Un juez de Barcelona imputa al amigo mexicano de Juan Carlos I por un fraude a Hacienda

El juez de Barcelona Santiago García García ha citado a declarar como imputado para el próximo 7 de noviembre al amigo mexicano de Juan Carlos I, Allen Sanginés-Krause, que está siendo investigado como colaborador por un presunto fraude a Hacienda por un importe de 600.000 euros supuestamente cometido por uno de los médicos del rey emérito, el facultativo barcelonés Manuel Sánchez Sánchez, según confirmaron a El Periódico fuentes jurídicas. Las pesquisas nacen de la querella presentada por la fiscalía contra ellos y la esposa del doctor por, presuntamente, simular la ampliación de capital de la sociedad que gestiona el centro de este doctor, la Clínica DeSánchez, sita en la zona alta de la capital catalana.

El juzgado había solicitado hace unos meses la colaboración a las autoridades del Reino Unido para poder interrogar a Sanginés-Krause. El magistrado tramitó a principios de noviembre del año pasado una comisión rogatoria (solicitud de ayuda y cooperación internacional) a las autoridades británica, a través del Ministerio de Justicia español, para poder interrogar a este empresario mexicano, que es propietario de una mansión en ese país, al no haberlo podido citar para declarar en calidad de imputado en un supuesto domicilio en España. Pero al final, no ha sido necesaria la comisión rogatoria, pues el magnate se ha personado en la causa con abogado y procurador para poder declarar.

El nombre de Sanginés-Krause saltó a los medios de comunicación cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo, en Madrid, abrió unas diligencias por los gastos realizados por familiares próximos a Juan Carlos I con una tarjeta a nombre de quien fue su ayudante de campo Nicolás Murga y que el empresario mexicano alimentó con 270.000 euros en seis transferencias y otras dos de 149.910 euros de la mexicana Pretorian Prevention. La fiscalía archivó el caso porque serían "donaciones sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones", lo que explica que la primera regularización fiscal del emérito. Ascendió a 678.393 euros (559.361 euros más recargos e intereses de demora).

La estrategia de "simulación"

En Barcelona, en cambio, la investigación por presunto fraude a Hacienda continúa abierta. No se basa en esas donaciones, aunque en el texto se menciona la existencia de facturas giradas por la clínica de Manuel Sánchez a este empresario por los servicios prestados al rey emérito. El juez Santiago García indaga si este médico recurrió a una presunta "una estrategia defraudatoria", con la presunta colaboración de su esposa y del empresario mexicano, para "camuflar" retribuciones por 1,3 millones de euros como ampliaciones de capital de la sociedad que gestiona la clínica y que fueron suscritas entre 2016 y 2018 por una empresa de Sanginés-Krause, según la fiscalía. En su opinión, estas operaciones “no fueron tales, sino que se simularon”.

La querella de la fiscalía relata que, con la última y cuarta ampliación de capital, Sánchez conservaba el 65% del capital social, habiendo aportado únicamente 3.010 euros. A la empresa de Sanginés-Krause le correspondía el 35% cuando había desembolsado un total de 1,3 millones de euros. Es decir, el amigo del rey emérito era socio minoritario a pesar de su inversión. Para la fiscalía, las ampliaciones de capital son simuladas por la "falta de justificación de las primas de emisión y su absoluta desproporcionalidad", la “ausencia de motivación económica de la inversión”, la inexistencia de documentos sobre el proyecto y las negociaciones previas, la carencia de “control” del socio capitalista (el magnate mexicano) sobre los recursos aportados (99,77%) y la “disposición” de fondos por parte del médico con “total discrecionalidad”.