España cierra una semana negra en arbitrajes por renovables con una nueva condena de 33 millones

España ha recibido un nuevo golpe en su prolongada batalla legal contra los inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Esta vez, la compañía italiana Renergy ha logrado un fallo favorable en su disputa con el Estado español, después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, le reconociera en mayo de 2022 el derecho a una indemnización de 32,9 millones de euros. Renergy había reclamado inicialmente 152 millones de euros, alegando que la retirada de las primas comprometidas había provocado un daño significativo a sus inversiones.

Tras conocer el laudo, en septiembre de 2022, la Abogacía del Estado solicitó su anulación argumentando que el CIADI no tenía jurisdicción para resolver este tipo de disputas, dado que España consideraba que las empresas europeas no podían recurrir a arbitraje contra Estados miembros de la Unión Europea en el marco del Tratado de la Carta de la Energía. Sin embargo, la revisión del laudo, fechado el 14 de agosto, concluyó que el tribunal arbitral no se extralimitó en sus competencias, ya que España era parte del tratado cuando se aprobó y posteriormente se retiraron las primas renovables. Por tanto, los compromisos internacionales asumidos por España proporcionaban la cobertura legal necesaria para que las empresas afectadas, como Renergy, que en este caso ha estado defendida por Cuatrecasas, acudieran al CIADI en busca de justicia.

El caso de Renergy, que se remonta a 2014, ilustra el complejo y prolongado proceso al que se enfrentan los inversores que decidieron apostar por el sector energético en España marcado por los recortes de primas a las renovables que el Gobierno de Mariano Rajoy adoptó en 2013.

Ejecución en EEUU

Este nuevo revés llega en un momento especialmente delicado para España, apenas una semana después de que el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, emitiera una sentencia que confirmó la validez de tres laudos arbitrales adicionales por un total de 324 millones de euros. Estos laudos, relacionados con los casos de las empresas NextEra, 9REN y AES (ahora en manos del fondo Blasket), condenan a España a indemnizar a estas compañías por los daños sufridos a raíz de los recortes a las renovables. El tribunal estadounidense no solo desestimó la reclamación de inmunidad soberana presentada por el Estado español, sino que además allanó el camino para que las empresas ejecuten los laudos mediante el embargo de bienes comerciales de España en Estados Unidos. No obstante, España, en este mismo proceso, ha conseguido una victoria menor, que puede acabar siendo trascendente, al permitir que pueda seguir litigando para evitar el pago.

Estos laudos fueron emitidos por el CIADI y por un tribunal suizo bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Sin embargo, aunque la decisión refuerza la capacidad de los tribunales norteamericanos para ejecutar estos laudos, el tribunal también ha anulado una medida cautelar que impedía a España solicitar protección judicial en otros países, lo que representa una victoria menor pero potencialmente significativa para el Estado español.

La Abogacía del Estado, que representa a España en estos litigios, ha esgrimido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en los casos Komstroy y Achmea, los cuales establecen que los arbitrajes intra-UE no son válidos bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía. Este argumento ha sido un pilar central en la estrategia de defensa de España, que ha logrado evitar hasta ahora el desembolso de las cuantiosas indemnizaciones impuestas por los laudos arbitrales.

A pesar de la decisión del Tribunal de Apelaciones, que rechaza la inmunidad soberana de España bajo el argumento de que al ratificar un convenio de arbitraje como el del CIADI se renuncia implícitamente a dicha inmunidad, los jueces han dejado abierta la posibilidad de que el litigio continúe en otros frentes. La corte se ha pronunciado únicamente sobre la jurisdicción y la inmunidad, sin entrar en la cuestión de la ejecutabilidad final de los laudos, lo que deja espacio para que España siga defendiendo su posición en otros tribunales internacionales.

Este fallo judicial ha supuesto una mezcla de éxito y derrota para ambas partes. Mientras que los inversores han visto ratificada la competencia de los tribunales estadounidenses para ejecutar los laudos, la anulación de la medida cautelar que prohibía a España litigar en tribunales de otros países es un desarrollo crucial. Esta decisión abre la puerta para que España continúe buscando medidas cautelares en Europa que puedan bloquear la ejecución de los laudos, en particular en países como Países Bajos y Luxemburgo, donde están registrados algunos de los fondos demandantes.

