CRISIS ENERGÉTICA

Madrid sólo aplicará medidas de ahorro energético que no sean de competencia autonómica: ¿cuáles son?

Ayuso podría optar, previo paso por los tribunales, por legislar sobre el comercio y los edificios públicos de la Comunidad

Ayuso dice que su gobierno no apagará la luz de los edificios públicos ni de los escaparates

El nuevo Plan de Ahorro Energético del Gobierno se ha convertido en el nuevo caballo de batalla de la Comunidad de Madrid. Es la nueva forma que ha encontrado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, para tener otro cara a cara con Pedro Sánchez. Mediante el lema "Madrid no se apaga", la presidenta anunció que no cumpliría el nuevo decreto de ahorro energético del Gobierno.

Este real Decreto Ley contiene un primer paquete de medidas para ahorrar energía en comercios, empresas y edificios públicos:

  • Los edificios públicos, comercios infraestructuras de transportes, hoteles y espacios culturales deberán limitar la temperatura del aire acondicionado a 27 grados y la de la calefacción a 19

  • Los escaparates deben apagar la luz a partir de las 22.00 horas y los edificios públicos deberán apagar las luces de los espacios no utilizados

  • Los comercios y locales tendrán que cerrar las puertas cuando estén en funcionamiento sus sistemas de aire condicionado o calefacción

  • Los sistemas de climatización de los espacios comerciales y públicos deben ser revisadas

  • Se potencia el teletrabajo en el sector público, con tres días por semana

Ayuso ha argumentado que este "apagón" se mete flagrantemente en la vida de los ciudadanos, que "genera inseguridad, espanta el consumo y el turismo y provoca oscuridad, pobreza y tristeza", por lo que se declaró en rebeldía contra la Ley y declaró que se negaría a aplicarla. Sin embargo, solo 24 horas más tarde, su vicepresidente, Enrique Ossorio, matizó que solo aplicará las medidas de competencia estatal, las necesarias para cumplir la Ley, pero no las de competencia autonómica.

¿Puede Ayuso incumplir la Ley?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta norma se articula en forma de Real Decreto-Ley, por lo que es una normal estatal. Eso quiere decir que las medidas son de obligado cumplimiento porque son de carácter general y estatal. Y, en caso de que no se cumplan, tal y como dicen el propio texto del plan de ahorro energético, existen diferentes instrumentos sancionadores, como el artículo 155 que ya se aplicó en Cataluña durante el Procés.

A donde sí puede acudir la Comunidad de Madrid, alegando un choque competencial, es a los Tribunales. La capital podría optar por recurrir esta ley ante la justicia alegando que hay injerencias competenciales, que el Estado ha legislado sobre ámbitos que competen a la Comunidad, para intentar parar ciertas medidas. Una Comunidad no puede simplemente incumplir una norma estatal, debe recurrirla ante los Tribunales en los márgenes constitucionales

Así lo confirmó Ossorio en una entrevista en la cadena Cope: "Lo que tenemos que revisar es si esos títulos que el Estado invoca para meterse de esa manera en la vida de las Comunidades Autónomas. de los comerciantes y los ciudadanos son suficientes para que sean de carácter básico”. Por lo tanto, es posible que Madrid estudie el plan del Gobierno a fondo y lleve varias medidas ante la justicia.

¿Qué medidas no cumplirá?

La intención de Ayuso es no cumplir las medidas que sean competencia exclusiva de la Comunidad, posiblemente, como hemos explicado, previo recurso ante los tribunales.

Por ejemplo, según dijo Ossorio en una entrevista a la Agencia EFE, Madrid tiene la competencia exclusiva en materia comercial, por lo que podría no aplicar todas las medidas que se inmiscuyan en este ámbito: el apagado de los escaparates, la limitación de la temperatura en espacios comerciales o el cierre automático de puertas.

La Comunidad también tiene competencias exclusivas sobre sus edificios públicos por lo que podría decidir sobre qué temperatura debe haber en su interior o sobre cuándo enciende o apaga las luces del interior y exterior de estos edificios

¿Qué consecuencias tendría?

Teresa Ribera ya ha anunciado que, en los casos de incumplimiento del Plan de Ahorro Energético “existe un régimen sancionador que se aplicaría”. Y, tras la rebelión de Ayuso, el Gobierno dio a conocer cifras concretas. Multas que fluctúan entre los 60.000 euros y los 100 millones de euros dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

Temas

Energía · Gobierno