Probablemente, este es el gobierno que más ha gobernado por Real Decreto. Claro, me dirán ustedes, es que hemos vivido una pandemia y había que hacer cosas muy rápido. Eso es cierto. Pero también lo es que, tanto antes como después de la pandemia, el uso del Real Decreto Ley, que debería ser excepcional, se ha estandarizado. Es como otros aspectos de la pérdida de democracia, que cuando quien manda se acostumbra, se acomoda, porque el acuerdo, la negociación o la transparencia cuestan más trabajo y más esfuerzo.

Gobernar con Reales Decretos es muy cómodo y le ahorra a uno la tediosa tarea de tener que negociar con la oposición. Les explicaré porque es tan cómodo. Cuando el gobierno saca un Real Decreto Ley (RDL) en vez de una Ley, se ahorra muchos pasos. No necesita recabar la opinión del Consejo de Estado, ni hacer todas las consultas previas. El ministerio en cuestión lleva el RDL al Consejo de Ministros y, una vez este lo aprueba, ya entra en vigor directamente. En una o dos semanas está listo.

Para consolidarlo, tiene un plazo de 30 días para que el Congreso lo convalide, pero si el gobierno cuenta con los apoyos suficientes, el Congreso lo aprueba y ya está. En cambio, si para regular esa materia decide tomar el camino de hacer una Ley en vez de un RDL, el proceso cuesta mucho más. No solo por las consultas previas, el informe del Consejo de Estado, la opinión de los otros ministerios, las consultas públicas y todo el proceso anterior a llegar al Consejo de Ministros, sino porque una vez aprobado y enviado al Congreso, ahí arranca todo un proceso de negociación con los grupos parlamentarios que propondrán sus enmiendas a la ley y habrá que negociar con cada uno los cambios a incorporar para conseguir el apoyo a la ley. Si no hay negociación con los otros grupos, la ley no sale.

Cuando un Real Decreto Ley va al Congreso, es muy probable que los partidos que apoyan al gobierno lo aprueben, pero a la vez que le pidan que se tramite como Ley, precisamente para poder hacer enmiendas y mejoras al proyecto, negociarlo y mejorarlo antes de dar el sí definitivo. Le vienen a decir: vale, te lo apruebo para que siga estando en vigor, pero quiero cambiar cosas que son mejorables. Es lógico, esa es la tarea del poder legislativo, legislar proponiendo leyes y también mejorando las que el gobierno tiene que pasar por el Congreso para su aprobación. Pero esto no es así. Aunque el Congreso decida tramitar un Real Decreto Ley como Ley, el gobierno tiene argucias para ahorrarse esa tarea y, una vez más, escapar de la tediosa negociación con otros grupos parlamentarios que tan poco les gusta. Les cuento cómo se hace.

Cuando una Ley propuesta por los grupos parlamentarios, o un Real Decreto Ley, o también un proyecto de ley del gobierno comienzan su trámite en el Congreso, se le encarga a una de las Comisiones que lo estudie. Así, la propuesta del PNV de reformar la Ley Mordaza iría a la Comisión de Interior, el Ingreso Mínimo Vital que entró por RDL y el Congreso pidió tramitar como ley y fue a la Comisión de Trabajo y SS, o el proyecto de Ley del gobierno para los planes de pensiones de empresa ha ido a la Comisión de Seguridad Social.

La comisión da un plazo para presentar enmiendas a los grupos parlamentarios a la ley y estos podrán solicitar la ampliación de este plazo de enmiendas a la Mesa del Congreso. Hasta aquí todo bien. Lo suyo sería tener una o dos semanas para poder presentar una enmienda a la totalidad y 15 o 30 días para hacer enmiendas al articulado de ley, que son propuestas de cambios a cada artículo. Luego se reuniría la ponencia para negociar cuáles de esas enmiendas se incorporan al texto y finalmente aprobarlo. Pero no es así.

Quien decide si un plazo de enmiendas se amplía o no es, teóricamente, la Mesa del Congreso. Lo cierto es que la mayoría de la Mesa la ostentan los partidos que gobiernan y estos siempre preguntan a los ministerios correspondientes cuándo les va bien que cierren el plazo de enmiendas (¡viva la independencia de poderes!) y lo que suele ocurrir es lo siguiente: cuando la ley es un proyecto de ley de otro partido político, como es el caso de la reforma propuesta por el PNV sobre la ley mordaza, la respuesta viene a ser más o menos… nunca. Por eso una ley como esta puede pasarse perfectamente dos años ampliando el plazo de enmiendas para no discutirla… nunca.

De hecho, puede acabarse la legislatura sin llegarla a discutir. Esto ocurre. Cuando es el caso de un Real Decreto Ley, puesto que ya está en marcha, el gobierno no tiene ninguna prisa por cerrar el plazo, porque al fin y al cabo los otros grupos se lo quieren cambiar. Así que lo suele ampliar meses y meses mientras decide qué está dispuesto a ceder para poder cerrar el tema. El caso del Ingreso Mínimo Vital fue notorio, porque el primer RDL era bastante chapuza, todos los grupos quisieron enmendarlo, pero el gobierno no quería tener esa discusión. De hecho, llegó a hacer nuevos reales decretos para parchear el primero porque no funcionaba antes que incorporar las mejoras que le proponían los otros grupos parlamentarios. Parece increíble pero esto pasa.

Cuando el proyecto en cuestión en trámite es una Ley del gobierno, que es la forma lógica de gobernar (no como el RDL que es para urgencias), el gobierno lleva el proyecto al congreso, se abre un plazo de enmiendas y en un tiempo razonable se cierra para que la ley se pueda poner en marcha. Por ejemplo, en le ley de planes de pensiones de empresa, que el gobierno ya lo ha comprometido con Bruselas y no quiere dar margen a los grupos de que lo enmienden mucho, pero necesita aprobar rápido por sus compromisos, el plazo se ha cerrado en solo una semana. Curioso, no.

A estas argucias en la tramitación de las leyes para dificultar el trabajo del parlamento tenemos que sumar la ausencia total de Debates del Estado de la Nación desde hace siete años, pero también la propensión del presidente a evitar el control del parlamento haciendo todos los anuncios importantes de la legislatura primero ante los empresarios o la prensa, sin oposición que cuestione o haga preguntas, y luego ya se lo cuenta al Congreso.

Si es posible, se lo contará al Congreso juntando varios temas importantes, en una ensalada de buenas y malas noticias para poder decidir dónde centrar la atención y qué intentar pasar desapercibido. Véase la comparecencia de las medidas para bajar el precio de la energía y el tema del Sáhara en el mismo lote. Si sumamos todas estas circunstancias podemos ver que la pérdida de respeto por parte del ejecutivo al legislativo es enorme, y la democracia se nos va quedando por el camino porque, por más republicanos que nos llamemos todos, esto es más reinar que gobernar.