TRIBUNALES
La Complutense denuncia que Begoña Gómez no colabora en la investigación por "apropiación" del 'software' de su máster
La universidad comunica al juez Peinado que si aparecieran "indicios de que ha existido un perjuicio patrimonial" solicitaría ejercer acciones legales como perjudicada
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha reprochado a Begoña Gómez su falta de colaboración en la investigación interna que ha abierto para determinar si la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se apropió de un software universitario. Así consta en un informe de 1 de julio dirigido al juez Juan Carlos Peinado, mediante el cual este centro docente comunica al instructor,--que rechazó aceptar como acusación particular a esta universidad-- que si aparecieran "indicios conducentes a considerar que ha existido un perjuicio patrimonial" volvería a solicitar ejercer acciones legales en calidad de perjudicada.
En concreto, la Universidad atribuye a "la falta de cooperación de determinados participantes en relación a los hechos y afectados por la cuestión", al mismo tiempo que resalta que la UCM "no está dotada de potestades que obliguen a esa colaboración. Por eso no puede alcanzar, "por sus propios medios, una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes".
El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquin Goyache, a su llegada al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde el juez Juan Carlos Peinado interroga este viernes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, / Mariscal
En el caso concreto de Begoña de Gómez, prosigue el escrito, la UCM remitió un correo electrónico a la mujer de Pedro Sánchez el 11 de junio para requerirle documentación. Un día más tarde, la esposa de Pedro Sánchez respondió por correo electrónico que estaba "reuniendo la documentación" sobre las diferentes cuestiones que le demandaban. El informe destaca que pese a haber pasado un mes, todavía no ha aportado la información solicitada.
Propiedad Intelectual
Tampoco han sido fructíferas, continúa la universidad en su escrito, las búsquedas que han realizado los empleados de la UCM en el Registro de la Propiedad Intelectual para determinar si la mujer de Pedro Sánchez había registrado el software de la Complutense.
Sin embargo, la Oficina Española de Patentes y Marcas sí informó a la UCM de que Begoña Gómez tenía a su nombre dos marcas, que según el informe, la UCM desconocía de su posible existencia "hasta la publicación por los medios de informaciones referidas" sobre la empresa Transforma TSC SL.
El informe completa, además, que Begoña Gómez constituyó el 12 de diciembre "sin conocimiento ni participación" de la UCM la sociedad Transforma TSC SL.
Tampoco el codirector de la cátedra ha colaborado en la investigación interna, según el informe, que argumenta: "José Manuel Ruano de la Fuente manifiesta no tener la documentación requerida, ni. al parecer, respuesta a las cuestiones planteadas por esta Universidad manifestando que él mismo traslada a la directora de la Cátedra la responsabilidad de atender a los requerimientos formulados".
De interés
Además, dado que el juez rechazó su personación en la causa al no entender que hubiera perjuicio para ella, la UCM entrega varios documentos a Juan Carlos Peinado al considerar "que pudieran resultar de interés para el procedimiento”. Como por ejemplo una copia del convenio suscrito en virtud del cual se crea la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, y de la factura presentada por la empresa Making Science Group S.A. por la prestación del servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para dicha cátedra por 24.200 euros.
También le remite el contrato menor cuyo objeto fue el "Servicio de Consultoría y Asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva'', por 18.148 euros; y el procedimiento abierto simplificado cuyo objeto fue la asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa, que se adjudicó por 60.500 euros.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press adelantan que determinadas acusaciones populares solicitarán al magistrado que pida esos pagos y contratos a la UCM para poder incluirlos en la causa.
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