El Gobierno español rechaza calificar como organizaciones terroristas a seis organizaciones de la sociedad civil palestina, dedicadas a la protección de la infancia o de los derechos de las mujeres o los presos en los territorios ocupados palestinos.
En octubre del año pasado, el entonces Gobierno de Benjamin Netanyahu declaró como terroristas a media docena de ONG palestinas. Decía que servían de apoyo y financiación para el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), un partido minoritario de izquierdas, que sí está en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Bruselas pidió explicaciones al Gobierno de Tel Aviv. El movimiento fue fuertemente criticado por organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.
Israel encarceló durante 10 meses a una cooperante española, Juana Ruiz Sánchez, acusada también de colaborar en la financiación del FPLP.
Este martes, el Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado en el que rechaza tal consideración. “Las acusaciones de terrorismo o vínculos con grupos terroristas deben tratarse siempre con el máximo rigor”, dice el Ministerio dirigido por José Manuel Albares.
Una decisión similar ha sido comunicada por Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Suecia.
Esas acusaciones han sido sometidas a “una extensa y cuidadosa evaluación”, pero no se ha recibido “información sustantiva de Israel que justifique revisar nuestra política hacia esas seis ONGs palestinas sobre la base de la decisión israelí de designarlas como 'organizaciones terroristas'”.
Las seis organizaciones son la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, Defensa Internacional de la Infancia, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros, el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la organización Al-Haq.
En ausencia de tales pruebas, prosigue el comunicado, España continuará con la cooperación “y fuerte apoyo a la sociedad civil en los Territorios Palestinos Ocupados”. “Una sociedad civil libre y fuerte es indispensable para promover los valores democráticos y la solución de los dos Estados”, concluye, aunque advierte de que si se facilitasen pruebas en contrario, Madrid actuará en consecuencia.