a una situación crítica. 

Para ese momento, si no se ha renovado el CGPJ, a esta Sala le faltarán casi la mitad de sus 13 miembros entre jubilaciones y bajas de magistrados que se han ido al sector privado. Actualmente, el trabajo se sigue acumulando al existir varias vacantes y a lo largo de 2022 hay previstas dos jubilaciones más.

Entrada de asuntos

En el otoño pasado, la Sala contabilizaba algo más de tres mil recursos ingresados sólo en 2020, si bien a fecha de 31 de octubre de este año dicha cifra es de un total de 3.975 asuntos nuevos desde enero, han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de la Sala de lo Social. En cuanto a la pendencia, las mismas fuentes señalas que en enero del presente año ésta ascendía a más de siete mil sentencias que dictar, una cifra que seguirá aumentando mes a mes.

 Al aumento de litigiosidad se une otra dificultad, que es la ausencia de jurisprudencia para resolver las cuestiones concretas referidas a la causa del covid. Los magistrados deberán valorar la aplicación de normas nuevas, lo que incide en la complejidad jurídica de lo que deberán resolver.

Atajos para reforzar

Por lo que respecta al CGPJ, fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA descartan que, al menos en las comisiones permanentes que quedan pendientes y en el Pleno de este mes de noviembre se vuelvan a adoptar acuerdos referidos a esta situación.

Se remiten al informe aprobado el pasado 27 de octubre, cuando desde este órgano se advirtió de que los nombramientos pendientes por la renovación del órgano de gobierno de los jueces ascendía ya entonces a los 48, pudiendo alcanzar los 57 de aquí a finales de 2021 entre plazas vacantes en el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales.

Las fuentes consultadas señalan que la situación es insostenible, por lo que de prolongarse la falta de renovación deberán aplicarse "posibilidades" que ya se manejaban a finales del verano como la creación de: comisiones de servicio, suplencias o, como es más probable en el caso de Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), que es la que se encuentra en situación más precaria, reajustando internamente las secciones para que los que están en admisión participen en las deliberaciones de las secciones de enjuiciamiento.

Respecto a la Sala de lo Contencioso, en realidad la situación no será crítica del todo hasta la primavera, cuando se jubilan los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, y se corre el peligro de que algunas secciones puedan quedar sin el 'quorum' necesario para adoptar decisiones.

Menos sentencias y más tardías

En cuanto a los vacantes, el último informe realizado por el Supremo detalló que 42 se corresponden con la jurisdicción ordinaria y 6 con la militar, que en todo caso ascenderán a 9 magistrados en los próximos mese si la situación de bloqueo no se revierte.

 Según el propio CGPJ, se dictarán aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas del alto tribunal. Se teme asimismo que la situación devenga en un retraso de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y también en las decisiones de admisión e inadmisión, que son las más numerosas.

En el caso del Tribunal Supremo, por ejemplo, del total de 11 vacantes destacan seis jubilaciones, tres fallecimientos, una excedencia y la salida de una magistrada, Lourdes Arastey, después de ser nombrada juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay otras vacantes importantes en órganos como la Audiencia Nacional, cuyas presidencias de Sala también corresponde designar al CGPJ. Por ello, y tras la salida de la hasta ahora presidenta de lo Penal Concepción Espejel al Tribunal Constitucional, y en espera de la renovación, quedará de sustituto provisional el veterano Alfonso Guevara.

Por su parte, los Tribunales Superiores de Justicia registran un total de 18 vacantes, en su mayoría por el fin del mandato de los jueces. Lo mismo ocurre con las Audiencias Provinciales, en el que destaca el caso de Ignacio Subijana, que el pasado mes de marzo fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.