Usurpaban casas de personas fallecidas y las inscribían a su nombre en Gran Canaria

Seis acusados han admitido este miércoles en el juicio ante la Audiencia Provincial su participación en una trama inmobiliaria que intentó apropiarse de 12 viviendas de vecinos fallecidos en Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Telde. Las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad según el cual los colaboradores cumplirán penas que van de nueve meses a dos años y cuatro meses de cárcel por delitos de estafa y falsedad documental, mientras que la causa ha quedado sobreseída tanto para el presunto cabecilla de la trama, por un informe médico del Instituto de Medicina Legal, como para otro acusado, que falleció antes de la vista oral. 

Las acusaciones particulares y la Fiscalía han exigido aun así el cumplimiento por parte del principal encausado, Salvador P. B., de la responsabilidad civil solicitada. Esta asciende a 383.500 euros de indemnización a los legítimos dueños o herederos de los domicilios, una cuantía a la que se sumará, en ejecución de sentencia, lo correspondiente al perjuicio generado a otros cinco propietarios. La resolución judicial, ante la que no cabe recurso alguno, también incluye la anulación de una inscripción registral en favor de un acusado y la suspensión de eventuales inscripciones que pudieran producirse por el resto de las propiedades.

Reconocieron que tenían conocimiento de la ilegalidad de las operaciones de compraventa los acusados Imre V., Ivett C., Rafael B. B., Miguel C. H., Sebastián J. E. y Jose E. P. 

Beneficios económicos

Según los hechos que describe el Ministerio Público en su escrito de acusación, el cabecilla del grupo, que tiene antecedentes penales por estafa, desarrolló un plan asentado en las particularidades del sistema de registro de la propiedad y de la fe pública y se valió de la estrecha y necesaria colaboración del resto de los acusados para desarrollar las operaciones inmobiliarias, con las que obtuvo cuantiosos beneficios económicos.

La primera de ellas tuvo lugar en noviembre de 2005, cuando Salvador P. B. vendió a uno de los acusados una vivienda de la calle Inés Chemida de la capital que estaba registrada a nombre de otro vecino. Para ello, presentó un contrato falso de compraventa que supuestamente había contraído meses atrás con una persona que había comprado la vivienda a su legítima propietaria, la cual había fallecido tiempo atrás y su herencia estaba en situación de indiviso. El domicilio quedó registrado a nombre del encausado, tras un procedimiento judicial en el que ambos colaboraron para llevar a engaño al juez. 

El plan se asentaba en las particularidades del sistema de registro de la propiedad y de la fe pública

La segunda operación fue en febrero de 2006, cuando el cabecilla presentó una escritura de compraventa de un inmueble en la calle Saucillo, del que decía ser titular por herencia de su padre, a otro de los acusados. El inmueble, sin embargo, no accedió al registro de la propiedad y pertenece a los descendientes del anterior dueño.

En situaciones similares se produjeron otras 10 transacciones en la calle Falla de la capital, en dos inmuebles de Playa del Inglés, un solar de la calle Samaria, una vivienda de la calle Luján Pérez, un solar de la calle Osorio, dos fincas de Telde, un inmueble de la calle Faro y un solar de Telde.