ANDALUCIA
La Justicia andaluza no ve pruebas para imputar al exnúmero dos del PSOE-A por el 'caso Maracena'
El Tribunal Superior devuelve la causa al juzgado de instrucción y le pide que amplíe las diligencias de investigación sobre la detención ilegal de una concejal socialista porque "no hay indicios fundados"
Maracena
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado devolver la causa del secuestro de una edil en Maracena (Granada) al juzgado de instrucción para que amplíe la investigación y continúe con las diligencias. El Alto Tribunal considera que es "prematuro" remitir la causa al TSJA alegando "no se han agotado las necesarios diligencias de investigación” para hablar de los hechos atribuidos a Noel López, exnúmero dos del PSOE andaluz y diputado autonómico, con condición de aforado. El TSJA no incoa diligencias penales y asegura que "no hay indicios fundados" contra el exdirigente socialista, que fue señalado como inductor del secuestro, para devolver el caso al juzgado de instrucción de Granada.
Cuatro días antes de las elecciones del 28 de mayo, el juez instructor remitió el caso al TSJA pidiendo que a López se le tomara declaración como investigado como presunto inductor del secuestro. Además remitió también al Alto Tribunal a la dimitida alcaldesa de Maracena, Berta Linares, y al concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva, alegando que no quería dividir la causa y pidiendo al TSJA que los citara como investigados a los tres porque existían "indicios sobre su posible participación" en el secuestro. Ese escrito fue una bomba en la recta final de la campaña.
Dura crítica al instructor
El escrito del TSJA encierra una dura crítica al juez instructor, al que recuerda que deben existir "indicios fundados, que corroboren la verosímil participación o implicación (…) más allá de la simple sospecha o conjetura, evitándose imputaciones insidiosas o interesadas". Con esa premisa, advierte, debe continuar la investigación, que considera "extensa y minuciosa pero insuficiente" para considerar que López, que fue alcalde de Maracena durante 15 años, participó en los hechos como inductor del secuestro.
El PSOE andaluz ha advertido de que se reserva acciones legales por lo sucedido. algo que también estudian los propios afectados. En las elecciones municipales, los socialistas perdieron su mayoría absoluta en Maracena y el PP ha cerrado un pacto con otras tres formaciones para hacerse con el poder municipal el próximo sábado.
Faltan pruebas
El Alto Tribunal dictamina "no incoar diligencias" contra Noel López en la fase actual de la investigación y "sin perjuicio de que se pueda remitir nueva exposición razonada al TSJA una vez practicadas las diligencias necesarias". Señala en su escrito que las acusaciones se basan en la declaración del secuestrador y en las ubicaciones del resto de señalados, a través del rastreo de sus teléfonos móviles, "pero no han podido ser contrastada con sus versiones". Es lo que siempre han alegado tanto López como la alcaldesa y el concejal de Urbanismo, que nunca se les había llamado a declarar asegurando que estaban en una situación de indefensión.
El TSJA se pronuncia después de dos escritos seguidos sobre este asunto. La Fiscalía del Alto Tribunal envió un día antes, el 14 de junio, un escrito en el que pedía que la causa se devuelva al juzgado número 5 de Granada para que éste agotara la investigación respecto a las dos personas no aforadas, la alcaldesa y el concejal de Urbanismo. Pidió que se indagara sobre la reunión preparatoria que según el secuestrador tuvo lugar en una taberna de Maracena el pasado 25 de enero y también sobre los contactos posteriores a la liberación de la secuestrada entre la alcaldesa y el secuestrador así como entre Berta Linares, Noel López y Antonio García Leiva.
El juez de instrucción emitió también un escrito, también del 14 de junio, en el que insistía en que únicamente iba a investigar al secuestrador, entonces novio de la alcaldesa, Pedro Gómez, que permanece en prisión provisional como único acusado por la detención ilegal ocurrida el pasado 21 de febrero. Insistía el instructor en que debe ser el TSJA quien investigue a los políticos y respondía a una petición en ese sentido elevada por los tres afectados. Ahora ya el Alto Tribunal ha devuelto el caso a su sala y será el juzgado número 5 de Granada el que deba continuar con la instrucción.
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