La estrategia de España ha sido litigar incesantemente para evitar el pago de las indemnizaciones, una táctica que hasta ahora ha conseguido frenar buena parte de los intentos de ejecución. No obstante, los acreedores no han cesado en sus esfuerzos por cobrar, y en algunos casos han logrado medidas judiciales en otras jurisdicciones. Por ejemplo, en el Reino Unido, NextEra obtuvo un embargo preventivo sobre el derecho de usufructo de Aena en el aeropuerto de Luton, mientras que Blasket logró embargos sobre transferencias a Enaire, la entidad pública española de navegación aérea.

Estas victorias legales de los inversores en diferentes jurisdicciones España se enfrenta a una presión creciente para resolver estos conflictos sin tener que desembolsar las cuantiosas sumas reclamadas. A pesar de que España ha ganado algunas batallas en el frente judicial europeo, como la anulación de tres laudos iniciales y la retirada de demandas por parte de algunos inversores a cambio de una oferta de rentabilidad garantizada hasta 2031, la situación sigue siendo tensa y la factura potencial aún ronda los 1.500 millones de euros.

De hecho, desde el Gobierno se recuerda que ya se dio en 2019 la posibilidad a los inversores con pleitos internacionales abiertos de a una rentabilidad garantizada mayor para sus plantas renovables a cambio de renunciar a continuar con los arbitrajes, y muchos lo hicieron. “Quienes no, quienes optaron por seguir adelante están en su derecho, como también el Reino de España está en su derecho de agotar todas las vías de defensa y ser escrupuloso con el cumplimiento de la legislación europea, que considera que no cabe transigir en un aspecto que ya ha sido calificado como ayuda de Estado”, indican fuentes gubernamentales. “Se trata de un litigio heredado de la época de Rajoy y el Gobierno de Pedro Sánchez ha venido defendiendo los intereses de España y de los españoles y así lo seguirá haciendo”.

Embargos por todo el mundo

La lucha del Gobierno español por revocar los laudos dictados por tribunales como el CIADI, órgano dependiente del Banco Mundial, ha llevado a la activación de complejos procedimientos de ejecución que han resultado en el embargo de diversos bienes y activos propiedad de España como el que ahora se enfrenta en Bélgica. De esta manera, los tribunales británicos ya han reconocido la existencia de estas deudas y han autorizado el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, inmueble valorado en unos 6 millones de euros; la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, cuyo valor de mercado se acerca a los 4 millones; el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, la propiedad más grande en Londres, valorada en torno a unos 15 millones; cuatro cuentas bancarias en Reino Unido que suman 800.000 euros y, sobre todo, el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 850 millones de euros aunque el pedido de embargo plantea la intervención de aproximadamente 100 millones.

Asimismo, hace escasas semanas, varios acreedores encabezados por el fondo Blasket han enviado al Gobierno español una notificación prejudicial como paso previo necesario para la próxima puesta en marcha de un procedimiento legal formal para ejecutar y hacerse un bono de deuda español valorado en 237 millones de euros.

Oferta al Gobierno

En mayo, los inversores presentaron al Gobierno una propuesta para resolver los laudos que España se niega a pagar o intenta anular. La propuesta, apoyada por varios bufetes internacionales que representan al 80% de las empresas afectadas, consistía en que los acreedores aceptarían el pago de las indemnizaciones pendientes, que suman 1.562 millones de euros, y se comprometían a reinvertir esos fondos en España. Sin embargo, el sector energético cree que la amenaza de Blasket de ejecutar progresivamente bonos de deuda pública española es una estrategia para presionar al Gobierno a negociar. La propuesta es complicada de implementar, ya que el Gobierno tendría que negociar individualmente cada caso y justificar legalmente el pago a algunos inversores y no a otros. Además, muchas de las empresas energéticas involucradas han cedido sus derechos de cobro a fondos especializados, lo que hace improbable que esas indemnizaciones se reinviertan en proyectos renovables en España.