La Ciudad de la Justicia parecía otra vez desatascada, pero esta semana ha sufrido el primer escollo de esta nueva fase. Tras 20 años encadenando retrasos, fracasos y supuestos delitos de malversación y fraude, en noviembre de 2021 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reactivó el proyecto con la presentación de un nuevo informe de viabilidad y 9 meses después publicaba la licitación. Todo parecía encauzado para que la primera piedra del nuevo complejo judicial pudiera colocarse poco antes de que comience la campaña electoral de 2023. Así lo anunció entonces la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Pero ya no está claro que eso pueda suceder.
Cuando a finales de 2021 el Gobierno autonómico pulsó de nuevo el botón de salida de la Ciudad de la Justicia, se planteó una pregunta a la Consejería responsable que dirige Enrique López. ¿Puede haber otros riesgos que vuelvan a paralizar el proyecto? La respuesta hace un año fue que los problemas políticos eran impredecibles, pero que los económicos estaban contemplados en la ley de contratos del sector público, que prevén posibles cláusulas, penalizaciones y sanciones por retrasos o merma de la calidad de los servicios que pueden deducirse del canon anual. Hoy son precisamente los económicos los que están pasando factura al Ejecutivo madrileño. Y la Comunidad, según fuentes internas, valora ampliar el canon anual que recibirán las empresas, que al conocerse la licitación se fijó en 49,3 millones al año.
En julio se estableció un canon máximo de 49,3 millones anuales para las empresas que ahora podría ampliarse hasta casi 60
Dudas sobre la rentabilidad económica
El plazo para optar a la licitación finalizaba el jueves 20, pero el Gobierno regional ha decidido ampliarlo hasta el 10 de noviembre y aprovechar este plazo para "despejar dudas que se han planteado a lo largo del proceso". Las dudas planteadas, entre otros, tienen que ver con que las empresas del sector no han querido presentarse porque no les salen las cuentas y por eso fuentes de la Consejería apuntan que en las aclaraciones que se publicarán la próxima semana sobre "el comportamiento de la tarifa a lo largo de los 40 años de vida de la concesión" quedará claro que el canon que en julio se presentaba como "máximo" puede en realidad ampliarse hasta casi diez millones. En concreto, lo que se dijo al presentar la licitación es que "el canon asciende, como máximo, a 49,3 millones de euros -más IVA-, cantidad que no será sometida a revisión -y sólo en un 20% de la misma- hasta el octavo año del contrato. Además, esta cuantía solo será examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten".
En noviembre de 2021 lo que decía el mapa económico es que salíamos de una crisis sanitaria. Cinco meses después, en febrero, comenzó la guerra de Ucrania e hizo tambalear el escenario, y la licitación de la Comunidad que se publicó en julio no está claro que tuviera en cuenta las consecuencias económicas de la crisis energética en la que ha derivado el conflicto. Con los precios de los materiales de obra al alza, a las empresas de construcción hoy no les es rentable lo que hace un año podría serlo. Por eso la licitación de la obra de la Ciudad de la Justicia, que concluía este pasado jueves, no ha tenido el resultado esperado y la Consejería ha tenido que ampliar el plazo hasta el próximo 10 de noviembre.
En el sector aducen que tras varios años de sequía en las concesiones y contratos de obra público-privada, el complejo judicial de Madrid se recibió como gran esperanza porque serviría, pensaban, como "aliciente" para animar el mercado de la construcción. Pero hechos los cálculos, los números no son rentables para muchas empresas que podrían asumir el proyecto. En cualquier caso, también se han percibido otros problemas más allá de los precios.
La Ciudad de la Justicia dio sus primeros pasos con Esperanza Aguirre en 2005 pero el proyecto quedó paralizado
Estos cálculos se han trasladado a la c
Consejería, que confirma que ha recibido hasta "229 cuestiones recurrentes", y ahora están expectantes ante las modificaciones que pueda anunciar el equipo de López. Pero lo que ha comunicado de momento la Consejería es solo una ampliación de plazo con aclaraciones.
Críticas al proyecto
Cualquier modificación de los términos del pliego debe conlleva directamente una nueva licitación. En el PSOE entienden que las empresas se presenten solo si las cuentas les cuadran, y son conscientes de que la coyuntura económica actual, con los datos de inflación en la mano y la carestía de los materiales necesarios para la obra, son diferentes a los de hace unos meses, pero no comprenden que la consejería no haya reaccionado antes y esté presentando una ampliación del plazo cuando no pueden cambiar las condiciones, que es lo que desde el sector se sugiere. "Esto parece una patada hacia adelante", apuntan en el grupo socialista, "no deja de ser otro fracaso más del Gobierno".
En cualquier caso, vuelven a insistir en la denuncia del modelo de concesión. Juan Lobato, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, criticaba ayer que este "modelo ha resultado ser estrepitoso" y "ya costó millones" a los madrileños. "¿Cómo no va a tener capacidad la Comunidad de Madrid para asumir su construcción?", se preguntaba en referencia a la Ciudad de la Justicia. En esta misma línea se pronuncian desde Más Madrid. Su diputado Hugo Martínez, que asegura que no se oponen al proyecto sino precisamente al modelo: "Ya dijimos en su día que esto era un endeudamiento encubierto" del Gobierno, explica, y critica la concesión en un proyecto como este porque "no existe riesgo para el adjudicatario". Lo lógico, apunta, es que la Comunidad adjudique la construcción, haga frente al coste que supone pero se quede después con su gestión y mantenimiento sin cedérselo a una empresa. En uno y otro partido coinciden en que una modificación de las condiciones conllevaría una nueva licitación y si así fuera, este no sería solo un primer escollo sino el enésimo retraso de la Ciudad de la Justicia.
Si finalmente nada cambia y hay concurrencia, el adjudicatario tendrá que invertir en la construcción del complejo judicial cerca de 500 millones de euros y encargarse de los gastos de mantenimiento de los edificios y de los servicios asociados, y a cambio, a través de los cánones, recibirá hasta 1.972 millones durante los próximos 40 años, más lo que pueda obtener de la explotación de los servicios que se desarrollarán en los locales de uso terciario.
Desde la Comunidad, justificaron la ampliación del plazo en que es "un proyecto de una enorme complejidad en una situación económica muy complicada que hace muy difícil la elaboración de un programa económico por parte de las empresas que se quieran incorporar a la oferta. Precisamente, la Administración, con sus aclaraciones, quiere ofrecer una mayor evidencia y seguridad sobre las cláusulas de los pliegos".