La oposición de jueces y fiscales frena la amnistía: ¿puede la UE perdonar a malversadores?

La aplicación de ley de amnistía tras su publicación este martes en el BOE no será pacífica en términos jurídicos, como se venía anunciando desde que la norma comenzó su andadura parlamentaria. Las primeras resoluciones emitidas por los principales órganos judiciales -como es el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas-, a las que se suman los movimientos en la Fiscalía a cuenta de los fiscales que participaron en el juicio contra el procés reflejan ya esta resistencia en negro sobre blanco.

Una de las claves se centra en las dudas que genera la aplicación del borrón y cuenta nueva a los delitos económicos como el de la malversación, por su posible afectación al derecho europeo y porque es por el que fueron condenados por el Supremo los líderes del 'procés' y por el que el expresidente Carles Puigdemont mantiene una orden de detención en vigor.

El instructor de la causa hasta ahora pendiente de juzgarse por malversación agravada y desobediencia contra Puigdemont, Pablo Llarena, ha apuntado directamente a esta cuestión al preguntar al Ministerio Público, y también a las defensas y a las acusaciones populares: si la malversación perseguida en el 1-O es la que la propia ley excluye por afectar a intereses de la Unión Europea.

La providencia de LLarena pide de forma explícita a las partes que informen “sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados”, y en este punto hace una referencia concreta a la posibilidad de valorar si los hechos pueden entenderse "excluidos del ámbito de aplicación de la ley por la específica previsión del legislador recogida en su artículo 2.e”. Se trata del mismo argumento que los fiscales del 'procés' han esgrimido para negar que pueda aplicarse, al entender que puede afectar a los intereses financieros de la Unión Europea.

Sobre esta duda también se extiende de forma muy concreta otro escrito, el que el Tribunal de Cuentas ha notificado a las partes este mismo martes en relación con el juicio contable sobre los gastos del 1-O y la acción exterior del Govern que está pendiente de sentencia. La providencia, de nueve páginas, tiene un tono que deja poco margen a si acabará elevando la consulta al Tribunal Superior de Justicia de la UE. La consejera Elena Herráez, que ha paralizado la redacción de la sentencia sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y las otras 33 demandados, se refiere concretamente a una serie de artículos de la ley de amnistía, que considera "que podrían oponerse a la interpretación" que el propio tribunal europeo viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea. 

Lucha contra el fraude

El planteamiento de la propia consulta da a entender que la amnistía es contraria a la legislación europea en lo tocante a la “lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE”, al “principio de cooperación leal”, a los “principios de igualdad y de no discriminación” a los “principios de seguridad jurídica y confianza legítima” y al “principio del Estado de Derecho”.

Quiere que las partes se pronuncien sobre si amnistiar la responsabilidad contable es compatible con el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión (TFUE), el Reglamento relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y el Tratado de la Unión Europea. 

La consejera cuestiona si "podría entenderse incluida la protección contra la malversación en sentido amplio, y, en general, la lucha contra la corrupción, con independencia del origen o destino de los fondos defraudados", y apunta que las disposiciones de la ley podrían igualmente venir a lesionar a los intereses financieros de la Unión Europea". Ese extremo es considerado especialmente relevante dada la función del propio tribunal.

Análisis del lucro

Con todo ello, la justicia está poniendo en el foco la posibilidad de que la malversación que se pretende perdonar con la amnistía choque con los principios del derecho europeo. Los fiscales del 'procés' ya defendían que la amnistía no se puede aplicar a la malversación del 1-O, porque la propia ley impide hacerlo cuando hay lucro, que no debe entenderse únicamente como un enriquecimiento personal y tampoco cuando se ven afectados los intereses de la Unión Europea.

El freno a la amnistía por parte de jueces y fiscales -en espera de lo que pueda decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- tiene además consecuencias inmediatas, puesto que ello pasa por no aplicar de forma automática tampoco los condenados del 'procés'. De momento no se han tocado las penas de inhabilitación que siguen cumpliendo Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, ni se levantan las órdenes de detención que tienen pendientes los procesados en rebeldía, Carles Puigdemont, Lluís Puig, Toni Comín y Marta Rovira, aunque ella solo lo está procesada por desobediencia.

No firmarán

Por lo que se refiere a los fiscales del procés, también ha quedado claro que su postura no es la que defenderá oficialmente el Ministerio Público. El encuentro que mantuvieron dos de ellos con el fiscal general tras activarse la amnistía reflejó cierta sensación después de que García Ortiz les manifestara su desacuerdo con la postura que habían adelantado en un escrito informal el pasado día 30, ya que se oponen levantar las órdenes de detención y a aplicar la amnistía al delito de malversación agravada.

Desde cúpula de la Fiscalía se dará una orden en contra que los fiscales del procés exigirán que sea por escrito y no cumplirán. A partir de este momento, se activarán los mecanismos previstos en el Estatuto del Ministerio Fiscal para cuando se da un caso de que un fiscal o fiscales se oponen a las órdenes de sus superiores, si bien el camino marcado por Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena al dudar de que determinados delitos sean amnistiables en función de lo que dice el derecho europeo parece ser el mismo que emprenden por el momento algunos jueces.