Felipe VI hizo público este lunes su patrimonio y ayer el Gobierno aprobó un decreto que reforma la estructura y funcionamiento de la Casa del Rey cuya novedad más relevante es que el Tribunal de Cuentas fiscalizará el presupuesto de la Zarzuela, como hace ahora con los partidos políticos y las instituciones públicas. Son medidas sin precedentes y bienvenidas porque sitúan a la Casa del Rey a la altura de los demás organismos del Estado que reciben dinero público. Suponen un paso significativo en el camino de dotar a la Monarquía de mayor transparencia y ejemplaridad.

De hecho, el Rey decidió dar a conocer su patrimonio, que asciende a 2,6 millones de euros, para dar una respuesta a la "demanda de regeneración pública" y hacer a la Corona "merecedora del respeto y la confianza de los ciudadanos". El Rey no dispone de inmuebles de su propiedad ni bienes en el extranjero. Aunque la Zarzuela desvincula esta decisión de los escándalos del rey emérito, es evidente la relación entre ambas cuestiones.

El patrimonio de Felipe VI se conoce poco después de que la fiscalía del Tribunal Supremo archivase las investigaciones sobre el rey Juan Carlos I. El gesto de Felipe VI destaca más si tenemos en cuenta que algunas de las principales monarquías europeas –la británica, la belga y la holandesa— son tan opacas en este aspecto como lo era hasta ahora la española.

En cuanto al decreto del Gobierno, elaborado en coordinación con la Zarzuela tras meses de diálogo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, destacó que esta "auditoría externa" que efectuará el Tribunal de Cuentas dará "una imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la Casa del Rey", que a partir de ahora deberá dar publicidad a los contratos que haga y colgar en la web cada trimestre la ejecución del presupuesto, las retribuciones y los regalos institucionales.

Ambas iniciativas son positivas, pero resultan insuficientes. El Rey ha publicado su patrimonio voluntariamente, pero no está previsto hacer público el de otros miembros de la familia real. En realidad, Felipe VI se ha aplicado a sí mismo las previsiones de las leyes de transparencia y de altos cargos (de 2013 y 2015), de las que estaba excluida la Jefatura del Estado. También queda pendiente la limitación de la inviolabilidad del monarca a los actos públicos, excluyendo los privados.

La inmunidad total es la que ha permitido, en parte, que no pudiera seguir siendo investigado Juan Carlos I, quien, no obstante, debería dar explicaciones sobre su comportamiento, como le ha solicitado reiteradamente Pedro Sánchez. Por todo ello, para no depender de la voluntariedad del monarca, sería conveniente una regulación legal de las funciones de la Casa del Rey y de las actividades del jefe del Estado, ya sea mediante una ley de la Corona o a través de diferentes normas o decretos como el aprobado por el Consejo de Ministros. La nueva regulación de la inviolabilidad del Rey es, en este sentido, una medida necesaria.