El pasado mes de septiembre, el presidente Sánchez reabrió el debate sobre el traslado de algunas instituciones del Estado, con sede en Madrid, a otras ciudades españolas. Una forma de equilibrar la presencia de estos organismos públicos en el territorio español, supuestamente dirigida a hacer frente al "reto demográfico".
Ya sea motivado por una genuina voluntad de potenciar la presencia del Estado en todo el territorio español, o para contentar a algunos líderes regionales, este debate no es nuevo. En 2004, el expresidente Zapatero decidió trasladar la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona. Una decisión que fue recurrida por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y por un grupo de trabajadores, muchos de los cuales no aceptaron el traslado, y anulada por el Tribunal Supremo dos años después. La solución a esta anulación llegó por la vía de la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que integró las competencias de la CMT y la Comisión Nacional de Energía (CNE), y el mantenimiento de una doble sede en Madrid y Barcelona. Y es que "desconcentrar" entes estatales de la capital, no está libre de problemas. Pero antes de exponerlos, es importante hacer una aclaración.
No debemos confundir la "desconcentración" con ningún tipo de descentralización administrativa y política. Descentralizar es transferir competencias, de gestión, normativas o recaudatorias, de la administración central a las administraciones subnacionales. Esto es lo que ocurrió en España durante las primeras décadas de la democracia con el desarrollo del Estado Autonómico. Acerca la toma de decisiones políticas a los ciudadanos, aumenta la comprensión gubernamental de sus preferencias y el poder de estos últimos para fiscalizar a sus gobiernos -rendición de cuentas-.
La "desconcentración", sin embargo, no supone más que el traslado (físico) de estas autoridades y entidades ubicadas en la capital, lo cual no conlleva la cesión de competencias a ninguna de las administraciones territoriales. Si se trata de instituciones existentes y no de nueva creación, habrá que analizar cómo esto afecta a sus trabajadores, a la ciudad de origen y a la de destino, o al presupuesto público. Si, en cambio, se trata de trasladar agencias o entidades nuevas, cuya creación no está debidamente justificada y sólo responde a la voluntad de contentar a uno u otro partido o político, o es una forma de compra de votos, sería una irresponsabilidad absoluta.
Si bien no es disparatado pensar que tendría más sentido que la sede de Puertos del Estado estuviese en una ciudad costera, una decisión de estas características no se puede tomar en base a un cálculo político determinado, sobre todo cuando afecta directamente a las personas que trabajan allí y puede significar un aumento del presupuesto público.
Resulta paradójico que en España los mismos que supuestamente defienden un Estado menos desconcentrado y más descentralizado, y continuamente dan lecciones sobre su compromiso con la co-gobernanza, se oponen a la competencia fiscal que es el producto de un verdadero proceso de descentralización, la descentralización tributaria. Es decir, la autonomía para que los gobiernos regionales sean libres de aplicar la combinación entre gasto público y presión fiscal que consideren, y asuman además los costes electorales de esas decisiones. Así que permítanme que ponga en duda las verdaderas intenciones de quienes usan los gestos como forma de compra de votos y favores continua.