La consejera del Concepción Sáez, elegida a propuesta de IU, ha presentado la dimisión de su cargo porque considera “inútil” su continuidad en ese escenario “radical y puede que ya de irreversible degradación de la institución”. Aumenta así la sobreabundancia de consejeros conservadores (diez frente a seis) en un órgano que caducó hace cuatro años y cuatro meses y que se mantiene bloqueado por la frontal negativa del PP a renovarlo.

Si todos los consejeros hubieran hecho otro tanto al ver el comportamiento anticonstitucional de los reticentes a la renovación, el problema ya no existiría. Pero ha podido más el afán de control del sector conservador, que está como pez en el agua en este barrizal que desacredita irremediablemente a la Justicia, aunque unos pocos sepamos distinguir entre la indolencia del colectivo y la integridad de unos cuantos.

Lo cierto es que el PP está ya cerca de que se cumpla su objetivo: acabar la legislatura controlando al poder judicial, y confiando en ocupar el gobierno tras las próximas elecciones generales, lo que le permitiría seguir manteniendo la posición hegemónica en este poder del Estado. Y ello, no solo en contra de la Constitución sino también de Bruselas que, aunque partidaria de reformar el procedimiento, reconoce que lo primero y principal es recuperar la normalidad mediante la renovación establecida por la ley vigente.

Sucede sin embargo que no está claro en absoluto que la derecha vaya a gobernar en la próxima legislatura. Y mucho menos aún que, aunque lo consiga mediante un pacto contra natura entre la derecha democrática y VOX, pueda renovar el Consejo sin la cooperación del PSOE. La izquierda es más sensible a los dictados éticos de la democracia y seguramente terminaría cediendo, pero la sociedad entendería que, puesta en la encrucijada, la izquierda se negara a facilitar sumisamente la renovación institucional. Y aunque lo hiciera, difícilmente se le podría pedir que accediera después a la reforma del modelo, fijado por el gobierno de Felipe González mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que ha funcionado correctamente hasta ahora y que ha frenado el corporativismo de jueces y magistrados. Feijóo está contrayendo una grave responsabilidad si persiste hasta el final en mantener esta grave anomalía, que violenta claramente las reglas de juego democrático, es decir, la Constitución. Y su pertinacia abre un abismo insondable bajo nuestros pies.