Las grandes energéticas amenazan con frenar inversiones de hasta 30.000 millones si se prorroga el impuesto

A pocas horas de que el Congreso de los Diputados debata el proyecto de ley del impuesto mínimo global a las multinacionales, las grandes energéticas aúnan sus fuerzas contra la prórroga del impuesto sobre sus ventas durante un año más. En una acción conjunta sin precedentes, el Club Español de la Energía, lobi que incluye a las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y EDP), gasista (Naturgy) y petroleras (Repsol, Moeve --antes, Cepsa--, BP y TotalEnergies), amenaza con que estas empresas paralizarán sus inversiones valoradas en hasta 30.000 millones de euros para los próximos tres años si se mantiene el gravamen más allá del 31 de diciembre.

"Prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector energético dificultará la materialización de las inversiones que es necesario llevar a cabo, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años, así como el desarrollo y viabilidad económica y financiera de los proyectos", exponen las ocho compañías en un comunicado. Hasta ahora, la amenaza de frenar inversiones se había limitado a las grandes petroleras, que impulsadas por Repsol, amagaron con paralizar inversiones de hasta 16.000 millones, pero ahora se hace extensiva a todo el sector.

Incertidumbre política

En un giro de guion de última hora, después de que el Gobierno acordara con Junts que el impuesto a las energéticas decaería a finales de este año, en la madrugada de este martes el Ejecutivo anunció su compromiso con ERC, EH Bildu y BNG de prorrogar el citado impuesto durante un año más con la redacción de un nuevo real decreto para, así, salvar el proyecto de ley del impuesto mínimo global a las multinacionales y parte de su reforma fiscal.

Pero, acto seguido, también de madrugada, el Ministerio de Hacienda emitía un comunicado en el que afirmaba que en la prórroga de ese gravamen se excluirá a las empresas comprometidas con la descarbonización para respetar, así, su acuerdo previo con Junts.

La sensación en el seno de las compañías energéticas el martes era de "confusión" al no saber a qué atenerse, según reconocía el consejero delegado de Endesa, José Bogas, durante la presentación de su plan estratégico. No obstante, el dirigente confiaba en que su efecto se diluyese, o bien porque el nuevo real decreto no llegue a aprobarse por la falta de apoyo en el Congreso ante la negativa de Junts a esta tasa, o bien porque no les penalice al eximir a las compañías que inviertan en descarbonización.

Ofensiva final

Pero este miércoles las grandes empresas han decidido hacer piña para elevar la presión sobre el Ejecutivo. En un comunicado, el lobi que encabeza el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, advierte al Gobierno de que su hoja de ruta energética (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) supondría un incremento del 3,2% del PIB en 2030 y un aumento de 560.000 empleos para el mismo año, pero para ello "se requiere de un proceso inversor perdurable en el tiempo".

"Por ello, resulta fundamental evitar la incertidumbre, promoviendo un entorno favorable basado en procedimientos normativos adecuados, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria y fiscal para materializar los 308.000 millones de euros de inversiones estimadas, de las cuales, un 82% deben provenir del sector privado", defiende. "Nos encontramos en un contexto de competencia internacional de atracción de inversiones, por lo que, como han destacado los informes Letta y Draghi, es fundamental fomentar la competitividad, y establecer un clima de confianza y atractivo internacional para dirigir estos flujos de capital hacia nuestro país", añade.

A vueltas con la prórroga

El gravamen actual sobre las empresas energéticas, igual que el de la banca, se creó como una “prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria" a mediados de 2022, en plena crisis energética, para aplicarse de forma temporal sobre la actividad económica de 2022 y 2023 (para su liquidación en 2023 y 2024). Y con él se grava el 1,2% de los ingresos obtenidos en España por las compañías con una facturación superior a los 1.000 millones de euros en 2019.

En su acuerdo de Gobierno, PSOE y Sumar anunciaron su conversión en un impuesto permanente, al tiempo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sugería que ese nuevo gravamen eximiría a las inversiones en energía renovable; pero tras una enorme presión empresarial, liderada por Repsol, el Ministerio de Hacienda renunció a dicha tasa a finales de octubre tras un acuerdo con Junts. Hasta este martes, cuando ERC, EH Bildu y BNG lo resucitaron.