Por razones históricas bien comprensibles, la política democrática de ese país ha incluido con frecuencia una lucha contra la nostalgia, ya que el huracán democrático que puso en pie el actual régimen parlamentario tuvo que sobreponerse a los ecos de una dictadura muy larga, a la que se sentía vinculada una parte nada desdeñable de la sociedad y del ejército, este convertido por algunos en decimonónico redentor, resistente a la modernización laica y liberal que necesitaba este país y que emprendió sobre la base firme de la Constitución de 1978.

Golpistas aparte, muchos nostálgicos fueron sin embargo inofensivos porque Manuel Fraga, hombre clave del régimen anterior, arrastró a buena parte de los cuadros del franquismo hasta una derecha democrática inclusiva. Sin embargo, a raíz de la gran crisis económica de 2008-2014, surgieron los populismos en nuestro país, y el de derechas resultó ser Vox, formado por ultras desgajados del PP pero diferenciados de este ya que la nostalgia franquista se ha visto subsumida en la extrema derecha europea y americana que ha irrumpido en escena por razones parecidas a las de aquí.

En Europa, la extrema derecha de Le Pen, surgida en los 70, fue pionera en la recuperación del fascismo. En 2013 se fundaba Alternativa para Alemania, surgida de los profundos efectos de la crisis en la antigua Alemania Democrática, tras una reunificación precipitada que generó una gran fractura social. Y poco a poco el neofascismo, que a veces se ha cuidado de dulcificar su rostro, se ha ido instalando en la mayoría de los países europeos, hasta conseguir gobernar en uno de los grandes de la UE, Italia.

En España, Vox se fundó también en 2013, y hoy dispone de 52 diputados en el Congreso y cogobierna en Murcia y en Castilla-León. Su doctrina es más radical que la de la extrema derecha francesa, alemana e italiana, y puede compararse con la del Fidez húngaro, el PiS polaco y el bolsonarismo brasileño. Y constituye un corpus incompatible con el espíritu de la Constitución. En estos días, hemos asistido a la brutal descalificación de la ministra de Igualdad, a la que Vox detesta porque es el principal vehículo del feminismo y de la lucha contra el machismo y la violencia de género, así como en favor del derecho al aborto y de los derechos del colectivo LGTBi, designios que los ultraconservadores satanizan con saña. Lo grave —y lo que constituye el principal signo de identidad de Vox— es que su oposición a cualquier política progresista no es meramente verbal ni está basada en argumentos sino que recurre a la descalificación, al insulto y al menosprecio, en términos que no son digeribles por la sociedad civil ni por las instituciones. La crítica a Irene Montero —como ha sucedido con otras bestias negras de Vox— a raíz de la ley del “solo sí es sí” y de algún efecto indeseado que pudo evitarse pero que no invalida la norma, ha consistido en una sarta de intolerables insultos dirigidos a la persona más que al cargo público, que son inaceptables en un parlamento democrático y que sin duda caben en la figura penal de la injuria. Este episodio ha sido de extrema gravedad, pero otros de parecido calado suceden a diario en los lugares donde Vox dispone de algún altavoz institucional.

Semejante conducta se basa en formulaciones ideológicas alejadas del núcleo central del consenso político del sistema español. Vox niega el cambio climático antropogénico, se opone al Estado de las Autonomías, es homófobo y niega el matrimonio homosexual, apuesta por el cierre de fronteras y la pureza de la raza, en su cerrado nacionalismo es enemigo de la globalización… Todo ello, lo convierte en una fuerza incompatible con los partidos democráticos, y recomienda el cordón sanitario que lo aísle de la política real, como Francia ha hecho sistemáticamente.

En el parlamento, la libertad de expresión es sagrada pero también tiene límites, y no es aceptable que un sector de la cámara, situado extramuros del gran pacto político, insulte desatinadamente a sus adversarios. La desfachatez política de quien niega al otro el derecho a ser libre ya promover la libertad de todos debe ser convenientemente censurada, y la propia presidencia de las instituciones parlamentarias debe limitarla. Es obvio que los incidentes que son objeto de este análisis no tienen la gravedad de la toma del control del congreso norteamericano por las huestes republicanas seguidoras de Trump, pero los dicterios pronunciados con ensañamiento y con un desprecio inadmisible hacia el oponente no pueden ser considerados como una simple irregularidad del paisaje. El PP hace un flaco servicio al país manteniendo alianzas con los emisores de tan energuménicas proclamas y descalificaciones, y los demás partidos deberían facilitar a la derecha democrática los acuerdos que las hicieran innecesarias.