TRIBUNALES
La Policía detiene al exjuez Presencia por no acudir a declarar a la Audiencia Nacional
Estaba citado para ser interrogado en calidad de investigado por utilizar la Asociación contra la Corrupción y la Defensa de la Acción Pública, que él mismo preside, para ganar dinero mediante aportaciones de personas que creían que luchaban contra la corrupción
Fernando Presencia, en una imagen de archivo.
La Policía ha detenido este miercoles por la tarde al exjuez Fernando Presencia por no presentarse tras ser citado como investigado en la Audiencia Nacional. De esta forma, los agentes cumplen la orden que dictó el instructor Joaquín Gadea, quien en un auto accedía a la petición de la Fiscalía, que había reclamado su arresto como presunto cabecilla de una organización criminal que recogía fondos de ciudadanos que pensaban que con ello luchaban contra la corrupción. Las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA apuntan que Presencia pasará este jueves a disposición judicial.
El magistrado, que acusa a Presencia de utilizar la Asociación contra la Corrupción y la Defensa de la Acción Pública (Acodap) para ganar dinero mediante aportaciones de personas que eran engañadas, acordó, también a petición de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, la prisión para otros tres imputados que sí comparecieron en la Audiencia Nacional, en concreto Santiago y Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa.
Los investigados Fernando Presencia, Alberto Royuela y su hijo Santiago Royuela, según el juez, desempeñaban un papel "esencial en la fabricación de las denuncias y documentos mendaces". Con ellos colaboraban los también investigados Juan Martínez Grasa, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga, que se encargaban de interponer denuncias.
Lucha contra la corrupción
Estas acciones legales, que el juez califica como meras "maquinaciones", se utilizaban como "un instrumento al servicio de un grupo de personas para la obtención de recursos con los que lucrarse, simulando que con ella se combatía contra la corrupción". Pero de forma contraria, la asociación se convirtió en "el medio corrupto" que utilizaron los dirigentes de Acodap y sus parientes para enriquecerse. Este es el caso, concluye el juez Gadea, de Presencia, quien "una vez separado de la carrera judicial carecía de ingreso alguno", por lo que la supuesta intención de actuar contra la corrupción no sería más que un "falso reclamo para atraer aportaciones y donaciones anónimas”.
El instructor, que recuerda que los hechos que se investigan son "graves", asegura que la actuación de la organización liderara por Presencia encajaría en los delitos de estafa agravada, apropiación indebida agravada, asociación ilícita y organización o grupo criminal. Según el juez, la investigación permite apuntar que “nos encontramos ante una organización o grupo criminal, integrado por los investigados, con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia, en cuyo vértice se encuentra Fernando Presencia, quien habría puesto en marcha una estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de los miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas”.
Citado como investigado
Gadea había citado este miércoles a Presencia para interrogarle en calidad de investigado. Al término del interrogatorio, el juez Gadea tenía intención de celebrar la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que las partes podían solicitar la adopción de medidas cautelares, entre otras el ingreso en prisión.
El instructor había constatado que pese a que la investigación sobre las actividades del exjuez Presencia se inició hace ya un año, los implicados habían seguido reiterando sus actividades presuntamente delictivas. En el auto de 23 de junio, Gadea recogía el contenido de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que evidencian "la falsedad de la trama delictiva", que se encargaba de atribuir cuentas corrientes en el extranjero a diferentes personalidades, muchos de ellos magistrados del Tribunal Supremo.
Alberto Royuela
El estudio de los metadatos de la documentación aprehendida por los agentes, proseguía la resolución, permitía comprobar que uno de los investigados, en concreto Alberto Royuela, era quién había elaborado los documentos sobre las cuentas bancarias.
En este sentido, la UCO señala en sus informes que el formato de los documentos aportados por la asociación de Presencia era el mismo "con independencia de la entidad bancaria que lo emite". En los mismos no se incluía "ni el sello de la entidad ni el email, número de teléfono o dirección postal". “El hallazgo de esta evidencia nos sitúa ante una plantilla o modelo en formato 'Word' creados para fabricar los documentos bancarios que se acompañan a las denuncias donde se imputa a diferentes personas la titularidad de depósitos en entidades bancarias situadas en paraísos fiscales”, prosigue la Guardia Civil.
En el auto en el que el juez Gadea citaba a Presencia como investigado, el instructor explicaba que la asociación Acodap “se presenta nítidamente como un artificio, un ardid o engaño creado para ganar dinero mediante aportaciones de personas que creen estar luchando contra la corrupción. Se trata, en consecuencia, de una asociación creada para delinquir”, razón por la cual acordó la suspensión cautelar de su actividad.
"Total impunidad"
El magistrado añadía que pese a los esfuerzos que se han hecho por frenar las actividades delictivos, la organización investigada ha seguido operando cada día “con total impunidad”. Después de un año de iniciado el procedimiento, “la mecánica criminal se encuentra plenamente operativa, sin que los reiterados intentos por impedir la comisión delictiva hayan dado sus frutos”, destacaba el instructor.
La UCO también advertía de que Presencia había creado de forma reciente un dominio en internet, que le servía para los mismos fines. Este nuevo dominio permite constatar, prosigue la Guardia Civil, la existencia de "un nuevo reclamo de aportaciones económicas", pues anunciaban que disponían de una cuenta corriente abierta en Lituania. "Los miembros de la organización siguen con la misma estrategia de publicación de denuncias falsas, entre ellas, las que se dirigen contra el presidente y otros magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”, completa Gadea.
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